A partir de que el domingo último entrara en vigencia la Ley Nº 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, muchas mujeres que fueron criminalizadas podrían ser sobreseídas por aborto y otros eventos obstétricos en todo el país. En la provincia de Jujuy, existe solo un caso de procesamiento por aborto, es la cifra más baja del país, según los datos que consigna el informe del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) sobre "La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina".
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A partir de que el domingo último entrara en vigencia la Ley Nº 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, muchas mujeres que fueron criminalizadas podrían ser sobreseídas por aborto y otros eventos obstétricos en todo el país. En la provincia de Jujuy, existe solo un caso de procesamiento por aborto, es la cifra más baja del país, según los datos que consigna el informe del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) sobre "La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina".
En el país, las mujeres criminalizadas por aborto son en su mayoría de sectores económicamente vulnerables.
El Centro de Estudios Legales y Sociales desarrolló un informe en base a una investigación que analizó notas de prensa de diversos medios gráficos digitales provinciales y nacionales, entre 2012 y 2020, a partir de lo cual se identificaron 26 casos de criminalización de abortos y 47 casos de criminalización de otros eventos obstétricos, distribuidos en 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se incluyó los datos proporcionados por ministerios Públicos Fiscales y Cortes provinciales de todo el país que aportaron datos oficiales sobre procesos judiciales iniciados por la figura penal de aborto, de homicidio, homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona en los casos en que la víctima fuese un recién nacido y la imputada fuese la progenitora. Los datos de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional que tiene a cargo estas causas en el territorio de la Caba suman 1.532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos.
En Jujuy, se registra un solo caso. Respecto a esta cifra que el informe atribuye a Jujuy, consultamos con abogadas del medio intentando conocer a qué atribuyen esta diferencia en comparación con otras provincias, como por ejemplo Salta, que registra 156 casos de mujeres criminalizadas por abortos.
Malka Manester de Andhes indicó que es muy probable que en Jujuy las cifras no sean altas debido a que están funcionado bien las consultorías. También indicó que en la provincia se redujeron los índices de muertes por abortos clandestinos debido a que tras la gestión de ongs y las redes de profesionales muchas mujeres pudieron acceder a la Interrupción Legal del Embarazo.
En tanto, la abogada feminista Mariana Vargas, que representó a Romina Tejerina, un caso que causó un quiebre en la opinión publica de la provincia respecto al juzgamiento tanto penal como social de las mujeres ante un caso de aborto.
Vargas indicó que en Jujuy no hay datos de casos de criminalización por aborto, pero que sí existen casos de "criminalizaciones ilegales" y recordó un caso que compartió a través de sus redes sociales en el año 2017, en donde una pareja de jóvenes tuvo que atravesar un suerte de castigo burocrático y estigmatizante luego de haber sufrido un aborto espontáneo.
En aquel entonces, la abogada compartió la historia de un joven jujeño al que asistió, indicando que todo empezó cuando la joven tuvo contracciones a las 14 semanas de gestación por lo que su novio llamó al Same quien trasladó a la chica al hospital y luego a la maternidad. Luego de unos minutos, un médico le entregó el feto al joven mientras su novia era asistida en el interior del nosocomio y le pidió que hiciera la exposición a la Policía para poder enterrarlo. Con el feto en una cartera el joven tuvo que dirigirse a la Policía donde los trasladaron de un lugar a otro y le dijeron que debían tomar fotografía y que se iniciaría una investigación. En esta instancia, el joven pidió la asistencia de la letrada para poder culminar con el terrible trámite y poder volver junto a su novia en el hospital.
Vargas graficó de esta forma lo que ocurría en la provincia antes de la Ley 27.610. Son situaciones penosas que, aunque no se reflejaban en las cifras judiciales, existieron en el interior de las diferentes instituciones de sanidad como de seguridad.
Quiénes son las procesadas
En el informe, se realizó un perfil de las mujeres criminalizadas en base a los datos relevados en artículos periodísticos. El informe indica que entre 2012 y la actualidad se registraron en noticias publicadas en medios de todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos.
Son sólo los casos que tuvieron un reflejo en la prensa y brindan datos de contexto para tener una aproximación situada e interseccional de cómo y sobre quiénes opera la criminalización.
En estos 73 casos -26 de aborto y 47 eventos obstétricos-, la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. En el proceso penal que se llevó adelante contra ellas, la mayoría no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial.
Este es un aspecto más que da cuenta de la selectividad con que opera la criminalización.
Muchas de estas mujeres criminalizadas cuyos casos aparecieron en la prensa sufrieron algún tipo de detención. Cuando el hecho fue un aborto, se registran situaciones en las que, durante la recuperación, permanecen esposadas a la cama o con una consigna policial en la puerta de la habitación.