Piden detención de los involucrados en crímenes

A un mes del motín en el Penal de Gorriti no ha habido mayores novedades en torno a la marcha de la investigación del hecho que dejó como saldo la muerte de dos internos. O por lo menos esa es la sensación de los familiares de las víctimas que exigen la detención de los agentes involucrados en los homicidios. Tampoco hubo avances sobre el compromiso asumido por las autoridades penitenciarias y judiciales ante la demanda de los reclusos que exigían medidas de bioseguridad frente al Covid-19, como también el cese de persecuciones y castigos.

En una entrevista con el Tribuno de Jujuy, el padre de una de las víctimas del hecho dijo que los agentes penitenciarios imputados en los crímenes deben estar presos. También criticó duramente a los jueces que intervienen en el proceso. Se trata de Roque Montenegro, padre de Marcelo Montenegro.

Visiblemente dolido, el hombre dijo que si no hubiera contratado una médica particular para que participe de la autopsia del cuerpo de su hijo jamás se hubiera sabido que murió tras recibir tres disparos con balas de plomo. Sostuvo que desde un principio las autoridades del Servicio Penitenciario quisieron instalar la versión de que el recluso había fallecido tras caerse del techo donde se encontraba con los otros presos amotinados.

"El cuerpo no tenía quebraduras ni nada. Cuando van a hacer la autopsia, el doctor Montes de Oca se sorprende al ver entrar a la médica que va de parte de nosotros. Encima le comenta "se ha caído del techo, ha sido una muerte por precipitación", señaló. Agregó que durante la autopsia extrajeron "dos balas de plomo y a la otra no la encontraron", pero se comprobó que el cuerpo tenía "tres orificios" producidos por un arma de fuego. Montenegro apuntó que allí es cuando "cambió la versión el médico que es de la Policía Federal. Si no ponía una doctora que participe en la autopsia capaz" que se certificaba que su hijo murió tras caer del techo y no como consecuencia de los balazos que recibió.

"Nos mintieron desde el principio", enfatizó al anticipar que iba a denunciar a los funcionarios penitenciarios y judiciales que intervienen en la investigación. También exigirá la detención del personal penitenciario involucrado en las muertes, quienes se encuentran en libertad. En este sentido dijo que el juez Jorge Zurueta "niega todos los pedidos que hace el fiscal por la detención de los imputados". Al juez de la Ejecución de la Pena, Carlos Catán, le solicitó que haga cumplir el compromiso firmado cuando se levantó el motín y que se ocupe de "ver por los otros internos".

Con mucho dolor manifestó que su hijo ya estaba muerto. "Uno dice gracias a Dios ya no va a sufrir más", pero quedaron los otros internos que merecen un trato humanitario, aseguró.

"A mi hijo por cualquier cosa lo llevaban al pabellón 2 de castigo, donde estaba aislado 15 días, desnudo", denunció al advertir que los internos que protestaron fueron castigados a pesar de que se había acordado que no habría represalias.

También aclaró que no se trató de un intento de fuga como se quiso instalar a minutos de producido el motín. Fue un reclamo por mejores condiciones de salubridad por el coronavirus y el cese de las persecuciones y sanciones injustas, remarcó. Los reclamos pasaban además por pedidos de libertades asistidas y condicionales de los presos inmersos en los grupos de riesgo como también una revisión de las calificaciones.

Roque Montenegro dijo que ni él ni su abogado pueden acceder al expediente. "Cuando voy a Jujuy, llego a Fiscalía o Tribunales y están desinfectando, todas las veces que voy ponen esa excusa", dijo para indicar que al parecer las autoridades judiciales esperan que haga una manifestación, corte una ruta o una calle, "a lo mejor para que después salgan a reprimir y digan después que uno es el que hace el alboroto. Ellos no nos dan la solución", enfatizó. Y pidió que "por lo menos haya un detenido, son dos muertes que ha habido".

Marcelo Montenegro tenía 26 años y una hija que en octubre cumplirá un añito de vida. Llevaba seis años privado de su libertad por un homicidio, cumplía su condena en el pabellón 3, donde tenía asignada una fajina al tiempo que trabajaba en el taller de carpintería.

Los incidentes

El pasado 16 de julio, cerca de las 16, un grupo de reclusos del Penal 1 inició un motín, preocupado por la confirmación decasos de coronavirus entre el personal penitenciario, demandando mayores condiciones de bioseguridad. También exigían que los presos comprendidos en la población de riesgo fueran beneficiados con prisiones domiciliarias. Al mismo tiempo aprovecharon para denunciar que eran objeto de sanciones injustas que terminaban afectando sus calificaciones. Por su lado, las autoridades del Penal señalaban que se trataba de un intento de fuga, versión que era desmentida por los cabecillas del motín.

A la luz de los hechos quedó claro que no hubo intención de fuga, sino instalar la preocupación de la población carcelaria vinculada con las casi nulas medidas preventivas del coronavirus en los pabellones. Lo cierto es que durante los incidentes perdieron la vida dos presidiarios, Marcelo Montenegro y Dardo Vicente Yapura, cuyos familiares en su reclamo de justicia piden que los autores de los homicidios sean encarcelados. Las máximas autoridades del Servicio Penitenciario, Daniel Chaile y Oscar Farfán, debieron renunciar a sus cargos.

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