Con la campaña de vacunación muy retrasada y las negociaciones con el FMI sin grandes avances, en el Gobierno nacional buscan alternativas para contener a sus votantes más cautivos, que le garantizan un piso superior al 33 por ciento en el país y cercano al 40 por ciento en la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, la Casa Rosada intenta avanzar con un mayor intervencionismo en la economía, ya sea en materia de acuerdos de precios como de nuevos subsidios, lo que obviamente impactará de lleno en los ya elevadísimos índices de emisión monetaria. Por el momento, no se conoce cuál será el plan para mantener a raya el tipo de cambio antes de las elecciones ni tampoco cómo se desarrollará la estrategia para captar inversiones y aumentar la alicaída tasa de empleo. Al igual que el año pasado, los tiempos de la economía estarán más manejados por la pandemia que por los funcionarios del ministerio de Economía.
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Con la campaña de vacunación muy retrasada y las negociaciones con el FMI sin grandes avances, en el Gobierno nacional buscan alternativas para contener a sus votantes más cautivos, que le garantizan un piso superior al 33 por ciento en el país y cercano al 40 por ciento en la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, la Casa Rosada intenta avanzar con un mayor intervencionismo en la economía, ya sea en materia de acuerdos de precios como de nuevos subsidios, lo que obviamente impactará de lleno en los ya elevadísimos índices de emisión monetaria. Por el momento, no se conoce cuál será el plan para mantener a raya el tipo de cambio antes de las elecciones ni tampoco cómo se desarrollará la estrategia para captar inversiones y aumentar la alicaída tasa de empleo. Al igual que el año pasado, los tiempos de la economía estarán más manejados por la pandemia que por los funcionarios del ministerio de Economía.
La inflación de enero, que sería la más alta de toda la gestión de Alberto Fernández, encendió las alarmas en el Gabinete económico, ya que las tarifas de servicios públicos y los alquileres siguen congelados y la actividad económica dista mucho de tener una explosión de consumo que impulse la demanda. El principal problema que trae esto en términos políticos para el Gobierno es que los precios de los alimentos están subiendo muy por encima de la inflación general, lo que tiene una repercusión directa en uno de los sectores que más vota al kirchnerismo, como la clase baja y media baja, que gasta un porcentaje elevadísimo de sus ingresos en la canasta básica.
Lo que el ministerio de Economía no está dispuesto a frenar por ahora son las subas en los combustibles, que ya modificaron sus precios cuatro veces en lo que va este año. La crisis económica que atraviesa YPF es de tal profundidad que, pese a los esfuerzos oficiales en otros rubros, amenaza con derramar inflación hacia toda la cadena de producción y comercialización de la Argentina. El manejo de la petrolera viene dando que hablar hace varios meses, ya que posee una deuda excesiva y en varias ocasiones amenazó con defaultearla. Se trata, ni más ni menos, de una de las compañías más poderosas de la Argentina: aterra sólo imaginar lo que les deparará a las otras.
Se pueden hacer acuerdos de precios, controles de las importaciones y restricciones a las exportaciones, pero cuando sube la nafta inmediatamente sube todo lo demás. En ese rubro, más que acuerdos de precios hay una liberación total muy difícil de explicar.
El lanzamiento de un plan para comercializar cortes de carne a precios populares es una medida simpática para la opinión pública, pero de muy dudosa efectividad. Aún no está claro cómo será el abastecimiento de esos productos y de qué forma llegarán a los hogares más humildes, que muchas veces acuden a tiendas barriales por la lejanía de los supermercados o bien por la inexistencia de ellos. El problema será todavía más complejo en el interior del país, donde muchos pueblos rurales y urbanos no tendrán ninguna boca de expendio para adquirir carne barata y deberían trasladarse en algunos casos más de doscientos kilómetros para comprar esta promoción. Todas estas recetas ya fueron aplicadas entre 2011 y 2015 para combatir la inflación y nunca dieron el resultado esperado. Dice el refrán: “si haces dos veces lo mismo, no esperes resultados distintos”.
La falta de incentivos hacia el sector privado, como la eliminación del ATP, están llevando a que las empresas entren en un cuello de botella, teniendo en cuenta que están levantando un poco las ventas pero con escasos márgenes de rentabilidad, producto de los protocolos de distanciamiento, la menor circulación de gente por las calles y la fuerte pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Es allí donde el Gobierno apuesta todas sus fichas en materia económica, proponiendo un acuerdo de precios y salarios entre los gremios y los empresarios. Esta iniciativa fue planteada varias veces y no sólo por el peronismo, pero el gran problema que se presenta es la imposibilidad del Estado para controlar su cumplimiento. La intención es que ni los sueldos ni los valores de los productos superen el 29 por ciento de incremento, tasa inflacionaria estimada por el Gobierno pero mucho menor a la de los privados, que ya orilla el cincuenta por ciento. ¿Es lógico pedirle a los hombres de negocios que aumenten sus precios por debajo de la inflación mensual? ¿Quién compensará las pérdidas por la reposición de artículos que semana a semana llegan con aumento?
“Si no hay un control real, esto no va a andar. Nos piden un techo de 29 por ciento para las paritarias esperando que confiemos en que los precios no subirán más que eso. Por ahora somos escépticos”, sostuvo ayer a El Tribuno uno de los gremialistas más influyentes del país, quien pidió expresa reserva de su identidad.
Mientras la economía da tanto que hablar, la campaña de vacunación está sufriendo traspiés de mucha envergadura por los retrasos en la llegada de la vacuna. El fenómeno ocurre en todos los países del mundo, el problema es que el Gobierno argentino generó una expectativa enorme que hoy es imposible de cumplir. Una vez más, en pos de querer potenciar la exhibición de resultados, el Presidente sobrestimó en casi cuatro millones las vacunas que iban a llegar en enero. Sin dudas, decir una cosa y que suceda otra afecta la credibilidad de cualquier dirigente, por eso es que en la Casa Rosada evalúan empezar a moderar mucho más las afirmaciones que se le dan a la prensa.