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El presidente de Bolivia deroga ley rechazada con protestas y paro

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que decidió derogar una ley de blanqueo de capitales que condujo a sectores opositores a realizar protestas y decretar un paro por tiempo indefinido hace seis días.

"Hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1.386, con el objeto de allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía", dijo Arce.

El expresidente Evo Morales, mentor político de Arce, saludó su decisión de revocar la ley, pero dirigentes opositores que estaban detrás del paro se atribuyeron una victoria y dijeron que el Gobierno de Arce es débil y no tiene rumbo.

El jefe de Estado hizo su anuncio en la Casa Grande del Pueblo, la sede de la Presidencia, acompañado por el vicepresidente David Choquehuanca y algunos dirigentes de sectores sociales que respaldan la administración gubernamental.

Las protestas, caracterizadas por marchas y bloqueos de calles, derivaron en enfrentamientos entre manifestantes, la Policía y grupos afines al gobernante partido Movimiento al Socialismo (MAS), y han dejado más de 100 detenidos y varios heridos.

Por su lado, el opositor Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) aseguraba que el Gobierno buscaba mediante la polémica ley el "control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento".

"Saludamos la decisión de nuestro hermano presidente @LuchoXBolivia de abrogar la Ley 1386 junto a las organizaciones sociales que son la base del Proceso de Cambio", escribió Morales en Twitter.

"Nuestra política es gobernar obedeciendo al pueblo y proteger la vida y la economía ante los aprestos golpistas", agregó el exmandatario, que fue derrocado en un golpe de Estado en 2019, se exilió en Argentina y regresó a Bolivia tras la asunción de Arce en 2020.

El opositor gobernador del departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia, Luis Fernando Camacho se atribuyó un triunfo por la derogación de la ley. "Luis Arce quiso camuflar su derrota y dijo que "decidió" abrogar la ley 1386. Falso, no decidió nada, lo hizo porque el pueblo movilizado lo exigió. No tenía opción. Fin del comunicado", señaló por Twitter.

Los principales disturbios ocurrieron en los departamentos de Potosí, en el suroeste del país, y Santa Cruz, bastión opositor, pero también hubo manifestaciones en todo el país.

La cuestionada ley, aprobada en agosto, establecía que la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del extremismo "podrá ser ajustada por el Ejecutivo (...) mediante decreto".

Esto causó inquietud en la oposición, que temía que fuera a ser usada como herramienta de persecución política. El alcalde de la ciudad capital de La Paz, el opositor Iván Aria Durán, que fue ministro del Gobierno que sucedió a Morales, dijo en un tuit que Arce "tuvo que retroceder".

La mirada del Gobierno se puso principalmente en Santa Cruz

El paro de los últimos días de diversos sectores que rechazan al Gobierno ha tenido una vez más como epicentro el departamento de Santa Cruz, considerado el bastión opositor al masismo. Le han secundado en esta semana de conflicto ininterrumpido los contrarios al oficialismo en otras regiones como Potosí, Cocha‑ bamba, Tarija y Chuquisaca, que son donde más se han sentido las movilizaciones de protesta que demandan la abrogación de la Ley 1.386, al considerar que esta atenta contra la propiedad privada y promueve la “venezolanización” o la “cubanización” de Bolivia.

La mirada del Gobierno se puso principalmente en Santa Cruz, ya que en esta región na‑ ció en octubre de 2019 el paro de 21 días, liderado por el entonces líder cívico Luis Fernando Camacho, que se expandió en ese tiempo por todo el país para exigir la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que finalmente dejó el poder el 10 de noviembre de ese año, después de casi 14 años de Gobierno. Los líderes del oficialismo consideran que los cívicos buscan gestar otra vez lo que llaman un “segundo golpe de Estado”, pero los opositores niegan que antes hubo un golpe y aseguran que no lo habrá ahora. También responden que nadie ha pedido la salida de Luis Arce del Gobierno, a solo un año de su mandato de cinco.

La movilización llamada “multisectorial”, porque ha aglutina‑ do principalmente a gremialis‑ tas, transportistas, trabajadores de salud, agropecuarios y cívicos, nació hace un mes y medio con la demanda del retiro del proyecto de ley 218, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, y ha seguido con la exigen‑ cia de la abrogación de la 1.386, definida como una “ley madre” de la anterior. (Fuente Infobae).

Renunció ministro de Educación

El ministro de Educación de Bolivia, Adrián Quelca, renunció ayer al cargo tras ser imputado por la Fiscalía por el supuesto delito de tráfico de influencias durante un proceso de designación de cargos para el sistema educativo, aunque remarcó que tiene “la conciencia tranquila” porque se sabrá la verdad.

Quelca reveló que le entregó su renuncia al presidente Luis Arce, a quien le va a demostrar, prometió, que quienes le acusan “no tienen la razón”. “Algunos comunicadores de los medios de comunicación social han confundido la tarea de la comunicación social, la información, y se han convertido en fiscales, jueces y verdugos; es lamentable. Esas son las razones que aprovechan los elementos de la derecha, la oligarquía, los enemigos de clase, para desvirtuar toda una ges‑ tión administrativa al frente del Ministerio de Educación”, advirtió.

En conferencia de prensa interrumpida varias veces por seguidores que lo aplaudieron, Quelca expresó su “certeza” de que se conocerá la verdad y basó su salida del puesto en que no quiere que “estos hechos” y el proceso judicial que afrontará “sea utilizado para empañar al proceso de cambio” iniciado por el Gobierno. En julio, la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrana, presentó una denuncia contra Quelca y el director de Educación Superior Técnica Tecnológica Lingüística y Artística, Agustín Tarifa, por un supuesto delito de tráfico de influencias en el proce‑ so de designación de cargos directivos, reportaron el diario Página Siete y la agencia DPA.

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