¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19°
29 de Marzo,  Jujuy, Argentina
PUBLICIDAD

Alberto se sumergió en un complejo laberinto

Domingo, 14 de junio de 2020 01:00

La inesperada intervención de la cerealera Vicentin le aportó un problema innecesario al Presidente en el peor momento de la pandemia. La medida fue claramente inoportuna, mal comunicada y generó un ruido estruendoso en toda la economía nacional. Podrá discutirse si la expropiación será legal o no, pero que el Estado se haga cargo de una empresa gigante y súper endeudada antes de cerrar un acuerdo con los acreedores atenta directamente contra la estrategia del país. ¿Hay plata para estatizar una compañía y no para mejorar la oferta para reestructurar la deuda? Hay varios fondos de inversión que ya se contactaron con sus departamentos jurídicos para que exploren un endurecimiento de su postura ante el ministro Martín Guzmán. Las consecuencias de esa polémica decisión recién están empezando a florecer, pero todavía se desconoce hasta dónde pueden llegar, que es lo más preocupante. 
Si bien es cierto que la intervención es una política más ligada a la pospandemia que a la pandemia, también lo es que no hay medida más efectiva para lo que viene en la Argentina que la generación de empleo privado, y para eso se necesitan inversiones. El anuncio, claro está, no genera el mejor clima para que esa situación sea incentivada. 
Es evidente que la eventual expropiación no cuenta con unanimidad en la alianza gobernante, en donde la división entre cristinismo y albertismo comienza a profundizarse peligrosamente ante los ojos de la opinión pública. La instalación de un Gobierno bifronte está limando lenta pero persistentemente la autoridad del Presidente, quien aún goza de niveles altísimos de aprobación en las encuestas. 
Alberto Fernández presentó la medida como un acto de “soberanía alimentaria” sin explicar en ningún momento qué es lo que se quiere decir con eso. ¿Habrá productos más baratos en las góndolas? ¿Crecerán las exportaciones agropecuarias? ¿Habrá un incentivo a liquidar más rápidamente los dólares? ¿Se les garantizará la comida a todas las personas que hoy no la tienen? ¿La expropiación servirá para controlar el mercado cambiario y evitar subas en el precio de los alimentos? Preguntas, preguntas y más preguntas.
Lo cierto es que las acciones de las empresas argentinas comenzaron a perder valor en la bolsa ante el temor de que esta pueda ser sólo la primera avanzada del Gobierno, y no la última, sobre la propiedad privada en el país. En ese contexto, un poderoso hombre de negocios que pidió reserva de su identidad le dijo ayer a El Tribuno que “la preocupación de los empresarios tiene más un tinte político que financiero”. “Hay un convencimiento generalizado en el mundo de los negocios de que esta intervención y expropiación es obra directa de la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Lo que realmente asusta a los empresarios es que la postura estatista de La Cámpora comience a dominar las decisiones económicas más importantes del país”, agregó el informante. En la city porteña no pasó para nada desapercibido que el anuncio de Alberto se haya realizado con la compañía de la senadora Anabel Fernández Sagasti, la mano derecha de Cristina en la Cámara alta. Tanto fue el revuelo que se armó que el propio jefe de Estado tuvo que salir a decir que la decisión fue tomada por él. Que un Presidente tenga que explicar que maneja el país, como lo corresponde constitucionalmente, es más un signo de debilidad que de fortaleza. 
Ocurre que pocos días antes del anuncio hubo una importante reunión entre el jefe de Estado y los empresarios más importantes en donde se les habría asegurado que el Gobierno no barajaba ningún tipo de intervención en las compañías que se hayan adherido al pago de sueldos parcial que prevé el programa ATP. ¿A qué se debió esa aclaración, que parecería obvia? Al proyecto de ley creado por la ultracristinista Fernanda Vallejos para que el Estado se meta en las empresas asistidas por el Palacio de Hacienda. Cabe aclarar que la desmentida presidencial se dio varias semanas después de que la iniciativa haya salido a la luz en los medios de comunicación y haya generado revuelo en el mundo de los negocios.
La comunicación del Gobierno es otro de los temas en los que el Presidente está mostrando problemas seguido. Ocurrió cuando se olvidó de decir cuál era la nueva fecha del aislamiento, también con las placas erróneas del Ministerio de Salud y ahora con Vicentin. Inicialmente se habló de una intervención y posterior expropiación, luego el gobernador santafesino Omar Perotti señaló que el jefe de Estado evaluaría “alternativas superadoras” a la expropiación y un día después el propio Alberto ratificó que la expropiación era el camino más viable. Lo sorprendente, como muchas veces ocurre en la Argentina, es que la reunión entre el Gobierno y el CEO de la empresa se haya concretado un día después del anuncio oficial. Según la conducción de la compañía, se enteraron “por los medios”. 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La inesperada intervención de la cerealera Vicentin le aportó un problema innecesario al Presidente en el peor momento de la pandemia. La medida fue claramente inoportuna, mal comunicada y generó un ruido estruendoso en toda la economía nacional. Podrá discutirse si la expropiación será legal o no, pero que el Estado se haga cargo de una empresa gigante y súper endeudada antes de cerrar un acuerdo con los acreedores atenta directamente contra la estrategia del país. ¿Hay plata para estatizar una compañía y no para mejorar la oferta para reestructurar la deuda? Hay varios fondos de inversión que ya se contactaron con sus departamentos jurídicos para que exploren un endurecimiento de su postura ante el ministro Martín Guzmán. Las consecuencias de esa polémica decisión recién están empezando a florecer, pero todavía se desconoce hasta dónde pueden llegar, que es lo más preocupante. 
Si bien es cierto que la intervención es una política más ligada a la pospandemia que a la pandemia, también lo es que no hay medida más efectiva para lo que viene en la Argentina que la generación de empleo privado, y para eso se necesitan inversiones. El anuncio, claro está, no genera el mejor clima para que esa situación sea incentivada. 
Es evidente que la eventual expropiación no cuenta con unanimidad en la alianza gobernante, en donde la división entre cristinismo y albertismo comienza a profundizarse peligrosamente ante los ojos de la opinión pública. La instalación de un Gobierno bifronte está limando lenta pero persistentemente la autoridad del Presidente, quien aún goza de niveles altísimos de aprobación en las encuestas. 
Alberto Fernández presentó la medida como un acto de “soberanía alimentaria” sin explicar en ningún momento qué es lo que se quiere decir con eso. ¿Habrá productos más baratos en las góndolas? ¿Crecerán las exportaciones agropecuarias? ¿Habrá un incentivo a liquidar más rápidamente los dólares? ¿Se les garantizará la comida a todas las personas que hoy no la tienen? ¿La expropiación servirá para controlar el mercado cambiario y evitar subas en el precio de los alimentos? Preguntas, preguntas y más preguntas.
Lo cierto es que las acciones de las empresas argentinas comenzaron a perder valor en la bolsa ante el temor de que esta pueda ser sólo la primera avanzada del Gobierno, y no la última, sobre la propiedad privada en el país. En ese contexto, un poderoso hombre de negocios que pidió reserva de su identidad le dijo ayer a El Tribuno que “la preocupación de los empresarios tiene más un tinte político que financiero”. “Hay un convencimiento generalizado en el mundo de los negocios de que esta intervención y expropiación es obra directa de la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Lo que realmente asusta a los empresarios es que la postura estatista de La Cámpora comience a dominar las decisiones económicas más importantes del país”, agregó el informante. En la city porteña no pasó para nada desapercibido que el anuncio de Alberto se haya realizado con la compañía de la senadora Anabel Fernández Sagasti, la mano derecha de Cristina en la Cámara alta. Tanto fue el revuelo que se armó que el propio jefe de Estado tuvo que salir a decir que la decisión fue tomada por él. Que un Presidente tenga que explicar que maneja el país, como lo corresponde constitucionalmente, es más un signo de debilidad que de fortaleza. 
Ocurre que pocos días antes del anuncio hubo una importante reunión entre el jefe de Estado y los empresarios más importantes en donde se les habría asegurado que el Gobierno no barajaba ningún tipo de intervención en las compañías que se hayan adherido al pago de sueldos parcial que prevé el programa ATP. ¿A qué se debió esa aclaración, que parecería obvia? Al proyecto de ley creado por la ultracristinista Fernanda Vallejos para que el Estado se meta en las empresas asistidas por el Palacio de Hacienda. Cabe aclarar que la desmentida presidencial se dio varias semanas después de que la iniciativa haya salido a la luz en los medios de comunicación y haya generado revuelo en el mundo de los negocios.
La comunicación del Gobierno es otro de los temas en los que el Presidente está mostrando problemas seguido. Ocurrió cuando se olvidó de decir cuál era la nueva fecha del aislamiento, también con las placas erróneas del Ministerio de Salud y ahora con Vicentin. Inicialmente se habló de una intervención y posterior expropiación, luego el gobernador santafesino Omar Perotti señaló que el jefe de Estado evaluaría “alternativas superadoras” a la expropiación y un día después el propio Alberto ratificó que la expropiación era el camino más viable. Lo sorprendente, como muchas veces ocurre en la Argentina, es que la reunión entre el Gobierno y el CEO de la empresa se haya concretado un día después del anuncio oficial. Según la conducción de la compañía, se enteraron “por los medios”. 

Falta de tacto

La delicada situación que se vivió anteayer en La Rioja, en donde el ministro Daniel Arroyo terminó aislado de la comitiva presidencial por ser un caso sospechoso de coronavirus -el hisopado finalmente le dio negativo-, encendió todas las alarmas en el Gobierno. Increíblemente, funcionarios que venían de Buenos Aires en el pico de contagios de la pandemia se trasladaron a provincias en las que la situación epidemiológica está mucho más controlada. ¿Había necesidad de esos viajes que empezó a hacer el Presidente por distintas provincias del país para inaugurar obras? ¿No se podía hacer por Zoom como hacen los alumnos, trabajadores o legisladores? ¿Con qué autoridad el Gobierno puede seguir restringiendo las libertades individuales mientras rompe la propia ochentena que él mismo anunció? Una alta fuente de la Casa Rosada indicó ayer a El Tribuno que “lo más probable es que los viajes a las provincias se hagan más espaciados y con más precauciones”. Suena lógico, aunque esa decisión debió haberse tomado antes de visitar Formosa, Tucumán, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero y Neuquén.