Las autoridades chilenas sancionaron a dos laboratorios por producir píldoras anticonceptivas defectuosas que fueron distribuidas en hospitales públicos y han sido vinculadas con más de un centenar de embarazos no deseados.
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Las autoridades chilenas sancionaron a dos laboratorios por producir píldoras anticonceptivas defectuosas que fueron distribuidas en hospitales públicos y han sido vinculadas con más de un centenar de embarazos no deseados.
En concreto, el Instituto de Salud Pública (ISP) sancionó a los Laboratorios Silesia S.A. y Andrómaco S.A. con una multa conjunta de 66 millones de pesos chilenos (aproximadamente USD 92.000).
Según el ISP, se decidió presentar las multas contra los laboratorios por “sus responsabilidades en la distribución y fabricación” de píldoras que presentaron “problemas de calidad”.
El caso tomó relevancia pública luego que 111 mujeres presentaran una denuncia tras haber quedado embarazadas pese a estar realizando tratamientos anticonceptivos con sus pastillas.
El caso de Valentina
Valentina Donoso es una de las afectadas. “Un día me llamaron de mi centro médico para avisarme que había unos lotes en mal estado, pero mis píldoras no correspondían a esas cajas y me quedé tranquila”, explicó.
La joven, llevaba tres meses bajo tratamiento de planificación familiar administrado en un hospital público de Chile. Sin embargo, al pasar los días confirmó sus sospechas. Una negligencia farmacológica había truncado sus planes de vida: conseguir estabilizarse laboralmente como estilista y dedicarse a atender a su segunda hija, de tres años, que tiene problemas de salud.
Entre marzo y septiembre del 2020, el ISP emitió una alerta porque ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas estaban defectuosos y se habían distribuido o estaban en camino a serlo. Ante ello, la entidad suspendió su reparto y ordenó que fueran retiradas del mercado.
Sin embargo, tras esta orden del organismo, días después se publicó otra resolución que aprobaba la distribución de los blísters de Anulette CD (del laboratorio Silesia), que estaban en los recintos de salud, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables. Por medio de un comunicado, la institución manifestó que una vez que un producto farmacéutico ingresa al registro, “corresponde al titular del registro y a sus responsables técnicos dar fe de que este se elabore, produzca e importe cumpliendo las especificaciones”.
Búsqueda de justicia
La organización de derechos humanos Corporación Miles fue la primera que empezó a alzar la voz en agosto del pasado año sobre estos casos y se ha mostrado insatisfecha ante las multas y la poca ayuda que han recibido las víctimas al respecto.
En conjunto con la plataforma feminista Women’s Link Worlwide, la corporación elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para seguir buscando justicia y ayuda hacia las mujeres afectadas.
Por medio de un mensaje publicado en Twitter, la Corporación Miles manifestó que la multa es hacia los laboratorios, pero “no es dinero directo a las víctimas”. Por lo tanto, la organización anunció que se seguirá buscando instancias para buscar “indemnización para ellas”.
Cabe destacar que muchas de las mujeres afectadas serían de escasos recursos a las que se les habría negado la posibilidad de abortar, debido a que no se cumplía con ninguna de las tres causales a las que se accede a interrumpir voluntariamente el embarazo en Chile: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.