El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó ayer el proyecto para entregar 50.000 reales (alrededor de 900 dólares) a los trabajadores sanitarios que quedaron incapacitados a causa del coronavirus, mientras recibió protección del titular de la Cámara de Diputados para evitar numerosos pedidos de juicio político.
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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vetó ayer el proyecto para entregar 50.000 reales (alrededor de 900 dólares) a los trabajadores sanitarios que quedaron incapacitados a causa del coronavirus, mientras recibió protección del titular de la Cámara de Diputados para evitar numerosos pedidos de juicio político.
Bolsonaro argumentó que la legislación, ya aprobada por el Congreso, es "contraria al interés público" e "inconstitucional".
El veto del mandatario tendrá que ser analizado nuevamente por el Legislativo para ser formalmente aprobado.
"A pesar del mérito de la propuesta y de la buena intención del legislador al proponer el pago de compensaciones, la propuesta contiene obstáculos legales", alegó, según el documento publicado por la Presidencia.
Bolsonaro sostuvo que la propuesta crearía una serie de costos para las arcas públicas en medio de la pandemia y que "no presenta una estimación" del impacto de la misma sobre los presupuestos de su país.
"Finalmente, la imposición del aislamiento de los empleados durante siete días en el marco del período de emergencia por la Covid-
19 genera una incertidumbre legal y una imprecisión técnica", remarcó.
Las autoridades confirmaron 2.750.318 casos y 94.665 fallecidos, según el último balance divulgado anoche, lo que lo convierte en el segundo país más afectado del mundo, en números totales, por detrás de Estados Unidos.
A pesar de ello, Bolsonaro -que resultó contagiado y cuya última prueba dio negativo- rebajó la importancia de la pandemia y abogó por mantener abierta la economía.
Previamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del centroderechista partido Demócratas, anunció que no dará luz verde a ninguno de los 48 pedidos de juicio político contra el gobernante por considerar que no existe delito de responsabilidad cometidos en relación con su gestión del coronavirus. A la vez, Maia defendió su voto a favor del juicio político que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016 por alteraciones en el presupuesto para cubrir programas sociales para la agricultura familiar, reseñaron medios locales y las agencias de noticias Ansa y DPA. La declaración fue interpretada como un salvavidas para Bolsonaro, quien desde junio ha logrado detener la crisis institucional del país haciendo acuerdos con sectores del Congreso para impedir un proceso de destitución por su gestión de la pandemia, cuestionada fuertemente por gran parte del arco político, de la sociedad y de numerosas naciones.