El descontrolado avance de la pandemia en la Argentina colocó al Gobierno nacional en un laberinto de muy difícil resolución, ya que actualmente la mayoría de las variables sanitarias, financieras y sociales se encuentran en pleno estado de ebullición y sin un plan específico para ser reacomodadas en el mediano plazo. La cuarentena estricta no se cumple en ninguna provincia del país, el nivel de ocupación de camas críticas es preocupante, la ayuda del Estado es claramente insuficiente para paliar la tragedia económica y no existe ningún estímulo a la inversión para generar nuevos puestos de trabajo. Si a eso se le suma el deterioro institucional que atraviesa el Congreso, la creciente radicalización del oficialismo y la alarmante falta de propuestas de la oposición, el panorama es realmente sombrío de cara a los meses clave que se vienen por delante.
El Gobierno está fallando en la manera de comunicar los hechos y permanentemente cae en contradicciones o exabruptos ante los ojos de la opinión pública, lo que le resta autoridad al Presidente justo en momentos en los que más fortalecido debería estar para afrontar una crisis de magnitudes gigantescas. Alberto Fernández continúa diciendo que no hay cuarentena pero las clases no se retoman, tampoco la actividad de hoteleros, gastronómicos y el sector turístico ni mucho menos los trabajos de obra pública. ¿Por qué motivo el jefe de Estado se empeña en afirmar eso luego de haber firmado un decreto para extender la fase uno en varias provincias del país? Básicamente para que no se instale que la estrategia de combate contra el coronavirus fue muy acertada al principio y poco efectiva al final. Con cerca de doce mil casos por día. Argentina ingresó en el top diez de los países con más infectados en el mundo pese a ser una de las naciones que menos testea a su población. ¿En cuánto aumentarían los casos si se harían tantos hisopados como realizan países tercermundistas como Chile, Perú o Colombia? Mejor no imaginarlo.
El responsable principal de que haya aumentado vertiginosamente la circulación de personas por el país no es otro que el Estado: los controles policiales desaparecieron, cada gobernador aplica los decretos del Presidente como mejor le parece y hay cierta desobediencia de los comerciantes a las medidas restrictivas de sus gobernantes. Es evidente que la mayoría de los argentinos entiende que seguir encerrado en su casa hasta la aparición de la vacuna no es una opción sostenible en el tiempo, más allá de que el Presidente repita una y otra vez que no hay otra forma de luchar contra el virus.
¿Qué habrá querido decir Alberto al afirmar que cuando pase la pandemia habrá “un banderazo de la gente de bien”? La declaración no deja ninguna otra interpretación de que las protestas de ahora estarían encabezadas por “gente de mal”. Llama la atención que un mandatario que llegó al poder señalando que eliminaría la grieta divida de un modo tan arcaico a la sociedad. posturas de ese tipo sólo le quitan a Alberto el valor agregado de parecer un moderado para ubicarlo en el radicalizado grupo del kirchnerismo más extremo.
Las encuestas comienzan a hacerse eco de esa situación. Según el sondeo difundido ayer por la consultora de Jorge Giacobbe, Horacio Rodríguez Larreta desplazó al Presidente del primer lugar y encabeza las preferencias nacionales en imagen positiva, además de ser el dirigente con menor imagen negativa. ¿A qué se pudo deber esta situación si el coronavirus también está haciendo estragos entre los porteños? Principalmente a que el dirigente del PRO hace la “gran Scioli” y no entra en ninguna disputa personal, esquivando los dardos de Cristina, Alberto y Axel Kicillof sin inmutarse. Muchos se preguntan si esa estrategia de extrema moderación no terminará dejándolo a mitad de camino en su búsqueda por el sillón de Rivadavia en 2023.
Pese al importante acuerdo con los bonistas privados, que le aporta mayor previsibilidad a la economía nacional, aún no se aprecia ni siquiera un borrador de cuál será el modelo de crecimiento que abordará el país para cuando termine la pandemia. Ese famoso plan del que muchos hablan, que debería tener consenso político y empresarial, fue reclamado públicamente esta semana por la Unión Industrial adelante del presidente Alberto Fernández.
En medio de toda esta situación que genera angustia y miedo en la sociedad, otro fenómeno comenzó a crecer aceleradamente en la Argentina: la inseguridad. Según las ultimas encuestas, esta problemática escala cada vez más lugares en el ranking de las preocupaciones ciudadanas, hasta el punto de empezar a competir contra el miedo a los contagios. La toma de tierras que se profundizó las últimas dos semanas no es un tema aislado y combina dos de los factores más críticos del país, como ser el déficit habitacional y la ineficiencia del Estado para proteger la propiedad privada de sus habitantes. Aquí apareció otra de las contradicciones más fuertes del Gobierno, ya que inicialmente la ministra de Seguridad Sabina Frederic había opinado que no se trataba de un asunto de su ministerio. Esa barbaridad que le terminaba dando cierta legitimidad a las ocupaciones ilegales obligó al Gobierno a salir a aclarar que eso era un delito. ¿Cuántos exabruptos más se le permitirán a esta funcionaria? Cerca del Presidente afirmaban ayer que Frederic cometió varios errores pero que aún “sigue gozando de la confianza de Alberto”.
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El descontrolado avance de la pandemia en la Argentina colocó al Gobierno nacional en un laberinto de muy difícil resolución, ya que actualmente la mayoría de las variables sanitarias, financieras y sociales se encuentran en pleno estado de ebullición y sin un plan específico para ser reacomodadas en el mediano plazo. La cuarentena estricta no se cumple en ninguna provincia del país, el nivel de ocupación de camas críticas es preocupante, la ayuda del Estado es claramente insuficiente para paliar la tragedia económica y no existe ningún estímulo a la inversión para generar nuevos puestos de trabajo. Si a eso se le suma el deterioro institucional que atraviesa el Congreso, la creciente radicalización del oficialismo y la alarmante falta de propuestas de la oposición, el panorama es realmente sombrío de cara a los meses clave que se vienen por delante.
El Gobierno está fallando en la manera de comunicar los hechos y permanentemente cae en contradicciones o exabruptos ante los ojos de la opinión pública, lo que le resta autoridad al Presidente justo en momentos en los que más fortalecido debería estar para afrontar una crisis de magnitudes gigantescas. Alberto Fernández continúa diciendo que no hay cuarentena pero las clases no se retoman, tampoco la actividad de hoteleros, gastronómicos y el sector turístico ni mucho menos los trabajos de obra pública. ¿Por qué motivo el jefe de Estado se empeña en afirmar eso luego de haber firmado un decreto para extender la fase uno en varias provincias del país? Básicamente para que no se instale que la estrategia de combate contra el coronavirus fue muy acertada al principio y poco efectiva al final. Con cerca de doce mil casos por día. Argentina ingresó en el top diez de los países con más infectados en el mundo pese a ser una de las naciones que menos testea a su población. ¿En cuánto aumentarían los casos si se harían tantos hisopados como realizan países tercermundistas como Chile, Perú o Colombia? Mejor no imaginarlo.
El responsable principal de que haya aumentado vertiginosamente la circulación de personas por el país no es otro que el Estado: los controles policiales desaparecieron, cada gobernador aplica los decretos del Presidente como mejor le parece y hay cierta desobediencia de los comerciantes a las medidas restrictivas de sus gobernantes. Es evidente que la mayoría de los argentinos entiende que seguir encerrado en su casa hasta la aparición de la vacuna no es una opción sostenible en el tiempo, más allá de que el Presidente repita una y otra vez que no hay otra forma de luchar contra el virus.
¿Qué habrá querido decir Alberto al afirmar que cuando pase la pandemia habrá “un banderazo de la gente de bien”? La declaración no deja ninguna otra interpretación de que las protestas de ahora estarían encabezadas por “gente de mal”. Llama la atención que un mandatario que llegó al poder señalando que eliminaría la grieta divida de un modo tan arcaico a la sociedad. posturas de ese tipo sólo le quitan a Alberto el valor agregado de parecer un moderado para ubicarlo en el radicalizado grupo del kirchnerismo más extremo.
Las encuestas comienzan a hacerse eco de esa situación. Según el sondeo difundido ayer por la consultora de Jorge Giacobbe, Horacio Rodríguez Larreta desplazó al Presidente del primer lugar y encabeza las preferencias nacionales en imagen positiva, además de ser el dirigente con menor imagen negativa. ¿A qué se pudo deber esta situación si el coronavirus también está haciendo estragos entre los porteños? Principalmente a que el dirigente del PRO hace la “gran Scioli” y no entra en ninguna disputa personal, esquivando los dardos de Cristina, Alberto y Axel Kicillof sin inmutarse. Muchos se preguntan si esa estrategia de extrema moderación no terminará dejándolo a mitad de camino en su búsqueda por el sillón de Rivadavia en 2023.
Pese al importante acuerdo con los bonistas privados, que le aporta mayor previsibilidad a la economía nacional, aún no se aprecia ni siquiera un borrador de cuál será el modelo de crecimiento que abordará el país para cuando termine la pandemia. Ese famoso plan del que muchos hablan, que debería tener consenso político y empresarial, fue reclamado públicamente esta semana por la Unión Industrial adelante del presidente Alberto Fernández.
En medio de toda esta situación que genera angustia y miedo en la sociedad, otro fenómeno comenzó a crecer aceleradamente en la Argentina: la inseguridad. Según las ultimas encuestas, esta problemática escala cada vez más lugares en el ranking de las preocupaciones ciudadanas, hasta el punto de empezar a competir contra el miedo a los contagios. La toma de tierras que se profundizó las últimas dos semanas no es un tema aislado y combina dos de los factores más críticos del país, como ser el déficit habitacional y la ineficiencia del Estado para proteger la propiedad privada de sus habitantes. Aquí apareció otra de las contradicciones más fuertes del Gobierno, ya que inicialmente la ministra de Seguridad Sabina Frederic había opinado que no se trataba de un asunto de su ministerio. Esa barbaridad que le terminaba dando cierta legitimidad a las ocupaciones ilegales obligó al Gobierno a salir a aclarar que eso era un delito. ¿Cuántos exabruptos más se le permitirán a esta funcionaria? Cerca del Presidente afirmaban ayer que Frederic cometió varios errores pero que aún “sigue gozando de la confianza de Alberto”.