Por MICAELASÁNCHEZ MALCOLM
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Por MICAELASÁNCHEZ MALCOLM
El año empezó con la implementación paulatina de una deuda histórica que el Estado tenía con los argentinos y las argentinas: planes básicos universales que garanticen el acceso a servicios de internet móvil y fijo, telefonía al hogar y televisión por pago. Establecer tarifas justas para todos los poderes adquisitivos, priorizando a quienes menos tienen, continúa la senda que se inició hace poco más de un año y que estableció el objetivo común de las políticas públicas del gobierno de Alberto Fernández: empezar por los últimos para llegar a todos (y a todas).
Y debemos empezar por los últimos porque los primeros siempre llegan con menos dificultades. Con ese horizonte la mirada que se teje sobre las políticas públicas es necesariamente federal, integral, amplia. Y esa mirada es la que nos permite analizar puntualmente cada sector de la economía y trabajar para reducir las desigualdades que habitan en todos ellos.
Cuando el trabajo y nuestras actividades y reuniones cotidianas se vieron afectadas por la pandemia Covid-19, los servicios fijos y móviles de internet y telefonía y de televisión paga nos permitieron continuar nuestras actividades, seguir educándonos, tener acceso a la salud, realizar compras cotidianas, mantener ciertos consumos culturales, acceder a información fundamental para nuestro cuidado y, fundamentalmente, seguir vinculándonos con nuestros seres queridos. Mantener la capacidad de ejercer nuestros derechos y obligaciones depende, en parte, de nuestro acceso a la conectividad y es por eso que todos los servicios TIC fueron declarados como servicios públicos esenciales en competencia. Partimos de la premisa del derecho humano a la conectividad. No somos el único país que comprendió el carácter esencial de estos servicios.
El desarrollo económico con inclusión social es nuestro norte, una decisión política de nuestro Presidente pero también una cuestión práctica y, claro está, una promesa de campaña que cumplimos con medidas de gobierno en el año que pasó: "Es con todxs". En este paso surge con fuerza el diálogo: a partir del intercambio de ideas, necesidades y perspectivas con los más de 2000 actores del sector TIC se inició el descongelamiento de tarifas a través de un esquema equilibrado, que supone un esfuerzo colectivo para responder a la pandemia, cuidar a la población y motorizar la economía.
Las tarifas, sus posibles aumentos y la prestación integral de servicios deben ser coherentes con la realidad social en la que vivimos. En Argentina los sectores de menores ingresos pagan más por los servicios móviles en sus modalidades ‘prepago‘, que son la forma de conexión más masiva (en parte gracias a la licitación 4G de 2014). En ese sentido, la incorporación de un plan básico universal a la oferta de las proveedoras de telefonía móvil es una posibilidad de conectividad estable a un precio accesible para personas de bajos recursos, a la vez que es un piso más estable de clientes para las empresas. Acá se amortigua la primera asimetría, cuidando los ingresos de quienes menos tienen y garantizando accesos más equitativos.
A lo largo de 2020 tomamos la decisión política de impulsar medidas concretas para avanzar en la universalización del acceso a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Comenzamos diseñando el esquema de inversiones del Estado. El Plan Conectar que lanzamos en septiembre pasado contempla una inversión superior a los $40.000 millones de pesos para los próximos tres años. Con este Plan Nacional de Conectividad estamos retomando la industria satelital argentina -abandonada por el gobierno anterior- para llevar conectividad a zonas rurales; estamos recuperando la Televisión Digital Abierta que encontramos en condiciones de obsolescencia y postergación (nuevamente, afectando a quienes menos recursos tienen); estamos avanzando en la extensión de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) y actualizando el equipamiento electrónico para aumentar la velocidad de la red, e invirtiendo en el Centro Nacional de Datos de Arsat para alcanzar los máximos estándares internacionales, actualizar su equipamiento y desarrollar la Nube Pública Nacional.
Reglamentamos la Compartición de Infraestructura Pasiva TIC -lo que estaba pendiente de resolución desde hace muchos años. Establecimos un tipo de cambio de referencia por seis meses para los cargos de interconexiones móviles, fijas y trunking digital, beneficiando a pequeños prestadores.
A diferencia de la gestión anterior nosotros creemos que la política debe adaptarse a las necesidades sociales. Un Estado presente tutela los derechos fundamentales que surgen de esas necesidades de la ciudadanía. El camino de la innovación con inclusión es una convicción para favorecer el acceso de la ciudadanía a las TIC.
Un Estado innovador es aquel que trabaja para garantizar la igualdad en la diversidad, que lleva adelante políticas de ampliación y creación de derechos y que avanza sin dejar a nadie atrás. Cómo dijo Néstor: "No vinimos a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno".