Mientras el escándalo por la gestión y/o cobro del Ingreso Familiar de Emergencia por parte de quienes no les corresponde ya tomó tintes nacionales, en Jujuy los nombres siguen apareciendo.
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Mientras el escándalo por la gestión y/o cobro del Ingreso Familiar de Emergencia por parte de quienes no les corresponde ya tomó tintes nacionales, en Jujuy los nombres siguen apareciendo.
Dentro del cruce de datos, que son de dominio público, se supo que al menos otros diez concejales que fueron electos en los últimos comicios presentaron sus datos, o alguien lo hizo, para ser beneficiarios de los 10 mil pesos que otorga Nación.
Vale recordar que son dos los concejales, Diego Agustín Mayaregua de Caimancito y Santiago Ezequiel Maidana de Huacalera, que resultaron beneficiarios del IFE, aunque ellos afirmaron que no lo cobraron o no habían tramitado el beneficio. En tanto que otros 10 habrían presentado el formulario para ser acreedores de este pago que tendrá un tercer desembolso en agosto.
Dentro de estos nombres, se destaca el de un concejal de San Salvador de Jujuy, quien fue rechazado por la Anses. Además, hay una concejal de Yala, entre otros municipios, aunque en todos los casos desde Anses habrían rechazado estas solicitudes.
Las solicitudes
El listado al que accedió este matutino está integrado por los concejales Agustín Andrés Flores (San Salvador de Jujuy), Gabriela de los Ángeles Chapor (Yala), Rodrigo Nicolás Martínez (Pampa Blanca), Mariana Viviana Cazón (Santa Clara), Carla Yamila Nieto (Calilegua), Blas Mariano Nicolás Videla (Caimancito), Gonzalo Javier Farfán (El Aguilar), Fabio Hernán Cruz (vocal de Cieneguillas), Sabino Juan Borja (vocal de Yavi) y Juan Francisco Cruz (vocal de Catua), todos electos en 2019, por lo que podrían sumarse más funcionarios si se profundiza el entrecruzamiento de datos.
Cabe señalar que el Ingreso Familiar de Emergencia está destinado a monotributistas y trabajadores informales cuyas actividades con las que se generan ingresos se vieron afectadas por la pandemia y el aislamiento obligatorio.
Los primeros casos irregulares que salieron a la luz fueron los de concejales de la provincia de Salta, y por eso ya interviene la Justicia Federal del lugar, que también tiene jurisdicción en Jujuy, para determinar si se trata de defraudaciones al Estado nacional.