Cuatro jornadas de capacitación para los ayudantes fiscales

En virtud que la ley del Ministerio Público de la Acusación (MPA) prevé la obligación de la capacitación permanente y continua de los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio, es que se llevó a cabo cuatro jornadas de capacitación a ayudantes fiscales en el salón auditórium de El Tribuno de Jujuy.

Como parte de un plan estratégico de gestión de recursos humanos implementado este año y de otros aspectos relacionados con la misión que tiene en la sociedad, "el MPA diseña capacitaciones específicas para las distintas fiscalías ya que tienen competencias materiales diferentes", explicó Sergio Lello Sánchez, fiscal general de la institución en diálogo con El Tribuno.

Cabe destacar que el trabajo del Ministerio Público se estructura sobre tres ejes de acción: la investigación y enjuiciamiento de ilícitos a través de la promoción de acción penal, la resolución alternativa de conflictos y la acción del Centro de Asistencia a la Víctima, ejes que requieren formaciones distintas.

Además, como parte de las especializaciones disponibles informó que ya está en curso una maestría internacional en convenio con la Universidad de Verona, Italia y a través de la Universidad Austral se está gestionando la implementación de una Maestría en Derecho Penal.

Sin embargo, todavía quedan desafíos pendientes por lo que se prevé para la semana que viene una capacitación a fiscales y para la próxima otra destinada a secretarios a fin de avanzar con todos los empleados con encuentros, a través de la plataforma Zoom, para mayor alcance.

Sobre si la institución también está avanzando en la capacitación al personal en justicia con perspectiva de género, destacó que todos los operadores del Ministerio Público aprobaron un curso de aplicación de la Ley Micaela y en cuanto a las fiscalías específicamente indicó que "con el aumento de un fiscal ahora serán tres en la ciudad que se encargarán de las temáticas: violencia de género, violencia sexual y violencia intrafamiliar".

En este marco destacó la reciente implementación de los expedientes digitales, un proyecto conjunto con el Superior Tribunal de Justicia, que permitirá avanzar rápidamente en la tramitación de la causa y por consiguiente en el juicio. "El problema es que hay malas prácticas e inercias que hacen que la investigación penal preparatoria se haga eterna cuando lo que realmente importa es el juicio oral y público y no la investigación. Y eso es una mala práctica de los operadores del sistema", explicó.

En lo que respecta a la descentralización de la Justicia dadas las necesidades de las personas del interior que requieren de estos servicios, el fiscal general informó que se encuentran trabajando en la firma de convenios con centros vecinales.

"Ya hemos firmado veintiún convenios con los centros vecinales abriendo un canal de comunicación directo entre la Fiscalía General y esas instituciones para que nos puedan manifestar las necesidades y los problemas que observan en la gestión de la seguridad pública para nosotros coadyuvar con el trabajo del Ministerio de Seguridad", informó Lello Sánchez tras destacar que lo que se busca es una suerte de control ciudadano respecto al accionar de los policías y de los ayudantes fiscales y demás funcionarios del MPA dado que "los vecinos pueden venir a la Fiscalía General a poner en conocimiento lo que sucede".

En esta línea, recordó que se puso en funcionamiento un canal de denuncias anónimas que no registra el remitente del correo electrónico teniendo en cuenta que muchas personas tienen miedo de hacer la denuncia o bien descreen de la viabilidad y alcance de la misma. Estas denuncias resultan de vital importancia para la conformación del mapa del delito. "Ya tenemos el mapa de la ciudad y ahora vamos a avanzar en el de Perico para la prevención del delito".

Por último, sobre cuáles son las actividades en la que se encuentran trabajando, el fiscal general confirmó la firma de una resolución que, entre otras prácticas, dispone a partir de hoy (por ayer) "guardias presenciales de los fiscales los sábados y domingos en la sede del calle Urquiza con un plantel de funcionarios y empleados para atender las necesidades de modificar prácticas que deben ser erradicadas", explicó.

Esta medida se dispuso como consecuencia de un fallo del Superior Tribunal de Justicia y otro de la Cámara de Apelaciones y de Control Penal que señalan inconsistencias en el funcionamiento del MPA ante algunas prácticas irregulares, observaciones que "son bienvenidas porque sirven para mejorar y optimizar el trabajo vinculado a las medidas coercitivas", concluyó el fiscal general.

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