Tras varias semanas de soportar un escarnio mediático y político de abultadas magnitudes, el Gobierno consiguió lo que venía buscando de forma obsesiva: instalar otro tema lo suficientemente polémico en la agenda pública como para desviar la atención del escándalo por las vacunas VIP. El eje elegido para eso -los cambios en el Poder Judicial- no es muy novedoso, pero no por eso es poco efectivo, ya que allí se juega buena parte de la suerte de la vicepresidente Cristina Kirchner, del expresidente Mauricio Macri y de varios ministros de ambos Gabinetes. Hace días que el debate político del oficialismo ronda casi exclusivamente sobre las reformas en Comodoro Py, el nombramiento de jueces que generan controversia y las críticas hacia el presunto “lawfare”.
¿Por qué el Presidente hace tanto hincapié en un asunto tan alejado de las prioridades de la población? Sencillo: porque las críticas que recibe por un supuesto intento de colonizar la Justicia le son ajenas a buena parte de la sociedad y lograron mantener a la oposición distraída más en eso que en los vacunados truchos o en la caótica situación de Formosa. Juntos por el Cambio atraviesa un dilema muy complejo en relación a este tema, y por eso la disparidad de posturas se hace tan evidente de cara a la opinión pública. Horacio Rodríguez Larreta, el principal candidato opositor a la presidencia, fue duramente criticado esta semana por amontonar personas de más de ochenta años para vacunarse en el Luna Park, y ya venía siendo cuestionada su decisión de privatizar una parte del plan de inmunización en las obras sociales. Si a eso se le suma que el ministro de Salud de Corrientes (gobernada por el radical Gustavo Váldez) fue hallado con novecientas dosis en su camioneta, el discurso de Juntos por el Cambio empieza a verse peligrosamente diluido y condicionado.
No hay dudas de que el Gobierno logró, en buena medida, su objetivo principal de cara a recuperar la iniciativa política que había perdido desde la salida de Ginés González García. El tema es cuál será ahora la oferta positiva que seduzca al electorado pensando en los comicios de medio término, que insólitamente aún se desconoce si incluirán las Paso o no. Con una vacunación exasperantemente lenta y un consumo que no logra repuntar, los arquitectos políticos del Frente de Todos tienen una ardua tarea hacia adelante. “Es el momento de empezar a mostrar hechos concretos como la ayuda de Alberto con el tema de los incendios, el avance que tendrán los trabajadores con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y también con un plan de obras públicas que está empezando a tener resultados”, indicó ayer a El Tribuno un dirigente que conoce muy bien al Presidente.
Según la consultora Real Time Data, en febrero la imagen de Alberto Fernández cayó cinco puntos y por primera vez registró un índice menor al cuarenta por ciento. El Presidente mantiene un nivel de aceptación razonable, pero no debe dormirse en los laureles. Más allá de eso, hay un dato muy llamativo en ese sondeo: un cuarto de los votantes del Frente de Todos se siente desilusionado con la gestión nacional.
El sólo hecho de que el Ministerio de Justicia esté todavía virtualmente acéfalo no es un dato menor, ya que se trata de la cartera que más desvela a Cristina Kirchner. Altas fuentes oficiales consultadas atribuyeron esa demora a que “Alberto quiere evaluar bien quien será el que viene para evitar ser nuevamente criticado por ‘regalarle’ otro ministerio a su vicepresidenta”. El nombre del rionegrino Martín Soria sigue sonando fuerte pero se lo asocia demasiado con el Instituto Patria, lo que podría convertirlo rápidamente en blanco de todas las críticas y también esmerilar aún más la figura del jefe de Estado. Por eso, en las próximas horas se conocerá si será él o alguna persona de menor exposición que no se asocie directamente con Cristina pero que, obviamente, responda a sus intereses y pensamientos judiciales.
Cerca de la vicepresidente aseguraron a este diario que “la decisión será tomada por Alberto, pero que nadie pone en duda que Juan Martín Mena continuará ejerciendo un rol clave como operador judicial”. Mena es un hombre de máxima confianza de la exjefa del Estado que muchas veces ostentó un poder superior al de su jefe. El exsegundo de la AFI no es el único vocero de Cristina en la Justicia, sino que es acompañado por el hermano de “Wado” De Pedro, quien conduce el Consejo de la Magistratura. Es evidente que para Cristina el cargo de ministro de Justicia tiene una importancia más que relativa.
El presidente Alberto Fernández sabe que en materia económica por ahora hay poco para mostrar, ya que la inflación va camino al 50 por ciento anual, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue por el piso y, encima, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se resolverá recién después de las elecciones. Ese último punto es de una importancia superlativa, ya que la incertidumbre sobre un eventual default de la Argentina no se termina de despejar y eso volvió a elevar el famoso Riesgo País. Otra vez, como es costumbre en Argentina, el crédito privado está virtualmente paralizado, lo que tiene un impacto directo en la ausencia de nuevas inversiones y, por ende, de nuevos puestos laborales. Si a eso se le suma que a partir de este mes comienzan a llegar las tarifas con aumento, que se descongela el precio de los alquileres y que el combustible sigue subiendo sin parar, será muy difícil para el Gobierno ponerle un techo a la inflación, que en febrero volvió a revelar una cifra preocupante.
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Tras varias semanas de soportar un escarnio mediático y político de abultadas magnitudes, el Gobierno consiguió lo que venía buscando de forma obsesiva: instalar otro tema lo suficientemente polémico en la agenda pública como para desviar la atención del escándalo por las vacunas VIP. El eje elegido para eso -los cambios en el Poder Judicial- no es muy novedoso, pero no por eso es poco efectivo, ya que allí se juega buena parte de la suerte de la vicepresidente Cristina Kirchner, del expresidente Mauricio Macri y de varios ministros de ambos Gabinetes. Hace días que el debate político del oficialismo ronda casi exclusivamente sobre las reformas en Comodoro Py, el nombramiento de jueces que generan controversia y las críticas hacia el presunto “lawfare”.
¿Por qué el Presidente hace tanto hincapié en un asunto tan alejado de las prioridades de la población? Sencillo: porque las críticas que recibe por un supuesto intento de colonizar la Justicia le son ajenas a buena parte de la sociedad y lograron mantener a la oposición distraída más en eso que en los vacunados truchos o en la caótica situación de Formosa. Juntos por el Cambio atraviesa un dilema muy complejo en relación a este tema, y por eso la disparidad de posturas se hace tan evidente de cara a la opinión pública. Horacio Rodríguez Larreta, el principal candidato opositor a la presidencia, fue duramente criticado esta semana por amontonar personas de más de ochenta años para vacunarse en el Luna Park, y ya venía siendo cuestionada su decisión de privatizar una parte del plan de inmunización en las obras sociales. Si a eso se le suma que el ministro de Salud de Corrientes (gobernada por el radical Gustavo Váldez) fue hallado con novecientas dosis en su camioneta, el discurso de Juntos por el Cambio empieza a verse peligrosamente diluido y condicionado.
No hay dudas de que el Gobierno logró, en buena medida, su objetivo principal de cara a recuperar la iniciativa política que había perdido desde la salida de Ginés González García. El tema es cuál será ahora la oferta positiva que seduzca al electorado pensando en los comicios de medio término, que insólitamente aún se desconoce si incluirán las Paso o no. Con una vacunación exasperantemente lenta y un consumo que no logra repuntar, los arquitectos políticos del Frente de Todos tienen una ardua tarea hacia adelante. “Es el momento de empezar a mostrar hechos concretos como la ayuda de Alberto con el tema de los incendios, el avance que tendrán los trabajadores con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y también con un plan de obras públicas que está empezando a tener resultados”, indicó ayer a El Tribuno un dirigente que conoce muy bien al Presidente.
Según la consultora Real Time Data, en febrero la imagen de Alberto Fernández cayó cinco puntos y por primera vez registró un índice menor al cuarenta por ciento. El Presidente mantiene un nivel de aceptación razonable, pero no debe dormirse en los laureles. Más allá de eso, hay un dato muy llamativo en ese sondeo: un cuarto de los votantes del Frente de Todos se siente desilusionado con la gestión nacional.
El sólo hecho de que el Ministerio de Justicia esté todavía virtualmente acéfalo no es un dato menor, ya que se trata de la cartera que más desvela a Cristina Kirchner. Altas fuentes oficiales consultadas atribuyeron esa demora a que “Alberto quiere evaluar bien quien será el que viene para evitar ser nuevamente criticado por ‘regalarle’ otro ministerio a su vicepresidenta”. El nombre del rionegrino Martín Soria sigue sonando fuerte pero se lo asocia demasiado con el Instituto Patria, lo que podría convertirlo rápidamente en blanco de todas las críticas y también esmerilar aún más la figura del jefe de Estado. Por eso, en las próximas horas se conocerá si será él o alguna persona de menor exposición que no se asocie directamente con Cristina pero que, obviamente, responda a sus intereses y pensamientos judiciales.
Cerca de la vicepresidente aseguraron a este diario que “la decisión será tomada por Alberto, pero que nadie pone en duda que Juan Martín Mena continuará ejerciendo un rol clave como operador judicial”. Mena es un hombre de máxima confianza de la exjefa del Estado que muchas veces ostentó un poder superior al de su jefe. El exsegundo de la AFI no es el único vocero de Cristina en la Justicia, sino que es acompañado por el hermano de “Wado” De Pedro, quien conduce el Consejo de la Magistratura. Es evidente que para Cristina el cargo de ministro de Justicia tiene una importancia más que relativa.
El presidente Alberto Fernández sabe que en materia económica por ahora hay poco para mostrar, ya que la inflación va camino al 50 por ciento anual, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue por el piso y, encima, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se resolverá recién después de las elecciones. Ese último punto es de una importancia superlativa, ya que la incertidumbre sobre un eventual default de la Argentina no se termina de despejar y eso volvió a elevar el famoso Riesgo País. Otra vez, como es costumbre en Argentina, el crédito privado está virtualmente paralizado, lo que tiene un impacto directo en la ausencia de nuevas inversiones y, por ende, de nuevos puestos laborales. Si a eso se le suma que a partir de este mes comienzan a llegar las tarifas con aumento, que se descongela el precio de los alquileres y que el combustible sigue subiendo sin parar, será muy difícil para el Gobierno ponerle un techo a la inflación, que en febrero volvió a revelar una cifra preocupante.