El Presidente deberá hacer más equilibrio que nunca para conjugar el ajuste requerido por el Fondo Monetario Internacional con el manejo de la recesión derivada de la pandemia, que podría acentuarse en los próximos meses al ritmo del crecimiento de los contagios. El objetivo central para el primer semestre de este año es mantener intactas las chances electorales del Frente de Todos en un contexto sumamente desfavorable. El oficialismo se juega, ni más ni menos, que la ampliación de su mayoría en el Congreso de la Nación, que será clave para avanzar en la reforma judicial, en el nombramiento del nuevo procurador y en otros proyectos de interés para el oficialismo en materia económica.
Los datos del Indec del año pasado demostraron que todas las jubilaciones -incluyendo la mínima- perdieron contra la inflación pese a que la suba de precios se redujo en casi dieciocho puntos en relación a 2019. Algo similar ocurrió con los trabajadores, ya que casi ningún gremio logró incrementos salariales iguales o superiores al 36 por ciento de inflación anual, sumado a que muchos de ellos estuvieron suspendidos por la pandemia cobrando un cuarto menos de su salario. Esa pérdida en el poder adquisitivo de los argentinos, que ya venía dándose fuerte con la gestión de Mauricio Macri, colaboró junto con las restricciones sanitarias a generar una economía de supervivencia en 2020, pero con un dato más que preocupante: las expectativas inflacionarias para este año rondan el cincuenta por ciento, catorce puntos más que el año anterior.
La contención de la disparada de los precios jugará un papel preponderante en las preferencias del electorado, ya que si no hay una rápida recuperación del empleo y del consumo popular, los ingresos de las personas podrían ser aún peores que los de 2020. “El Estado no va a estar ausente como no lo estuvo nunca durante lo peor de la pandemia. Se acentuarán las líneas de créditos blandos para las pymes y es muy probable que haya que retomar los ATP, aunque esta vez serán más focalizados a los sectores afectados directamente por las restricciones”, aseguró ayer a El Tribuno un alto funcionario de la Casa Rosada que pidió reserva de su identidad.
Más allá de eso, según muchas encuestas de opinión la gestión de Alberto Fernández mantiene altos niveles de aceptación, aunque sensiblemente menores que los de su propio Gobierno. ¿Cómo se explica esa aparente contradicción? Muy simple: la sociedad valoró el consenso impulsado por Alberto al principio de la pandemia y no lo ve responsable de los problemas principales de la gestión, cosa que no ocurre con su vicepresidenta Cristina de Kirchner, quien continúa con una importante imagen negativa. Los sondeos revelan que la gente piensa que el mandatario hace lo que puede dentro de un frente electoral sumamente heterogéneo pero que le falta el respaldo necesario para tomar algunas decisiones sin desdecirse a los pocos días. Eso ocurrió con la fallida intervención de Vicentin, con las idas y vueltas con aumento del 7% a las prepagas, con la polémica sobre las dosis de la vacuna rusa, con las exportaciones de maíz y con la posibilidad de suspender las Paso. El jefe de Estado, muchas veces, actúa y da marcha atrás cuando las medidas tienen un efecto contrario, cosa que también hacía el Gobierno de Macri. Lo que muchos ven como un acto debilidad, otros lo ven como uno de fortaleza, ya que -como dice el refrán- soldado que escapa sirve para otra guerra.
Alberto sabe a la perfección que si no hay un repunte en el consumo, el descontento social tenderá a crecer con el paso de los meses, lo que podría comprometer las chances del kirchnerismo para obtener un triunfo en las elecciones de medio término. ¿Cuál es el plan de Alberto Fernández para sostener la actividad económica al menos hasta agosto, fecha en la que se realizarían las Paso? Desde el Ministerio de Economía revelaron ayer a El Tribuno que “no hay fórmulas mágicas” para impulsar el crecimiento, aunque garantizan que no se cortará la ayuda social y que la emisión monetaria continuará a ritmos elevados para financiar el déficit del sector público.
Pese a que nunca ha tenido muy buenos resultados, en el Palacio de Hacienda insisten en aplicar controles de precios máximos aunque admiten cierto desconcierto para aminorar las subas en carnicerías y verdulerías. El precio de la carne, que todavía no está en los niveles que la paga en Europa, está por las nubes y según pudo saber El Tribuno se viene un nuevo incremento en los próximos días. Lo que realmente preocupa al Gobierno es el alza desenfrenada en los combustibles, que subieron cuatro veces en el último mes. No es ninguna novedad que será muy difícil combatir la inflación si no se frena de una vez con los aumentos en las naftas.
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El Presidente deberá hacer más equilibrio que nunca para conjugar el ajuste requerido por el Fondo Monetario Internacional con el manejo de la recesión derivada de la pandemia, que podría acentuarse en los próximos meses al ritmo del crecimiento de los contagios. El objetivo central para el primer semestre de este año es mantener intactas las chances electorales del Frente de Todos en un contexto sumamente desfavorable. El oficialismo se juega, ni más ni menos, que la ampliación de su mayoría en el Congreso de la Nación, que será clave para avanzar en la reforma judicial, en el nombramiento del nuevo procurador y en otros proyectos de interés para el oficialismo en materia económica.
Los datos del Indec del año pasado demostraron que todas las jubilaciones -incluyendo la mínima- perdieron contra la inflación pese a que la suba de precios se redujo en casi dieciocho puntos en relación a 2019. Algo similar ocurrió con los trabajadores, ya que casi ningún gremio logró incrementos salariales iguales o superiores al 36 por ciento de inflación anual, sumado a que muchos de ellos estuvieron suspendidos por la pandemia cobrando un cuarto menos de su salario. Esa pérdida en el poder adquisitivo de los argentinos, que ya venía dándose fuerte con la gestión de Mauricio Macri, colaboró junto con las restricciones sanitarias a generar una economía de supervivencia en 2020, pero con un dato más que preocupante: las expectativas inflacionarias para este año rondan el cincuenta por ciento, catorce puntos más que el año anterior.
La contención de la disparada de los precios jugará un papel preponderante en las preferencias del electorado, ya que si no hay una rápida recuperación del empleo y del consumo popular, los ingresos de las personas podrían ser aún peores que los de 2020. “El Estado no va a estar ausente como no lo estuvo nunca durante lo peor de la pandemia. Se acentuarán las líneas de créditos blandos para las pymes y es muy probable que haya que retomar los ATP, aunque esta vez serán más focalizados a los sectores afectados directamente por las restricciones”, aseguró ayer a El Tribuno un alto funcionario de la Casa Rosada que pidió reserva de su identidad.
Más allá de eso, según muchas encuestas de opinión la gestión de Alberto Fernández mantiene altos niveles de aceptación, aunque sensiblemente menores que los de su propio Gobierno. ¿Cómo se explica esa aparente contradicción? Muy simple: la sociedad valoró el consenso impulsado por Alberto al principio de la pandemia y no lo ve responsable de los problemas principales de la gestión, cosa que no ocurre con su vicepresidenta Cristina de Kirchner, quien continúa con una importante imagen negativa. Los sondeos revelan que la gente piensa que el mandatario hace lo que puede dentro de un frente electoral sumamente heterogéneo pero que le falta el respaldo necesario para tomar algunas decisiones sin desdecirse a los pocos días. Eso ocurrió con la fallida intervención de Vicentin, con las idas y vueltas con aumento del 7% a las prepagas, con la polémica sobre las dosis de la vacuna rusa, con las exportaciones de maíz y con la posibilidad de suspender las Paso. El jefe de Estado, muchas veces, actúa y da marcha atrás cuando las medidas tienen un efecto contrario, cosa que también hacía el Gobierno de Macri. Lo que muchos ven como un acto debilidad, otros lo ven como uno de fortaleza, ya que -como dice el refrán- soldado que escapa sirve para otra guerra.
Alberto sabe a la perfección que si no hay un repunte en el consumo, el descontento social tenderá a crecer con el paso de los meses, lo que podría comprometer las chances del kirchnerismo para obtener un triunfo en las elecciones de medio término. ¿Cuál es el plan de Alberto Fernández para sostener la actividad económica al menos hasta agosto, fecha en la que se realizarían las Paso? Desde el Ministerio de Economía revelaron ayer a El Tribuno que “no hay fórmulas mágicas” para impulsar el crecimiento, aunque garantizan que no se cortará la ayuda social y que la emisión monetaria continuará a ritmos elevados para financiar el déficit del sector público.
Pese a que nunca ha tenido muy buenos resultados, en el Palacio de Hacienda insisten en aplicar controles de precios máximos aunque admiten cierto desconcierto para aminorar las subas en carnicerías y verdulerías. El precio de la carne, que todavía no está en los niveles que la paga en Europa, está por las nubes y según pudo saber El Tribuno se viene un nuevo incremento en los próximos días. Lo que realmente preocupa al Gobierno es el alza desenfrenada en los combustibles, que subieron cuatro veces en el último mes. No es ninguna novedad que será muy difícil combatir la inflación si no se frena de una vez con los aumentos en las naftas.
La vacunación
El Presidente y su vice le ponen muchas fichas a que se acelere el proceso de vacunación en la Argentina y que eso le aporte un mayor aire en la evaluación del manejo de la pandemia. El país, que aspira a vacunar a treinta millones de personas, deberá profundizar los acuerdos con más laboratorios para que la campaña vacunatoria no se transforme en eterna. Si bien Argentina es uno de los países que más inmunizó en la región, recién llegaron sólo 300 mil vacunas completas de la Sputnik V. La eficacia de las inyecciones rusas en menores de sesenta años es indiscutible: sólo el uno por ciento de los argentinos vacunados tuvo algún efecto adverso. Ese dato le agrega a la Sputnik V una importante dosis de credibilidad que aún no le aportó el Gobierno ruso al no publicar sus trabajos en revistas especializadas.