Salta: confirman que se cavarán fosas comunes

La Municipalidad de la capital salteña confirmó ayer que se dio la orden de cavar parcelas en los cementerios.

 

"Dios no quiera, pero hay que prever parcelas para haya lugar disponible", expresó el secretario municipal Aroldo Tonini.

 

La información oficial llegó el día después de que la intendenta Bettina Romero se refiriera a que casos sin nexo epidemiológico conocido sugieren que en Salta hay circulación comunitaria, y de que se conociera una nota en la que se pedía una retroexcavadora con carácter de "urgente" para hacer fosas en el predio del San Antonio de Padua.

"Tengo los dos cementerios municipales a mi cargo", señaló ayer en conferencia de prensa Aroldo Tonini, secretario de Ambiente y Servicios Públicos del municipio. Si bien el funcionario se responsabilizó de la decisión, indicó que la tomó porque los "cementerios públicos y privados" tienen la obligación de seguir los protocolos que dicta el Comité Operativo de Emergencia (COE), a cargo del Gobierno provincial.

En cuanto a las repercusiones que generó la noticia en las últimas horas, Tonini admitió que "hablar de fosas genera escozor", y acotó: "Dios no quiera, pero hay que prever parcelas para haya lugar disponible". Desde que inició la pandemia en el país que los responsables de la administración de cementerios y casas de velatorios locales piden un protocolo.

"Incómodo y necesario"

A principios de abril, Raúl Ríos, secretario de Salud de la Provincia de Salta, indicó que estaban trabajando en un protocolo para el tratamiento de cuerpos infectados. Al igual que Tonini, señaló que el tema "hace que la gente se asuste", pero advirtió sobre la necesidad de analizar el tema en una pandemia.

También habían provocado revuelo los dichos de la ministra de Salud de la Provincia, Josefina Medrano. La jefa de la cartera sanitaria proyectó, apenas comenzada la pandemia, que en "la provincia podrían fallecer entre 400 y 1.500 personas".

Según indicó la funcionaria recientemente, el cálculo se realizó en base a lo que dictaban las estadísticas nacionales. Consultada sobre si estas cifras se mantienen en la actualidad, la ministra evitó dar números, y argumentó que el panorama nacional "cambió" y que el escenario es "dinámico".

Luego de que la intendenta Bettina Romero indicara que los últimos casos indican que en la ciudad "hay circulación comunitaria" y despertara las críticas desde la gobernación por "infundir miedo", Bernardo Racedo Aragón, coordinador de Planificación y Control de Gestión de la Municipalidad, defendió los dichos de la jefa comunal. El funcionario destacó: "Lo que dijo la intendenta es que se presume" que hay transmisión comunitaria e indicó que Bettina Romero se refirió al tema a raíz de que no hay "nexo epidemiológico" para los dos casos que se produjeron el fin de semana.

Nuevas disposiciones

El Ejecutivo municipal comenzará a tener una participación más activa en los controles para disminuir la posibilidad de circulación de la Covid-19 en la ciudad.

En este contexto, los funcionarios municipales indicaron que las ferias barriales empezarán a funcionar con horario reducido, de 12 a 18. "Las ferias americanas que trabajan en predios más grandes pueden atender a dos personas a la vez", informaron.

En cuanto a la nueva limitación de la atención de negocios hasta las 20, desde la Municipalidad descartaron que eso pueda producir una aglomeración de clientes en los comercios. Tonini recordó que rige el filtro por número de DNI para salir a comprar. A raíz del endurecimiento de controles, trabajadores informales que no pueden salir a trabajar quedan en una difícil situación. "No podemos salir a clausurar negocios, pero tampoco poder incumplir protocolos", señaló Tonini que, al mismo tiempo, aseguró que se busca un equilibrio entre el bienestar sanitario y el económico.

En este sentido, resaltaron que el mercado Cofruthos se administra por horarios. Los trabajadores "informales" del mercado de abasto pueden ir de 6 a 9. Además recordaron el plan Unidos que, según se indicó, ayuda a sectores afectados por la pandemia.

Multa por publicar una mentira

Un joven formoseño que publicó a través de Instagram una mentira que involucraba a una persona que se hallaba haciendo cuarentena en un centro de alojamiento de la provincia, deberá pagar “3.000 pesos, hacer trabajo comunitario en una capilla durante ocho meses y pedir disculpas públicas por la misma red social”, informó ayer a Télam la fiscal de Estado, Stella Zabala de Copes.

Según explicó la funcionaria judicial a esta agencia se trata de un caso singular que comenzó cuando un joven publicó a través de la red social Instagram una mentira: “Lo que sucedió fue que un joven propagó una falsa noticia sobre otro que se encontraba haciendo la cuarentena obligatoria en la Escuela de Cadetes de la Policía de Formosa, uno de los centros de aislamiento dispuestos por el Gobierno provincial, se había fugado y tenía coronavirus, lo que generó obviamente temor en la comunidad por la propagación supuesta del virus”, apuntó Zabala de Copes.

De hecho, “los mismos vecinos de la familia del joven que supuestamente se habría escapado generaron paranoia y zozobra porque todos temen la circulación viral”, señaló la fiscal de Estado de Formosa. La mentira derivó en una causa penal iniciada por una presunta violación a los artículos 205 y 211 del Código Penal de la Nación, en los que se contempla la violación de medidas sanitarias y propagación de noticias falsas, y fue tramitada en la Oficina de Gestión de Audiencias, que llegó al acuerdo de las partes y la probation.

Luego de iniciada la causa, las partes llegaron finalmente a un acuerdo ante la Justicia: en una audiencia en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), se llegó a un acuerdo entre el imputado, el denunciante y el defensor extinguiéndose la acción penal si el joven acepta pagar un resarcimiento económico a la víctima, hacer trabajo comunitario y pedir disculpas públicas por la misma red social, en el marco de una probation. En diálogo con Télam, la fiscal de Estado de la provincia norteña explicó que “la propuesta que acercó la parte del acusado consiste en una reparación económica para el ofendido, ya que la familia de quien realizó la denuncia falsa no se encuentra en condiciones económicas para afrontar tamaño gasto que implicó el proceso penal y, desde la otra parte, también hubo una consideración”.

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