El diputado Pedro Torres, del Bloque Justicialista, presentó un proyecto de ley que impulsa la creación del Consejo del Salario para miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia, Policía y Servicio Penitenciario.
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El diputado Pedro Torres, del Bloque Justicialista, presentó un proyecto de ley que impulsa la creación del Consejo del Salario para miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia, Policía y Servicio Penitenciario.
La iniciativa propone una mesa de negociación salarial y condiciones laborales en la que estén presentes autoridades del Ejecutivo provincial del área de Hacienda, el Ministerio de Seguridad, de Trabajo y representantes del personal subalterno, jefatura y retirados.
Pedro Torres indicó que su experiencia laboral como miembro de las fuerzas de seguridad le brindaron el conocimiento necesario para poder elaborar esta iniciativa de ley de una herramienta muy necesaria para las fuerzas de seguridad.
"Durante mucho tiempo hemos escuchado las constantes amenazas de un posible acuartelamiento ante la necesidad de negociar mejoras salariales, esta ley permitiría superar esa instancia y garantizar a los integrantes de la fuerza una discusión sobre su situación salarial y laboral", agregó.
El legislador calificó la norma como "una herramienta saludable" para el personal de seguridad. De lograrse el consenso necesario para su aprobación sería una norma de avanzada, ya que en Argentina no existen formas de representación de las fuerzas de seguridad con motivo de negociación salarial.
Hoy ninguna policía en la Argentina, ya sea nacional o provincial, tiene personería gremial: el Ministerio de Trabajo de la Nación rechazó todas las solicitudes de inscripción presentadas con esa intención.
En los considerandos de los rechazos, el Ministerio dejó asentado que "la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías".
Algunos dirigentes sindicales, como Víctor De Gennaro, también diputado nacional por Unidad Popular, argumentaron, sin embargo, que es un derecho constitucional que se le está negando a una parte de la población. La Constitución, en el artículo 14 bis, establece que "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial".
Este derecho está reglamentado por la Ley 23.551 que garantiza, entre otras cosas, el derecho a huelga. El Ministerio de Trabajo presenta esto como una de las razones para negarle la personería, puesto que luego no podría impedir las huelgas, y ello pondría en riesgo la seguridad pública. Otro punto conflictivo es la autonomía que otorga la ley a los sindicatos. Un sindicato debe tener autonomía de actuación respecto del Estado, pero la fuerza policial no es independiente del Estado por lo que no puede tener un sindicato.