En la jornada de ayer, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación convocaron a una conferencia de prensa, donde respondieron a una acusación por parte de una abogada que se desempeña en el organismo judicial.
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En la jornada de ayer, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación convocaron a una conferencia de prensa, donde respondieron a una acusación por parte de una abogada que se desempeña en el organismo judicial.
El fiscal Diego Funes fue el encargado de leer para los medios el comunicado.
"Los abajo firmantes, fiscales del Ministerio Público de la Acusación nos dirigimos a la comunidad para responder a las acusaciones efectuadas en distintos medios en contra del MPA en general y en particular, contra los fiscales Sergio Enrique Lello Sánchez y Diego Cussel.
Una funcionaria manifestó en distintos medios, haber sido víctima de violencia laboral y de género, por los cambios de lugares en los que prestaba servicios.
Los cambios de lugares a los que alude, fueron efectuados por solicitud expresa de los titulares de las fiscalías correspondientes, por los motivos que obran en el legajo de la funcionaria y respondieron a razones de servicio y preservación de la salud de la funcionaria.
Estos cambios fueron consentidos por la misma, pues no han sido cuestionados por las vías legales correspondientes en tiempo y forma.
La funcionaria con su proceder, ha desconocido la ley de creación del MPA, las normas legales dictadas en consecuencia, el sistema acusatorio vigente en el Código Procesar Penal de la provincia y los mecanismos institucionales.
Afectando con su conducta a la Institución de la cual formamos parte, motivo por el cual repudiamos todas las declaraciones públicas que efectuara y manifestamos nuestra solidaridad con los magistrados atacados en forma maliciosa y falaz.
Negamos enfáticamente que en el MPA existan prácticas institucionales de violencia de género y en particular por parte de los magistrados referidos.
Desde el año 2016 el funcionamiento del MPA ha producido un salto cualitativo en el rol que les cabe a los fiscales dentro de la administración de justicia. Sobre todo a lo vinculado con las permanentes capacitaciones de los operadores y especialmente en las prácticas vinculadas a cuestiones de género. Cumpliendo de esta manera con las prescripciones de la Ley 27.499 denominada Ley Micaela.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar y observamos con preocupación la llamativa pretensión de convertir un sumario administrativo contra una funcionaria, en un motivo de gravedad y ataque institucional", concluye el comunicado.