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Suben multas a transportistas que incumplan normas por Covid-19

Irán de los 40 mil a un millón de pesos, más accesorias de arresto e inhabilitación.

Jueves, 04 de junio de 2020 01:02

Se formalizó por decreto la ampliación del régimen sancionatorio excepcional a todo transportista jujeño o proveniente de otras provincias, y a toda persona jurídica, cualquiera sea su forma, que realice transporte de carga y/o mercadería y/o pasajeros, que transgreda cualquier disposición emanada del Ejecutivo jujeño y/o del Comité Operativo de Emergencia, en el marco de la emergencia por el coronavirus.

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Se formalizó por decreto la ampliación del régimen sancionatorio excepcional a todo transportista jujeño o proveniente de otras provincias, y a toda persona jurídica, cualquiera sea su forma, que realice transporte de carga y/o mercadería y/o pasajeros, que transgreda cualquier disposición emanada del Ejecutivo jujeño y/o del Comité Operativo de Emergencia, en el marco de la emergencia por el coronavirus.

 

El gobernador había adelantado endurecer sanciones a empresas y transportistas luego del caso del camionero de Fraile Pintado.

 

Es así que el Gobierno provincial estableció multas de $40.000 hasta $1.000.000 más accesoria de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el título 4º del Código Penal y del Código Contravencional.

Asimismo, ratificó en todos sus términos la Resolución del COE que versa sobre el régimen de bioseguridad a cumplir por los trabajadores transportistas y las obligaciones que les caben a las empresas del rubro.

Ante la obligatoriedad de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio por parte de transportistas de carga o mercadería o pasajeros, el Gobierno jujeño afrontará el costo emergente de la estadía y determinará conjuntamente con el COE el lugar para cumplir el mismo por el tiempo requerido.

También estableció que podrá realizarse el test PCR al transportista a partir del cuarto día de cumplido el aislamiento social, preventivo y obligatorio, debiendo afrontar la empresa el 50% del costo y la otra mitad el Estado provincial.

Finalmente, impuso a las empresas y trabajadores la obligación de cumplir de manera estricta los protocolos de higiene y bioseguridad impuestos por el COE.