Si la reforma judicial mejorará los Tribunales como dice el Gobierno o si terminará colonizándolos como afirma la oposición, todavía es muy temprano para determinarlo. Pero lo cierto es que Argentina atraviesa la peor crisis sanitaria y económica que haya padecido en décadas y que un debate de estas características profundizará aún más la ya extensa grieta que divide a los argentinos. La situación muestra una diferencia sustancial con la agenda de la gran mayoría de los países del mundo, quienes están utilizando sus escasos debates legislativos en la construcción de leyes consensuadas de cara a la pospandemia. En Argentina, las prioridades parecen ir claramente en el sentido opuesto.
Quizá empujado por las urgencias de un sector del oficialismo, el presidente Alberto Fernández está entrando en un terreno fangoso del que se desconocen sus consecuencias en el corto plazo. ¿Habrá un proceso de movilización social de parte de los detractores del kirchnerismo, como ocurrió con la intervención de Vicentin? Seguramente lo habrá, lo que queda por ver es cuál será su impacto en la imagen positiva del Gobierno, que los últimos meses viene exhibiendo una lenta pero sostenida disminución.
Justamente, el de la cerealera es un caso que el Gobierno debe mirar con mucha atención para evitar otro traspié de envergadura como el que sufrió con la derogación del decreto de intervención. En esa disputa todas fueron derrotas para el Presidente: primero anunció la expropiación y comprometió la relación con el campo, luego dio marcha atrás con la expropiación y posteriormente eliminó definitivamente también la idea de la intervención. En el medio, en la opinión pública se instala -quizás de forma injustificada- que la Casa Rosada comenzaba a poner en duda el concepto de propiedad privada, desatando un ruido en la sociedad cuando prevalecía el clima de unión política por la cuarentena.
No hay ninguna duda de que la Justicia funciona pésimo en la Argentina hace muchos años y que no puede continuar como hasta ahora, pero lo que no queda claro es si eso se conseguirá ampliando los tribunales federales y modificando la composición de la Corte Suprema.
Los cambios que se proyectan para el máximo tribunal son la piedra angular del conflicto entre kirchneristas y opositores, ya que un aumento en la cantidad de miembros licuará el poder de los actuales y podría derivar en una nueva mayoría automática.
Los principales dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica saben que la reforma en la Corte debe contar con dos tercios de los votos en el Congreso y que eso sólo se puede lograr mediante alguna división en las filas opositoras. “En esta tenemos que jugar juntos sí o sí, no puede haber medias tintas. Acá va a ser clave el rol del lavagnismo y también de los partidos provinciales”, aseguró ayer a El Tribuno una de las principales espadas de Juntos por el Cambio en el Parlamento. Por lo pronto, desde Consenso Federal todavía no hicieron pública su postura en relación a la reforma, pero una de sus dirigentes más influyentes como Graciela Camaño votó a favor de que se revise el traslado de los jueces nombrados por el macrismo. Punto a favor del Gobierno.
Por estas horas, los seguidores del exministro de Economía se encuentran en pleno debate sobre cómo jugar ante esta iniciativa del oficialismo. Teniendo en cuenta el fuerte vínculo entre el lavagnismo y Sergio Massa, quien estuvo en la presentación oficial del proyecto, en el Gobierno confían en que ese bloque podría terminar aportando votos esenciales, aunque nadie descarta que se abra una negociación entre ambas fuerzas.
Pese a manejar un jugoso presupuesto anual, el Poder Judicial tiene expedientes acumulados por doquier, muy poca sistematización de las causas y una lentitud abrumadora a la hora de condenar o absolver. Esos inconvenientes requieren de una fuerte inyección de dinero y capacitación que por el momento no aparece. ¿De dónde saldrá la plata para financiar la duplicación de los juzgados federales en el interior que prevé la reforma? Esa respuesta aún es una incógnita que preocupa a la oposición y que es seguida de cerca por los acreedores externos de la Argentina.
El ministro de Economía Martín Guzmán confirmó que habrá una nueva prórroga en las negociaciones por la deuda luego del rechazo de los bonistas a la última propuesta oficial. Será difícil convencerlos de que no hay más dinero para ellos si se está gestando una iniciativa muy grande para aumentar la burocracia del Poder Judicial.
Desde el Gobierno aseguran que el proyecto enviado al Congreso fue una de las promesas de campaña de Alberto, y eso es indiscutible. En muchas ocasiones el Presidente había adelantado que impulsaría cambios en la Justicia, pero también había prometido aumentar un veinte por ciento el sueldo de los jubilados, potenciar el consumo de las pymes y paritarias libres para combatir la inflación. Por ahora, las prioridades oficiales estarían más ligadas a reformas en lo institucional que a la recuperación de la catástrofe económica, con medidas que incentiven la inversión privada para generar empleo.
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Si la reforma judicial mejorará los Tribunales como dice el Gobierno o si terminará colonizándolos como afirma la oposición, todavía es muy temprano para determinarlo. Pero lo cierto es que Argentina atraviesa la peor crisis sanitaria y económica que haya padecido en décadas y que un debate de estas características profundizará aún más la ya extensa grieta que divide a los argentinos. La situación muestra una diferencia sustancial con la agenda de la gran mayoría de los países del mundo, quienes están utilizando sus escasos debates legislativos en la construcción de leyes consensuadas de cara a la pospandemia. En Argentina, las prioridades parecen ir claramente en el sentido opuesto.
Quizá empujado por las urgencias de un sector del oficialismo, el presidente Alberto Fernández está entrando en un terreno fangoso del que se desconocen sus consecuencias en el corto plazo. ¿Habrá un proceso de movilización social de parte de los detractores del kirchnerismo, como ocurrió con la intervención de Vicentin? Seguramente lo habrá, lo que queda por ver es cuál será su impacto en la imagen positiva del Gobierno, que los últimos meses viene exhibiendo una lenta pero sostenida disminución.
Justamente, el de la cerealera es un caso que el Gobierno debe mirar con mucha atención para evitar otro traspié de envergadura como el que sufrió con la derogación del decreto de intervención. En esa disputa todas fueron derrotas para el Presidente: primero anunció la expropiación y comprometió la relación con el campo, luego dio marcha atrás con la expropiación y posteriormente eliminó definitivamente también la idea de la intervención. En el medio, en la opinión pública se instala -quizás de forma injustificada- que la Casa Rosada comenzaba a poner en duda el concepto de propiedad privada, desatando un ruido en la sociedad cuando prevalecía el clima de unión política por la cuarentena.
No hay ninguna duda de que la Justicia funciona pésimo en la Argentina hace muchos años y que no puede continuar como hasta ahora, pero lo que no queda claro es si eso se conseguirá ampliando los tribunales federales y modificando la composición de la Corte Suprema.
Los cambios que se proyectan para el máximo tribunal son la piedra angular del conflicto entre kirchneristas y opositores, ya que un aumento en la cantidad de miembros licuará el poder de los actuales y podría derivar en una nueva mayoría automática.
Los principales dirigentes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica saben que la reforma en la Corte debe contar con dos tercios de los votos en el Congreso y que eso sólo se puede lograr mediante alguna división en las filas opositoras. “En esta tenemos que jugar juntos sí o sí, no puede haber medias tintas. Acá va a ser clave el rol del lavagnismo y también de los partidos provinciales”, aseguró ayer a El Tribuno una de las principales espadas de Juntos por el Cambio en el Parlamento. Por lo pronto, desde Consenso Federal todavía no hicieron pública su postura en relación a la reforma, pero una de sus dirigentes más influyentes como Graciela Camaño votó a favor de que se revise el traslado de los jueces nombrados por el macrismo. Punto a favor del Gobierno.
Por estas horas, los seguidores del exministro de Economía se encuentran en pleno debate sobre cómo jugar ante esta iniciativa del oficialismo. Teniendo en cuenta el fuerte vínculo entre el lavagnismo y Sergio Massa, quien estuvo en la presentación oficial del proyecto, en el Gobierno confían en que ese bloque podría terminar aportando votos esenciales, aunque nadie descarta que se abra una negociación entre ambas fuerzas.
Pese a manejar un jugoso presupuesto anual, el Poder Judicial tiene expedientes acumulados por doquier, muy poca sistematización de las causas y una lentitud abrumadora a la hora de condenar o absolver. Esos inconvenientes requieren de una fuerte inyección de dinero y capacitación que por el momento no aparece. ¿De dónde saldrá la plata para financiar la duplicación de los juzgados federales en el interior que prevé la reforma? Esa respuesta aún es una incógnita que preocupa a la oposición y que es seguida de cerca por los acreedores externos de la Argentina.
El ministro de Economía Martín Guzmán confirmó que habrá una nueva prórroga en las negociaciones por la deuda luego del rechazo de los bonistas a la última propuesta oficial. Será difícil convencerlos de que no hay más dinero para ellos si se está gestando una iniciativa muy grande para aumentar la burocracia del Poder Judicial.
Desde el Gobierno aseguran que el proyecto enviado al Congreso fue una de las promesas de campaña de Alberto, y eso es indiscutible. En muchas ocasiones el Presidente había adelantado que impulsaría cambios en la Justicia, pero también había prometido aumentar un veinte por ciento el sueldo de los jubilados, potenciar el consumo de las pymes y paritarias libres para combatir la inflación. Por ahora, las prioridades oficiales estarían más ligadas a reformas en lo institucional que a la recuperación de la catástrofe económica, con medidas que incentiven la inversión privada para generar empleo.
El viaje de Macri
La llegada del expresidente Mauricio Macri a París no se entiende en un hombre que sigue teniendo ambiciones políticas. Tanto es así, que hasta sus propios compañeros de militancia cuestionaron la frivolidad del gesto: mientras Argentina supera los ciento noventa mil contagios de coronavirus, el exmandatario se alojó en un lujoso hotel y afirma que en Francia “hay libertad”. Más allá de lo inoportuno de ese viaje, también llamó la atención que se exprese con tanta liviandad de lo que ocurre en el país europeo, ya que allí murieron treinta mil personas, diez veces más que en la Argentina.