Con casi cincuenta y ocho mil casos confirmados, más de mil doscientos muertos y una caída económica que superaría el catorce por ciento anual, Argentina se encamina hacia un peligroso cuello de botella en el manejo de la pandemia. Según todas las encuestas, el humor de la gente a cien días de la cuarentena está evidenciando un hartazgo creciente y la economía sólo muestra signos de derrumbe en todas sus facetas. A eso hay que sumarle un dato que genera preocupación en los principales dirigentes políticos del país, y que podría agravarse si no aparecen soluciones de fondo en el corto plazo: en junio, todos los gobernantes y líderes partidarios sufrieron una disminución en su imagen positiva, y nada hace prever que eso pueda revertirse si no se toman decisiones distintas a las actuales. El mazazo de la opinión pública no distingue oficialismo ni oposición, el descontento social es transversal a las ideologías en la Argentina. ¿Cómo está la imagen de Alberto Fernández en particular? Cerca del 61 por ciento de aprobación, una cifra alta pero muy lejana al 80 por ciento del inicio de la pandemia.
Es evidente que la sociedad comienza a reclamarle a sus representantes una mayor creatividad para afrontar la tragedia del Covid-19, cosa que no pudo lograrse en tres meses y medio de parálisis general y con un Congreso funcionando con respirador artificial. Aún así, el Gobierno nacional no tuvo otra opción que endurecer el aislamiento para evitar un desborde en el sistema de salud, que ya se encuentra en un cincuenta y cuatro por ciento de ocupación en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La magnitud real de la pandemia en Argentina aún es desconocida. El crecimiento exponencial en la curva de contagios ocurre pese a los pocos testeos que se realizan y también a la lenta información que llega desde las provincias hacia el reporte nacional. Mientras en Jujuy habían 69 casos, el ministerio de Salud de la Nación sólo reportaba 45. En Salta sucedió algo similar: los infectados en la provincia sumaban 31 y Nación sólo contabilizaba 22. Altas fuentes de la cartera que conduce Ginés González García explicaron a El Tribuno que “todos los casos son registrados, aunque muchas veces tienen algún retraso en los partes”. Más allá de eso, es indudable el éxito sanitario que tuvo la primera etapa del aislamiento en Argentina.
Los politólogos afirman que no hay peor medida que la que no se puede cumplir, y el aislamiento en las zonas más postergadas del país hace rato que ya no se respeta. En esos lugares debe haber una presencia del Estado mucho mayor para llegar con asistencia social de la que hay actualmente. Dejar de trabajar es para muchos argentinos que viven del día a día una condena a muerte.
¿Hasta cuándo podrá mantenerse esta estrategia de abrir y cerrar actividades sin poner en riesgo la continuidad laboral de millones de personas? La respuesta es incierta, ya que ningún infectólogo se anima ahora a pronosticar cuándo será el pico de la enfermedad, que ya acumula más de 2.600 infectados por día. Hay que destacar que esta potestad de avanzar y retroceder permanentemente en las fases no es sólo del Gobierno nacional, sino también de muchos gobernadores. Hay localidades del país con un solo caso que debieron paralizar toda su actividad comercial por catorce días. Un poco mucho, ¿no?
La mayoría de los argentinos aún sigue creyendo que la cuarentena es la forma más eficiente de hacerle frente a la pandemia, pero ese número se está haciendo cada vez más reducido, ya que más del 38 por ciento de la sociedad considera que la cuarentena no debería extenderse hasta fines del mes próximo. Un mes atrás, ese número apenas sobrepasaba el 35 por ciento.
“El Presidente conoce esas estadísticas y obviamente que no son del todo favorables, pero en este momento no podemos hacer otra cosa que maniobrar la emergencia y cuidar a nuestra población: acá no hay soluciones mágicas”, señaló ayer a El Tribuno un alto colaborador de Alberto Fernández, que pidió reserva de su identidad.
En la Quinta de Olivos trabajan en iniciativas que excedan a la pandemia para mostrar una gestión activa en todos sus frentes, pero el problema radica en la falta de fondos para poner esos planes en marcha. La obra pública sigue frenada, la negociación de la deuda se mantiene estancada, las paritarias están suspendidas y la recomposición de los ingresos de los jubilados continúa demorada. A medida que pasan los días de cuarentena, el margen de acción del Gobierno empieza a limitarse exclusivamente al pago del IFE y a la asistencia a algunas empresas en el pago de salarios. Demasiado poco para semejante terremoto económico y productivo.
El tema del IFE merece un párrafo aparte, ya que la mayoría de las provincias del país dejarán de percibir esos diez mil pesos por mes. La cifra es exigua, de eso no hay dudas, pero un importante número de familias estuvo contando con ese ingreso como soporte ante la caída de sus recursos. Pensar que los 167 mil jujeños que cobraran el subsidio dejaron de necesitarlo es no conocer la realidad. En el interior las economías fueron abriendo sus puertas, pero las restricciones en la circulación y los protocolos de bioseguridad generaron una baja del consumo sin precedentes.
El Presidente no dijo qué políticas asistenciales tiene previstas para que los pocos sectores que pueden ganar algunos pesos con sus comercios no se vayan al tacho. Las pymes ven a la reducción del IFE como un nuevo golpe para ellas, ya que afectará directamente el poder de compra de los ciudadanos, que ya estaba resentido por la falta de pago del aguinaldo en la mayoría de los trabajadores.
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Con casi cincuenta y ocho mil casos confirmados, más de mil doscientos muertos y una caída económica que superaría el catorce por ciento anual, Argentina se encamina hacia un peligroso cuello de botella en el manejo de la pandemia. Según todas las encuestas, el humor de la gente a cien días de la cuarentena está evidenciando un hartazgo creciente y la economía sólo muestra signos de derrumbe en todas sus facetas. A eso hay que sumarle un dato que genera preocupación en los principales dirigentes políticos del país, y que podría agravarse si no aparecen soluciones de fondo en el corto plazo: en junio, todos los gobernantes y líderes partidarios sufrieron una disminución en su imagen positiva, y nada hace prever que eso pueda revertirse si no se toman decisiones distintas a las actuales. El mazazo de la opinión pública no distingue oficialismo ni oposición, el descontento social es transversal a las ideologías en la Argentina. ¿Cómo está la imagen de Alberto Fernández en particular? Cerca del 61 por ciento de aprobación, una cifra alta pero muy lejana al 80 por ciento del inicio de la pandemia.
Es evidente que la sociedad comienza a reclamarle a sus representantes una mayor creatividad para afrontar la tragedia del Covid-19, cosa que no pudo lograrse en tres meses y medio de parálisis general y con un Congreso funcionando con respirador artificial. Aún así, el Gobierno nacional no tuvo otra opción que endurecer el aislamiento para evitar un desborde en el sistema de salud, que ya se encuentra en un cincuenta y cuatro por ciento de ocupación en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La magnitud real de la pandemia en Argentina aún es desconocida. El crecimiento exponencial en la curva de contagios ocurre pese a los pocos testeos que se realizan y también a la lenta información que llega desde las provincias hacia el reporte nacional. Mientras en Jujuy habían 69 casos, el ministerio de Salud de la Nación sólo reportaba 45. En Salta sucedió algo similar: los infectados en la provincia sumaban 31 y Nación sólo contabilizaba 22. Altas fuentes de la cartera que conduce Ginés González García explicaron a El Tribuno que “todos los casos son registrados, aunque muchas veces tienen algún retraso en los partes”. Más allá de eso, es indudable el éxito sanitario que tuvo la primera etapa del aislamiento en Argentina.
Los politólogos afirman que no hay peor medida que la que no se puede cumplir, y el aislamiento en las zonas más postergadas del país hace rato que ya no se respeta. En esos lugares debe haber una presencia del Estado mucho mayor para llegar con asistencia social de la que hay actualmente. Dejar de trabajar es para muchos argentinos que viven del día a día una condena a muerte.
¿Hasta cuándo podrá mantenerse esta estrategia de abrir y cerrar actividades sin poner en riesgo la continuidad laboral de millones de personas? La respuesta es incierta, ya que ningún infectólogo se anima ahora a pronosticar cuándo será el pico de la enfermedad, que ya acumula más de 2.600 infectados por día. Hay que destacar que esta potestad de avanzar y retroceder permanentemente en las fases no es sólo del Gobierno nacional, sino también de muchos gobernadores. Hay localidades del país con un solo caso que debieron paralizar toda su actividad comercial por catorce días. Un poco mucho, ¿no?
La mayoría de los argentinos aún sigue creyendo que la cuarentena es la forma más eficiente de hacerle frente a la pandemia, pero ese número se está haciendo cada vez más reducido, ya que más del 38 por ciento de la sociedad considera que la cuarentena no debería extenderse hasta fines del mes próximo. Un mes atrás, ese número apenas sobrepasaba el 35 por ciento.
“El Presidente conoce esas estadísticas y obviamente que no son del todo favorables, pero en este momento no podemos hacer otra cosa que maniobrar la emergencia y cuidar a nuestra población: acá no hay soluciones mágicas”, señaló ayer a El Tribuno un alto colaborador de Alberto Fernández, que pidió reserva de su identidad.
En la Quinta de Olivos trabajan en iniciativas que excedan a la pandemia para mostrar una gestión activa en todos sus frentes, pero el problema radica en la falta de fondos para poner esos planes en marcha. La obra pública sigue frenada, la negociación de la deuda se mantiene estancada, las paritarias están suspendidas y la recomposición de los ingresos de los jubilados continúa demorada. A medida que pasan los días de cuarentena, el margen de acción del Gobierno empieza a limitarse exclusivamente al pago del IFE y a la asistencia a algunas empresas en el pago de salarios. Demasiado poco para semejante terremoto económico y productivo.
El tema del IFE merece un párrafo aparte, ya que la mayoría de las provincias del país dejarán de percibir esos diez mil pesos por mes. La cifra es exigua, de eso no hay dudas, pero un importante número de familias estuvo contando con ese ingreso como soporte ante la caída de sus recursos. Pensar que los 167 mil jujeños que cobraran el subsidio dejaron de necesitarlo es no conocer la realidad. En el interior las economías fueron abriendo sus puertas, pero las restricciones en la circulación y los protocolos de bioseguridad generaron una baja del consumo sin precedentes.
El Presidente no dijo qué políticas asistenciales tiene previstas para que los pocos sectores que pueden ganar algunos pesos con sus comercios no se vayan al tacho. Las pymes ven a la reducción del IFE como un nuevo golpe para ellas, ya que afectará directamente el poder de compra de los ciudadanos, que ya estaba resentido por la falta de pago del aguinaldo en la mayoría de los trabajadores.