A tres años de la muerte de Santiago Maldonado, el Gobierno reflotó el caso con una denuncia penal contra Pablo Noceti, exjefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante el macrismo, por su participación en el operativo de Gendarmería que terminó con el fallecimiento del joven.
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A tres años de la muerte de Santiago Maldonado, el Gobierno reflotó el caso con una denuncia penal contra Pablo Noceti, exjefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante el macrismo, por su participación en el operativo de Gendarmería que terminó con el fallecimiento del joven.
La cartera que hoy conduce Sabina Frederic se presentó en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar a Noceti como presunto partícipe en la comisión de delitos de acción pública. Según la ministra, las órdenes de Noceti constituyeron una "ingeniería jurídica de la impunidad". La denuncia alcanza también a Gerardo Otero, exdirector de Gendarmería, y al comandante general Ernesto Oscar Robino, exsubdirector nacional de la fuerza.
Maldonado murió el 1º de agosto de 2017, ahogado en el río Chubut, mientras huía de la Gendarmería, que lo perseguía luego del corte de una ruta en el sur de la provincia. El kirchnerismo acusó al gobierno de Mauricio Macri durante la campaña electoral de ese año de haber secuestrado, desaparecido y asesinado a Maldonado. Sin embargo, el 17 de octubre de ese año, la Justicia halló el cuerpo y dio por probado que no hubo ni torturas ni desaparición forzada, sino que se había ahogado.
La denuncia que hoy presentó el Gobierno, según dijo la ministra, surge de una revisión interna en las fuerzas de seguridad iniciadas en enero de este año, poco después del cambio de gobierno. Frederic aclaró que esa suerte de auditoría no está ligada a los procesos en marcha en la Justicia, sino que tiene "finalidades formativas y doctrinarias que destaquen protocolos y procedimientos pertinentes y subrayen errores, negligencias e imprudencias que deben evitarse, no solo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente"
Fuente. lanacion.com.ar