El 9 de diciembre el Senado de la Nación aprobó la modificación de la Ley 26.130 de Contracepción Quirúrgica, que permitía que las personas con discapacidad fueran esterilizadas sin su consentimiento, a pedido de sus familias o representantes legales. Esta norma resultaba violatoria de su derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia basada en género.
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El 9 de diciembre el Senado de la Nación aprobó la modificación de la Ley 26.130 de Contracepción Quirúrgica, que permitía que las personas con discapacidad fueran esterilizadas sin su consentimiento, a pedido de sus familias o representantes legales. Esta norma resultaba violatoria de su derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia basada en género.
Mudeba, la organización jujeña que nuclea a mujeres con discapacidad, celebró la sanción e indicó que esta ley garantiza los derechos que ya habían sido contemplados en la Convención de las Personas con Discapacidad, en el artículo 21, en el que habla de la necesidad de proveer toda la información sobre los derechos que las asisten y en el artículo 23 especifica la eliminación de toda la discriminación hacia las personas con discapacidad.
Yésica Gutiérrez indicó que "era muy doloroso pensar que otros podían decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros planes a largo o cercano plazo, como la posibilidad de maternar, cuando todas las personas tenemos el derecho a elegir cuándo y cómo hacerlo".
"Estas reformas se lograron no sólo con la lucha de las organizaciones de personas con discapacidad sino con el aporte de espacios feministas y espacios que luchan por los derechos de las mujeres con discapacidad. Sentimos que esta es una batalla que hemos ganado y es grato pensar que hoy otras mujeres podrán decidir libremente cómo y cuándo quieren maternar libres de discriminación y desigualdad", agregó Gutiérrez.
La anticoncepción quirúrgica es un método anticonceptivo, y -como cualquier otro- debe ser elegido por quien lo va a utilizar. En virtud del artículo 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Cdpd) tratado con jerarquía constitucional en Argentina, los Estados deben asegurar que estas personas mantengan su fertilidad y puedan decidir libremente el número de hijos e hijas que quieren tener, poniendo fin a la discriminación que enfrentan actualmente en todas las cuestiones relativas a la familia, la paternidad y la maternidad, y las relaciones personales.
Con esta reforma, ya no es posible que prácticas como la vasectomía o la ligadura de trompas se realicen sin informarlas ni contra su voluntad. La nueva redacción de la ley establece que todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para estas intervenciones, a acceder a los apoyos que les permitan consentir en forma autónoma, y a que se adopten salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones.
Esta modificación legislativa fue impulsada por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), Fusa Asociación Civil, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Cladem Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) en el marco del "Proyecto DeSeAr con Inclusión".
La reforma de la Ley 26.130 constituye un paso fundamental para garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas con discapacidad y asegurarles una vida libre de violencia y discriminación.
La falta de información
En esta provincia, la Asociación de Mujeres Derribando Barreras (Mudeba) viene trabajando y luchando por el respeto de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres con discapacidad.
Yésica Gutiérrez, integrante de esta entidad, indicó que hay una marcada necesidad de visibilizar todas las barreras que existen e impiden el acceso a los derechos reproductivos y sexuales, a partir de mitos que limitan el acceso a la información necesaria para vivir la sexualidad plena y segura. "La peor experiencia que podemos tener las mujeres con discapacidad tiene que ver con profesionales de la salud que desconocen que las personas con discapacidad son como cualquier otra persona y que necesitan información. Otra barrera es el desconocimiento de los familiares, por ahí son otros prejuicios que juegan y hacen que esos derechos se vean vulnerados", agregó.
Yésica comentó que hasta no hace mucho tiempo muchas familias creían que les hacen un bien a las mujeres con discapacidad al solicitar la esterilización, creen que es una forma de protegerlas, pero en realidad lo que se está haciendo es vulnerar sus derechos. Por esta razón celebró la modificación de la ley que garantiza los derechos de las mujeres con discapacidad.