Según el Proyecto Mirar, que monitoreó en todo el país la aplicación de la Ley de la IVE y la atención posaborto, el acceso a la práctica en hospitales y centros de salud mejoró respecto de 2019, aunque se observan fuertes desigualdades entre provincias. La tasa de aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por cada 1.000 mujeres, indica que la media nacional se ubicó en 3,2 y en Jujuy fue del 4,2, lo que la ubica como la tercera provincia del país, teniendo por delante a Caba con 5,6 y Tierra del Fuego con 4,3.
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Según el Proyecto Mirar, que monitoreó en todo el país la aplicación de la Ley de la IVE y la atención posaborto, el acceso a la práctica en hospitales y centros de salud mejoró respecto de 2019, aunque se observan fuertes desigualdades entre provincias. La tasa de aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por cada 1.000 mujeres, indica que la media nacional se ubicó en 3,2 y en Jujuy fue del 4,2, lo que la ubica como la tercera provincia del país, teniendo por delante a Caba con 5,6 y Tierra del Fuego con 4,3.
El 30 del corriente se cumple un año de la sanción de la ley de aborto legal en Argentina, con la que el acceso a la práctica en hospitales y centros de salud mejoró respecto a 2019, pero todavía se observan fuertes desigualdades entre provincias, de acuerdo con un monitoreo sobre aplicación de la norma y atención posaborto.
El Proyecto Mirar monitoreó en todo el país la aplicación de la Ley 27.610 de la IVE y atención posaborto, a través de indicadores y de la experiencia de actoras claves de las políticas y de la provisión de servicios de aborto.
El monitoreo develó también las desigualdades entre las provincias, ya que la tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por cada 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones.
Mientras que la media nacional se ubicó en 3,2, tomando solo datos oficiales (3 de cada 1.000 mujeres tuvieron un aborto en el primer semestre del 2021), en Caba fue de 5,6 y en Tierra del Fuego del 4,3; Jujuy con 4,2, mientras que en el otro extremo de la tabla están Chaco con 0,9 y Formosa con 0,6.
En Jujuy esta tasa se ubica un punto por encima de la media nacional, que es de 3,2, siendo la de esta provincia de 4,2, con 853 secuencias IVE registradas durante el primer semestre de este año.
Según el relevamiento, durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE (interrrupción voluntaria o interrupción legal del embarazo) en los servicios de salud del sector público. En el mismo período, 6.517 personas contactaron a Socorristas en Red para solicitar información en distintos puntos. De ellas, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.
Misoprostol
Otro de los datos proporcionados por el informe es la cantidad de tratamientos con Misoprostol distribuidos por la Dnssr del Ministerio de Salud de la Nación. Mientras que en 2019 se distribuyeron 9.941, en 2020 se repartieron 18.590, y durante el primer semestre de 2021, 18.820 tratamientos.
Esto refleja un importante salto cualitativo en las cantidades de tratamientos de Misoprostol distribuidos por el Ministerio de Salud de la Nación y la voluntad política de generar condiciones de ampliación de acceso y calidad de atención, así como la fuerza y el apoyo que da la legalidad.
Asistencia requerida
En el primer semestre del 2021, 6.517 personas contactaron a la red de salud comunitaria Socorristas en Red, de las cuales el 24% residía en Buenos Aires, 20% en la región Noroeste, 19% en la región Centro, 18% en la Patagonia, 9% en Cuyo y 9% en el Litoral. Seis de cada diez tenían entre 18 y 28 años y 4% eran menores de 18 años.
No obstante, el informe resalta que la disponibilidad de información es todavía frágil y por sobre esto, la información que se recolecta ordinariamente se consolida hacia fin de año y se publica en el primer trimestre del año subsiguiente.
"Argentina es un país desigual en muchos aspectos. También lo es respecto de las condiciones de factibilidad para implementar la nueva ley. Las realidades sociales y políticas locales plantean escenarios y marcan ritmos distintos para esa implementación", explicó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes.
Por ello, desde Proyecto Mirar insisten en que el sistema de registro IVE/ILE es todavía poco robusto, y se espera que el sistema de información se vaya consolidando durante la primera etapa de implementación de la política de acceso.
En materia de política pública, consideran que resulta fundamental continuar la difusión de lo que marca la ley en todas las jurisdicciones, y contar con la decisión política para sortear eventuales barreras que afecten el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo.
Reconocimiento de un derecho
Proyecto Mirar analizó el entorno normativo, la oferta de servicios, la demanda, la calidad de la atención y los resultados de la aplicación de la normativa que reconoce el derecho de cada persona gestante a acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce inclusive (IVE), sin tener que compartir motivos, y a partir de la semana quince en los casos en los que se cumple alguna de las causales previstas (Interrupción Legal del Embarazo - ILE). El relevamiento fue en todas las pro‑ vincias del país.
Fue impulsado por dos intituciones, Cedes e Ibis. Cedes es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1975 que se dedica a desarrollar actividades de investigación en ciencias sociales. Su misión es formar recursos humanos en investigación guiados por estándares de calidad y el compromiso de contribuir al debate social, al diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas, la formulación de marcos normativos, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la incidencia informada.
En tanto, Ibis es una organización no gubernamental que impulsa cambios para mejorar la salud reproductiva y sexual a través de investigaciones rigurosas y colaboraciones basadas en principios que avanzan la autonomía, decisiones y justicia en la salud sexual y reproductiva.