"El gobierno mantiene la inercia de política económica que viene del 2008"

-¿Son acertadas las políticas económicas que se están llevando adelante?

-Es necesario diferenciar las decisiones de política económica para hacer frente a la crisis social que devino de lo que fue el gobierno de Macri, de lo que puede ser una política económica a nivel macroeconómico. El gobierno del Frente de Todos en el mes de diciembre pasado sancionó la Ley 27.541, llamada de "Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública", como parte de las medidas para hacer frente al descalabro económico y social dejado por el gobierno anterior. Al entrar con fuerza el Covid-19 19 en el mes de marzo, se avanzó con medidas de emergencia social y económica.

En relación a la producción en las empresas que se están perjudicadas por el flagelo se incluyó el financiamiento de gastos de capital por $100 mil millones en obras de infraestructura, educación y turismo. Al mismo tiempo se lanzó una serie de líneas de créditos blandos por unos $ 350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos para impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura. En otra línea de créditos se destinó $320.000 millones para proveer capital de trabajo a empresas a tasas preferenciales por un plazo de 180 días con tasa de interés del 26% anual, $25.000 millones en créditos del Banco de la Nación a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos, $8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de teletrabajo y $2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en los parques industriales, con recursos del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Luego se agregó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por un monto de $10 mil que en el mes de julio llegó a 9 millones de personas. No obstante todas estas medidas, por el crecimiento de los contagios en todo el país y la decisión de cuarentena, se fue entrando en una etapa de mayor crisis social, aumento de la pobreza, se agravó la crisis de la economía, de producción, particularmente en la industria manufacturera, así como en la rama de servicios, por ejemplo turismo y transporte. No ocurre lo mismo con lo fundamental de la minería y del sector agropecuario, principalmente en la producción de granos, oleaginosas y carne vacuna, que siguieron su ritmo de producción, con excepciones, junto a la producción conexa como la maquinaria agrícola.

Los indicadores de crisis de producción industrial y parálisis de servicios son alarmantes. En este marco el gobierno mantiene la inercia de política económica que viene desde hace por lo menos 11 años, cuando comenzó la recesión económica tras la crisis del año 2008. El país no crece, el Producto Bruto Interno es el mismo a precio nominal que el del año 2011 y a precio dólar es la mitad, porque la devaluación del año 2015 y la crisis cambiaria y devaluación del 2018 no paró hasta el día de hoy. Hay que recordar que el 10 de diciembre del año 2015 el dólar oficial estaba en $9,50 pesos, el 11 de diciembre se lo llevó a $15 y hoy el dólar oficial está en $71, es decir que en cuatro años el peso argentino perdió siete veces y medio su valor. Los salarios medidos en dólares se licuaron, lo que es parte esencial de los objetivos de los intereses monopólicos imperialistas.

¿Qué propone para mejorar la situación?

A partir de esta realidad a través de El Tribuno de Jujuy opiné sobre lo que habría que hacer frente a la crisis. No es con más de lo mismo en los temas claves de política económica que podremos salir. El Presidente hizo campaña con la consigna “Entre los bancos y las Leliq y los jubilados, me quedo con los jubilados”.

Sin embargo se decidió achatar la pirámide de las jubilaciones que perdieron poder adquisitivo y los bancos siguen haciendo ganancias fabulosas con las Leliq, que es el nombre abreviado de Letras de Liquidación que solo pueden adquirir los bancos. En este momento se pagan 950 millones de dólares de interés por mes para mantener esta timba financiera. El argumento es que ante la enorme emisión monetaria, más de 2 billones de pesos, la manera de sacar dinero de la circulación es con las Leliq.

Lo que se conoce poco es que de esa fabulosa emisión monetaria solo el 30% fue a la asistencia social y a la ayuda a las empresas en dificultades y el 70% es para pagar los intereses de las Leliq a los bancos. No es el rumbo correcto, como fue equivocado retroceder en la intervención y expropiación de Vicentín cuyos directivos estafaron y fugaron capital perjudicando a sus obreros y productores agropecuarios, además de estafar al Banco Nación por cifras millonarias con la complicidad de presidente de la entidad, González Fraga. La única manera de parar ésto es nacionalizando los depósitos bancarios con intangibilidad de los mismos para los ciudadanos y empresas que depositen sus ingresos en el sistema bancario. Es el Estado el único que debe decidir el destino de los fondos depositados en el sistema para direccionar su uso, el crédito, en función de las necesidades tácticas y estratégicas de la producción de bienes y servicios.

Tampoco se quiere recuperar la soberanía sobre el comercio exterior, hay que nacionalizarlo, no puede ser que siete monopolios extranjeros imperialistas decidan sobre el negocio del comercio exterior, sobre el control de los puertos y usen buques de bandera extranjera. Lo último que quiero destacar es el error de haber sancionado en Diputados una Ley de nueva moratoria para incluir en ella a empresas monopólicas evasoras de impuestos y de aportes y contribuciones a la Seguridad Social, poner en los beneficios de la moratoria los aportes de los trabajadores es una estafa que incluye a los jubilados.

Además sancionaron un artículo que establece que los recursos de coparticipación que se generen por esta moratoria podrán “ser estructurados como instrumentos financieros y securitizados o cedidos por parte de las jurisdicciones que lo reciban”, lo cual implica que se impulsa a las Provincias al endeudamiento para hacer frente a la caída de recursos de coparticipación y tributos provinciales. No tiene por qué la Cámara de Diputados de la Nación inmiscuirse en decisiones soberanas de las Provincias.

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