El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, firmó ayer el decreto 702 que ordena cerrar las fronteras de la provincia -una de las más afectadas por el coronavirus-, y dispone, en cuatro localidades, el cese de todas las actividades no esenciales, inclusive la venta de combustible, que se expenderá solo para posibilitar las tareas de seguridad y salud, informó la gobernación.
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El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, firmó ayer el decreto 702 que ordena cerrar las fronteras de la provincia -una de las más afectadas por el coronavirus-, y dispone, en cuatro localidades, el cese de todas las actividades no esenciales, inclusive la venta de combustible, que se expenderá solo para posibilitar las tareas de seguridad y salud, informó la gobernación.
Aunque la medida de limitar las actividades comerciales rige solo para las cuatro localidades más afectadas por la pandemia, el Gobierno provincial pidió al resto de los municipios que se sumen a extremar el aislamiento.
En principio, las localidades afectadas son la capital, Resistencia, junto con Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, todas dentro del departamento de San Fernando, el único donde se mantiene la circulación viral.
Chaco registra 1.326 casos de Covid-19 y 72 muertos. En las últimas horas el Gobierno chaqueño informó que la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, "manifestaron síntomas compatibles con Covid-19, se realizaron el hisopado y dieron positivo".
Ayer, el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, anunció estas nuevas medidas que abarcan el asueto administrativo hasta el viernes para el personal estatal que no cumpla tareas esenciales y la obligación de renovar el permiso de circulación.
De acuerdo con lo anunciado por el ministro en una conferencia vía Facebook, solo podrán adquirir combustible los móviles dedicados a la salud y la seguridad, mientras que los únicos comercios que permanecerán abiertos son los de provisión de alimentos y farmacias.
Según explicó Chapo, estas medidas continuarán hasta el 21 de junio, cuando vuelva a evaluarse la situación de Covid-19 en la provincia.
Aunque las medidas rigen para los municipios afectados, el ministro de Gobierno pidió a "las intendentas y los intendentes que también puedan acompañar estas medidas y puedan cerrar al máximo la circulación dentro de sus municipios".
“Adultos mayores no deben ser discriminados por ser grupo vulnerable”
“Que los adultos mayores requieran una protección especial por ser uno de los grupos más vulnerables frente al Covid-19 no debe significar discriminarlos ni recortar sus vinculaciones afectivas”, aseguró el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner, al conmemorarse ayer el “Día Mundial de toma de conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez”. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 15 de junio en conmemoración de ese día, por eso desde la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, junto con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp)-Pami, lanzaron la 9º Campaña Nacional de Buen trato, que tiene por objetivo promover acciones en favor del respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores de todo el país.
“Es el noveno año de la campaña, que busca sensibilizar a la población teniendo en cuenta que Naciones Unidas definió la necesidad de mostrar que la violencia hacia los adultos mayores es un problema relevante y que está invisibilizado”, explicó Lerner. “La gerontología de antes tenía un enfoque asistencialista y solo se preocupaba por las cuestiones de la salud física y condiciones materiales. Ahora se trata de visibilizar la discriminación que existe y reconocer a los adultos mayores como sujetos plenos de derecho, reconociendo sus necesidades y sus propias manifestaciones”, agregó.
El desafío de la movilidad
Subsidios para compra y arreglo de bicicletas, patinetas eléctricas, autos compartidos, transporte particular, más bicisendas y espacio para peatones son algunas de las iniciativas que estudian los expertos para aplicar en el desconfinamiento y que podrían condicionar el futuro del transporte de pasajeros en la era poscoronavirus. “Covid es una invitación a revaluar la movilidad de nuestras ciudades en aras de mayor equidad y sostenibilidad, ya que los transportes públicos tal y como los conocemos obligan a viajar a muchas personas en espacios relativamente reducidos, una práctica de riesgo en estos tiempos de coronavirus”, advierte Daniel Rodríguez, director del Instituto de Transporte de la Universidad de Berkeley (California, EEUU), y uno de los mayores expertos en la materia de la región. Rodríguez -quien recientemente participó de una charla virtual organizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella- explicó “que la pandemia encuentra a la región con problemas que ya veníamos arrastrando, como el tema del financiamiento del transporte público, su envejecimiento por falta de mantenimiento y la necesidad de expansión para competir con el transporte privado”.
Y otro gran reto se relaciona con “los costos que el automóvil privado estaba llevando a la población, en polución y congestión”, indicó. “En esta situación estábamos - explica el profesor- cuando nos sorprende la pandemia y su recomendación de quedarse en casa con la consecuente disminución del uso del transporte público, con un 35% y 40% de ocupación en muchas ciudades, lo que provocó un aumento del déficit”. Otro aspecto que destacó Rodríguez a tener en cuenta fue que “la disminución del transporte provocó un cambio ambiental. Menos transporte, menos polución, casos como Bogotá y Lima que registraron una disminución de la polución del 80%”.