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"La única solución que hay es que nos den nuestro terreno"

Más de 70 familias damnificadas por la firma Horizonte permanecen desde el domingo pasado en varios terrenos. El fiscal dispuso suspender el pedido de desalojo, hasta que se estudie los pormenores de la delicada situación.

Miércoles, 13 de octubre de 2021 01:03

La ocupación de un predio conocido como "El Mirador de la Laguna de El Ceibal" de la localidad de San Antonio desde el domingo pasado, suma otro capítulo de tensa calma entre más de 70 familias damnificadas por la empresa inmobiliaria Horizonte Multinivel y la policía de la provincia.

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La ocupación de un predio conocido como "El Mirador de la Laguna de El Ceibal" de la localidad de San Antonio desde el domingo pasado, suma otro capítulo de tensa calma entre más de 70 familias damnificadas por la empresa inmobiliaria Horizonte Multinivel y la policía de la provincia.

En una larga jornada, ayer los damnificados lograron permanecer en el predio luego de haber sido intimados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, tras una reunión que mantuvieron con el representante del MPA.

Las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, permitieron saber que más de 70 familias habrían tomado conocimiento que personas ajenas al conflicto judicial que mantienen con el titular de la firma comercial Julio Aldecoa, planeaban tomar esas tierras y a modo de resguardarlas, se procedió a la ocupación pacífica.

La representante legal de estas familias se había comprometido en entregar un escrito al fiscal natural de esta causa judicial, Diego Funes, quien esta jornada analizará si este instrumente puede ser incorporado al expediente.

"Hemos agotado todas las instancias, por todas las vías correspondientes y solamente queremos lo que es nuestro, somos personas de bien, trabajadoras y queremos cumplir el sueño de tener nuestro hogar, le dijo a nuestro diario, una de las personas que permanecen en el predio de la localidad de San Antonio.

En otro tramo del relato de los damnificados, un hombre dijo que "nosotros no estamos usurpando el terreno de nadie. Compramos lotes de buena fe y vamos a permanecer hasta que nos den alguna solución".

"La única solución que hay, es que nos den nuestros terrenos. Mientras tanto vamos a permanecer en este lugar, hasta ser escuchados por la justicia", dijo otro de los damnificados.

Mientras un grupo de personas permanecía en el predio "El Mirador de la Laguna de El Ceibal" con una custodia policial, otro grupo se reunió en sede del Ministerio Público de la Acusación con el fiscal Aldo Lozano.

"Venimos siendo estafados desde el año 2017. Estamos peleando por algo que nosotros compramos. Esos terrenos se están vendiendo dos, tres o cuatro veces y en el medio de todo esto, quedamos nosotros, gente trabajadora que sueña con tener su casa", dijo una mujer en sede fiscal de avenida Urquiza.

En tanto los efectivos de las Unidades Regionales 6 y 7 desde el domingo pasado están abocados a realizar una guardia en los predios, por disposición de la justicia.

Esta jornada será clave para el futuro del expediente judicial, que tiene a más de 1.500 denunciantes en contra del empresario.

El empresario está acusado por estafas y asociación ilícita

Sobre Julio Aldecoa pesan las imputaciones de supuestas estafas en concurso real (varios hechos) y por la supuesta autoría de liderar una asociación ilícita. Desde el pasado mes de abril Aldecoa tiene prisión preventiva y se encuentra alojado en la Unidad Penal El empresario cordobés está acusado de estafar a más de 1500 familias jujeñas, a quienes les habría vendido terrenos de forma irregular: los ofrecía a precios accesibles pero no los entregaba como correspondía a sus compradores.

ACAMPE / LOS DAMNIFICADOS REUNIDOS EN EL PREDIO.

Además de estas supuestas estafas y manejo de una asociación ilícita, la imputación contra Aldecoa fue ampliada por la Fiscalía e incluye el delito de desbaratamiento de derechos acordados (contenido en el art. 173 inc. 11 del Código Penal) que ocurre cuando el autor hace, por ejemplo, una promesa de venta - puede ser por medio de un boleto de compraventa - a cambio de un precio, y luego no lo entrega. De esta manera, frustra un derecho o deja de cumplir una obligación con el denunciante. La investigación se encuentra en pleno proceso investigativo a cargo del fiscal Diego Funes.