A medida que avanza la investigación penal preparatoria por la muerte de una empleada de la empresa call center Telesistemas SRL que pertenece a la familia Cammuso, surgieron nuevas declaraciones ante el fiscal que entiende la causa, que comprometen cada vez a los responsables de la firma comercial.
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A medida que avanza la investigación penal preparatoria por la muerte de una empleada de la empresa call center Telesistemas SRL que pertenece a la familia Cammuso, surgieron nuevas declaraciones ante el fiscal que entiende la causa, que comprometen cada vez a los responsables de la firma comercial.
Nuestro diario tuvo acceso a la declaración de la esposa de un empleado, quien en julio del año pasado realizó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, expresando que los dueños y encargados de la empresa obligaban a los trabajadores a ir a trabajar aún manifestando síntomas compatibles con coronavirus y que desde que se declaró la emergencia sanitaria (20 de marzo) hasta la muerte de Elisabeth del Valle Pérez (9 de octubre), los empleados no recibieron ni capacitación ni los lugares de trabajo contaban con elementos de bioseguridad.
Según la declaración testimonial, la respuesta no tardó en llegar por parte de Eduardo Cammuso y mediante una carta documento, le dio un plazo de 48 horas para desmentir su denuncia, bajo las amenazas de despedir a su esposo.
Hay que decir que más de una decena de empleados y exempleados que se hicieron presentes ante el fiscal para denunciar las irregularidades, coincidieron en sus relatos que eran "apretados" con escribanos y abogados y eran obligados a firmar cursos y capacitaciones que jamás existieron, con las amanazas de ser despedidos.
En la denuncia penal, la mujer hizo referencia a que tomó conocimiento que varios empleados de la planta transmisora fueron obligados a trabajar aún presentando síntomas compatibles con coronavirus y que además no se respetó la licencia profiláctica para las personas que transitaron la enfermedad.
También se desprendió que luego de la muerte de Pérez, que les imploró a sus superiores trabajar desde su casa porque era paciente de riesgo y sin embargo nunca se le permitió, hasta que se contagió de coronavirus y murió, la "patrulla" nocturna de abogados y escribanos obligaron a firmar a todos los empleados supuestas capacitaciones y cursos de bioseguridad que nunca se realizaron. Entre los cursos que los empleados fueron obligados a firmar, fue una jornada virtual de prevención de incendios.
Hasta el momento Natalia Cammuso, junto a otras tres personas, está imputada por la supuesta autoría del delito de amenazas coactivas (4 hechos) en concurso real, pero además la empresaria es la única persona en la provincia investigada por el artículo 205 del Código Penal (por propagar el Covid) y su situación se puede agravar en los próximos días, cuando el juez de Control resuelva si Cammuso es imputada por "homicidio culposo".