La pandemia logró destruir el sistema productivo, dejó a cientos de miles de personas sin empleo, agigantó la sensación de incertidumbre en la sociedad y derrumbó las expectativas de terminar con la larga recesión que padece la Argentina. Sin embargo, lo que el coronavirus no pudo modificar son las prácticas políticas que siguen sumergiendo al país en una grieta insostenible, en donde oficialismo y oposición continúan sin acordar una sola iniciativa de reactivación.
La situación económica actual se encamina a ser peor que la de 2001, cuando se registró la más grave crisis económica y social de la historia moderna argentina. El problema no son sólo las deplorables cifras actuales de actividad y desempleo, sino que ahora se le agregan problemas estructurales que antes no existían. Los nuevos protocolos ponen en jaque la rentabilidad de los comercios, el contexto internacional es infinitamente más comprometido, el Mercosur se encuentra en vías de extinción y hay una radicalización política que hace inviable un programa serio de reconstrucción nacional.
Todas las iniciativas impulsadas por el oficialismo (impuesto a la riqueza, reforma judicial, expropiación de Vicentin) fueron cuestionadas por sus detractores y todas las propuestas de la oposición (reactivar parte del comercio, condonación de impuestos, sesionar en el Congreso de forma presencial) quedaron sólo en los medios de comunicación.
Desde el inicio de la pandemia, los partidos políticos tuvieron un rol casi inexistente: hubo pocos pronunciamientos firmes, la falta de propuestas para la economía resultó alarmante y se delegó todo el contacto con el Poder Ejecutivo en gobernadores e intendentes que están condicionados por los fondos nacionales. Increíblemente, no hubo una sola reunión entre el jefe de Estado y los principales líderes de Juntos por el Cambio, el lavagnismo, la izquierda más dura y los sectores liberales de la ultra derecha.
¿Dónde quedó el Consejo Económico y Social que guiaría el gobierno de Alberto Fernández? Probablemente en el mismo lugar que la mesa nacional de lucha contra el hambre: en ningún lado. Estos dos espacios que el Gobierno había impulsado serían de una gran ayuda en un momento de destrucción generalizada del empleo y de aumento significativo de la pobreza.
Los empresarios aseguran que no se produjeron más despidos sólo porque hay una ley que lo impide, pero alertan sobre el grave deterioro de toda la economía informal, que en Argentina supera tranquilamente el cuarenta por ciento. “Lo que le venimos transmitiendo al Gobierno nacional es que se avance en la búsqueda de consensos, porque necesitamos transitar ahora un camino de certidumbre sobre lo que se viene. Si seguimos sin una hoja de ruta tentativa, esto puedo terminar en una catástrofe sin precedentes”, aseguró ayer a El Tribuno un influyente hombre de negocios.
Básicamente, lo que se le reclama al presidente Alberto Fernández es que exteriorice un plan de salida de la crisis ante los distintos escenarios que podrían producirse. ¿Qué medidas concretas se tomarán en materia económica si la curva de contagios no se reduce en los próximos treinta días? ¿Cuál será la primera política que se aplicará si la situación epidemiológica comienza a aflojar? ¿En qué consistirán los incentivos del Estado hacia empresas y trabajadores cuando la pandemia ya sea un mal recuerdo? ¿Cómo piensan reemplazar la caída en la recaudación sin seguir emitiendo pesos a mansalva que profundicen el riesgo de una megainflación?
En el entorno del Presidente minimizan el reclamo de los empresarios y aseguran que Argentina ya está aplicando un plan económico, pese a la histórica caída del 26 por ciento en la economía de abril. “El Ministerio de Economía, el de Producción y el de Agricultura vienen trabajando en ideas para la pospandemia, pero anunciarlas ahora sin el más mínimo dato de cuándo llegará el pico del coronavirus en Argentina sería inútil”, señaló en off the récord un asesor del mandatario.
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La pandemia logró destruir el sistema productivo, dejó a cientos de miles de personas sin empleo, agigantó la sensación de incertidumbre en la sociedad y derrumbó las expectativas de terminar con la larga recesión que padece la Argentina. Sin embargo, lo que el coronavirus no pudo modificar son las prácticas políticas que siguen sumergiendo al país en una grieta insostenible, en donde oficialismo y oposición continúan sin acordar una sola iniciativa de reactivación.
La situación económica actual se encamina a ser peor que la de 2001, cuando se registró la más grave crisis económica y social de la historia moderna argentina. El problema no son sólo las deplorables cifras actuales de actividad y desempleo, sino que ahora se le agregan problemas estructurales que antes no existían. Los nuevos protocolos ponen en jaque la rentabilidad de los comercios, el contexto internacional es infinitamente más comprometido, el Mercosur se encuentra en vías de extinción y hay una radicalización política que hace inviable un programa serio de reconstrucción nacional.
Todas las iniciativas impulsadas por el oficialismo (impuesto a la riqueza, reforma judicial, expropiación de Vicentin) fueron cuestionadas por sus detractores y todas las propuestas de la oposición (reactivar parte del comercio, condonación de impuestos, sesionar en el Congreso de forma presencial) quedaron sólo en los medios de comunicación.
Desde el inicio de la pandemia, los partidos políticos tuvieron un rol casi inexistente: hubo pocos pronunciamientos firmes, la falta de propuestas para la economía resultó alarmante y se delegó todo el contacto con el Poder Ejecutivo en gobernadores e intendentes que están condicionados por los fondos nacionales. Increíblemente, no hubo una sola reunión entre el jefe de Estado y los principales líderes de Juntos por el Cambio, el lavagnismo, la izquierda más dura y los sectores liberales de la ultra derecha.
¿Dónde quedó el Consejo Económico y Social que guiaría el gobierno de Alberto Fernández? Probablemente en el mismo lugar que la mesa nacional de lucha contra el hambre: en ningún lado. Estos dos espacios que el Gobierno había impulsado serían de una gran ayuda en un momento de destrucción generalizada del empleo y de aumento significativo de la pobreza.
Los empresarios aseguran que no se produjeron más despidos sólo porque hay una ley que lo impide, pero alertan sobre el grave deterioro de toda la economía informal, que en Argentina supera tranquilamente el cuarenta por ciento. “Lo que le venimos transmitiendo al Gobierno nacional es que se avance en la búsqueda de consensos, porque necesitamos transitar ahora un camino de certidumbre sobre lo que se viene. Si seguimos sin una hoja de ruta tentativa, esto puedo terminar en una catástrofe sin precedentes”, aseguró ayer a El Tribuno un influyente hombre de negocios.
Básicamente, lo que se le reclama al presidente Alberto Fernández es que exteriorice un plan de salida de la crisis ante los distintos escenarios que podrían producirse. ¿Qué medidas concretas se tomarán en materia económica si la curva de contagios no se reduce en los próximos treinta días? ¿Cuál será la primera política que se aplicará si la situación epidemiológica comienza a aflojar? ¿En qué consistirán los incentivos del Estado hacia empresas y trabajadores cuando la pandemia ya sea un mal recuerdo? ¿Cómo piensan reemplazar la caída en la recaudación sin seguir emitiendo pesos a mansalva que profundicen el riesgo de una megainflación?
En el entorno del Presidente minimizan el reclamo de los empresarios y aseguran que Argentina ya está aplicando un plan económico, pese a la histórica caída del 26 por ciento en la economía de abril. “El Ministerio de Economía, el de Producción y el de Agricultura vienen trabajando en ideas para la pospandemia, pero anunciarlas ahora sin el más mínimo dato de cuándo llegará el pico del coronavirus en Argentina sería inútil”, señaló en off the récord un asesor del mandatario.
Clima enrarecido
El asesinato del exsecretario de Cristina Kirchner, que había declarado como arrepentido en la causa de los Cuadernos, revolucionó todo el escenario político nacional y abrió un sinfín de especulaciones. ¿Por qué el juez de la causa instaló que se podría tratar de un “tema pasional” a tan pocas horas de haber hallado el cadáver y sin que se hayan realizado totalmente las pericias al celular de la víctima? ¿Tiene lógica que la fiscal que investiga el hecho sea la sobrina de Cristina Kirchner, quién había sido apuntada por Fabián Gutiérrez? ¿Qué pruebas tiene la oposición para afirmar que se trataría de un crimen político? ¿no será demasiado hablar de un caso Nisman 2? La grieta política, claro está, también se cuela en la Justicia.
Si bien es cierto que la víctima no había pedido ser incluida en el programa de protección de testigos, también lo es que el Estado debe bregar por la seguridad de las personas que declararon en causas muy sensibles para la política argentina como fue la de los Cuadernos.
De todos modos, en situaciones de tamaña gravedad habría que ser sumamente cautos antes de lanzar supuestos móviles cuando la investigación del crimen todavía se encuentra en pañales.