El escándalo por el supuesto cobro indebido o la solicitud para percibir el Ingreso Federal de Emergencia otorgado por Nación por parte de funcionarios públicos todavía tiene mucha tela por cortar.
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El escándalo por el supuesto cobro indebido o la solicitud para percibir el Ingreso Federal de Emergencia otorgado por Nación por parte de funcionarios públicos todavía tiene mucha tela por cortar.
En este caso, en la Fiscalía Federal Nº 2 se radicó una denuncia por "presunto fraude a la administración pública" tras ciertas irregularidades en la gestión o percepción del IFE.
Las penas para este tipo de delitos oscilan entre los 2 y 6 años de prisión.
Vale mencionar que tras una investigación realizada por este medio, se supo que al menos dos concejales habrían resultado beneficiados para el cobro del IFE. Diego Agustín Mayaregua, concejal de Caimancito, y Santiago Ezequiel Maidana, de Huacalera, fueron los nombres que arrojaron el cruce de datos. Ambos hicieron sus descargos, desligándose del trámite para acceder a este beneficio.
Además otro grupo de concejales habría sido rechazado por parte de Anses para recibir este subsidio de $10 mil destinado a trabajadores informales afectados por la pandemia.
Sin embargo, se adelantó que esta investigación por parte de la Justicia Federal va más allá y se realizaría el cruce de datos no solamente con funcionarios electos por la gente, sino con aquellos que son nombrados por las diferentes autoridades en cada uno de los estamentos del Gobierno.
La presentación fue realizada por José María Albizo Cazón, referente del ARI Jujuy, quien busca "abrir una causa que investigue a políticos por la presunta comisión del delito de fraude a la administración pública, tras conocerse que podrían haber existido irregularidades en el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que debía ser destinado a sectores populares vulnerables. El delito no es ni radical ni peronista, es delito", sentenció.
"Frente a la posibilidad de que funcionarios de orden municipal, provincial y/o nacional, en el ámbito de la provincia de Jujuy, hayan podido acceder al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que es destinado a sectores populares en situación de vulnerabilidad, es que ya he firmado una denuncia penal, presentada desde la Coalición Cívica ARI, bajo concepto de requerir a la Justicia investigue la existencia de la eventual comisión de delitos que se encuadran bajo la presunción de fraude a la administración pública", expuso Albizo Cazón a través de sus redes.
Todo surge a raíz de las denuncias realizadas en Salta por irregularidades que también se habrían dado en Jujuy, involucrando a funcionarios.
En Salta
En la vecina provincia, la causa también se encuentra ahora en manos de la Justicia Federal y se espera que avance para saber a ciencia cierta qué sucedió.
En mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal de Salta tomó intervención a raíz de la publicación en la que se mencionó que el concejal de Guachipas, Héctor Cari, habría cobrado personalmente el beneficio nacional conocido como IFE.
Al advertir tal situación, se dispuso la intervención de oficio y se logró determinar que efectivamente el edil había accedido a tal subsidio. Ahora todo quedó en manos de la Justicia Federal. Dentro de este escenario, el fiscal federal Toranzos dijo que pueden caber penas de 2 a 6 años de prisión. "La causa está enmarcada en defraudación a la administración pública, porque cobraron indebidamente un dinero que no les correspondía. Por esto pueden caber penas de 2 a 6 años de prisión", sostuvo.