Tras el discurso de Alberto, el Banco Central pidió una auditoría sobre la deuda con el FMI

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, pidió una auditoría a la OA y la SIGEN para que determinen si el acuerdo que hizo Mauricio Macri con el FMI generó un perjuicio al Estado. Fue tras el discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, en el que dijo que iba a instruir a sus equipos para realizar una denuncia criminal contra Macri por malversación fraudulenta, por la deuda de 44 mil millones de dólares que adquirió con el organismo.

El Central pidió “la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018 y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.

Los argumentos
En el pedido de investigación se indica que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados la Presidencia de Mauricio Macri con el Fondo “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el FMI”.

Según el BCRA, del primer acuerdo surge la “ausencia de dictamen jurídico previo” a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico.

Banco Central
El Banco Central inició las acciones contra la administración de Mauricio Macri por la deuda con el Fondo.
Esto posteriormente se intentó subsanar con un dictamen que se limitó a analizar si el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al FMI, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese organismo.

En un comunicado, el Central aclara que “ese dictamen posterior a la firma no se pronuncia sobre las cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de la Carta de Intención con el FMI: si el Poder Ejecutivo y en especial el Ex Ministerio de Hacienda, era competente para decidir y formalizar una operación de crédito público de esas características”.

“Según la legislación vigente (como las leyes 11.672 permanente de Presupuesto, 19.549 de Procedimiento Administrativo y 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) el PEN no tendría facultades para la firma del acuerdo”, advierte el BCRA.

El segundo acuerdo
Y agrega: “En el segundo acuerdo con el FMI se incorporó el dictamen previo, pero sin entrar a considerar si, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, los órganos que decidieron su ampliación y tales modificaciones, estaban facultados para tomar dicha decisión”.

Entre la documentación aportada por el organismo monetario está el informe: “Mercado de cambios, deuda y formación de Activos externos 2015-2019” que elaboró el BCRA en marzo de 2020 por pedido del Presidente Alberto Fernández.

Este informe establece que “entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de u$s 44,5 mil millones. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones…”

En el comunicado, la entidad presidida por Miguel Pesce señala que “el artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 dice textualmente: `Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo´”.

El comunicado finaliza indicando que “la administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas, cuantitativamente muy importante. Con la documentación presentada, la SIGEN y la Oficina Anticorrupción deberán determinar si existieron los incumplimientos, la existencia de perjuicio para el patrimonio público y las responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI durante el año 2018”.

 

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