El presidente Alberto Fernández hizo lo que tenía que hacer, aunque eso tenga un costo político muy severo en el medio de la campaña. Con más de 35 mil casos por día, un promedio de quinientos muertos cada 24 horas y muchas aglomeraciones en lugares públicos, el mandatario cerró la actividad económica, sacó a los chicos de las escuelas y restringió fuertemente todas las actividades sociales en casi todas las provincias del país. Pese a no estar aprobada la ley que regula la emergencia por la pandemia, es la primera vez en muchos meses que un decreto presidencial tiene tanto acatamiento por parte de los gobernadores.
En caso de no forzar una cuarentena estricta, que había sido rechazada por el mandatario horas antes del anuncio, la posibilidad de un colapso en los hospitales públicos y clínicas privadas ya dejaría de ser una peligrosa amenaza para transformarse en una triste realidad. En el Gobierno no quieren imágenes de personas muriendo en sus casas o acaparando los medios de comunicación con denuncias de abandono de persona como pudieron observarse las últimas semanas en algunos distritos. Una situación de ese calibre podría llegar a tener un impacto electoral mucho peor para el Gobierno que la crisis económica, de la que responsabilizan directamente a los efectos de la pandemia y a los desmanejos del Gobierno.
El anuncio de la vuelta a la fase 1 -aunque no les guste llamarlo así- era inevitable en la actualidad, pero esconde una serie de factores que pudieron haber contribuido a limitar la catástrofe que transita la Argentina por estas horas. Curiosamente nadie en el Gobierno habla de fortalecer la estrategia de testeos, que oscilan entre los 73 mil y 95 mil pruebas al día, y que genera una dispersión del virus que pone en jaque a cualquier otra política para mitigar al Covid-19. Mientras no haya al menos trescientos mil testeos cada 24 horas, tener una eficaz política de aislamiento de los contagios será imposible pese a cualquier tipo de cuarentena. La preocupación del Presidente, quien acordó esta medida con Cristina Kirchner, tiene una explicación aún más escabrosa: si se testearían 300 mil personas al día -con una tasa de positividad del 35% como la actual-, Argentina podría llegar a reportar alrededor de 105 mil contagios diarios.
En su cadena nacional, Alberto no le dedicó ni un párrafo al tema, como si no hiciesen falta medidas adicionales además del aislamiento para contener al virus. ¿Se trata de un problema económico? ¿Hay dificultades para la compra de los test? ¿Existe desconfianza en los falsos negativos? Ninguna de esas preguntas fue respondida por los funcionarios del Ministerio de Salud para argumentar las causas de la escasez de testeos en la Argentina. “Nosotros testeamos de forma inteligente, no creemos en los testeos masivos. A nadie que tenga síntomas se le niega una prueba”, explicó a El Tribuno un estrecho colaborador de la ministra Carla Vizzotti. Es evidente que el Gobierno no prevé mayores cambios en este rubro. En relación al proceso de vacunación, donde sólo el cinco por ciento de la población tiene el esquema completo, también surgen varios interrogantes que no terminan de entenderse. ¿Por qué motivo hay casi dos millones de dosis sin aplicar en el país que están guardadas en freezers? ¿Faltan enfermeros? ¿Los problemas tienen que ver con el transporte? ¿No hay suficientes centros de vacunación? ¿A qué se atribuye que los fines de semana se vacune poco y nada en Argentina? Preguntas, preguntas y más preguntas.
Lo cierto es que el Gobierno habla permanentemente del abastecimiento de dosis pero no explicita un plan para agilizar la campaña de vacunación. Justo en estos días llegarán cuatro millones de dosis de AstraZeneca y también se esperan más vacunas desde Rusia, con lo cual el número de vacunas sin aplicar podría incrementarse dramáticamente si no se cambia la estrategia actual.
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El presidente Alberto Fernández hizo lo que tenía que hacer, aunque eso tenga un costo político muy severo en el medio de la campaña. Con más de 35 mil casos por día, un promedio de quinientos muertos cada 24 horas y muchas aglomeraciones en lugares públicos, el mandatario cerró la actividad económica, sacó a los chicos de las escuelas y restringió fuertemente todas las actividades sociales en casi todas las provincias del país. Pese a no estar aprobada la ley que regula la emergencia por la pandemia, es la primera vez en muchos meses que un decreto presidencial tiene tanto acatamiento por parte de los gobernadores.
En caso de no forzar una cuarentena estricta, que había sido rechazada por el mandatario horas antes del anuncio, la posibilidad de un colapso en los hospitales públicos y clínicas privadas ya dejaría de ser una peligrosa amenaza para transformarse en una triste realidad. En el Gobierno no quieren imágenes de personas muriendo en sus casas o acaparando los medios de comunicación con denuncias de abandono de persona como pudieron observarse las últimas semanas en algunos distritos. Una situación de ese calibre podría llegar a tener un impacto electoral mucho peor para el Gobierno que la crisis económica, de la que responsabilizan directamente a los efectos de la pandemia y a los desmanejos del Gobierno.
El anuncio de la vuelta a la fase 1 -aunque no les guste llamarlo así- era inevitable en la actualidad, pero esconde una serie de factores que pudieron haber contribuido a limitar la catástrofe que transita la Argentina por estas horas. Curiosamente nadie en el Gobierno habla de fortalecer la estrategia de testeos, que oscilan entre los 73 mil y 95 mil pruebas al día, y que genera una dispersión del virus que pone en jaque a cualquier otra política para mitigar al Covid-19. Mientras no haya al menos trescientos mil testeos cada 24 horas, tener una eficaz política de aislamiento de los contagios será imposible pese a cualquier tipo de cuarentena. La preocupación del Presidente, quien acordó esta medida con Cristina Kirchner, tiene una explicación aún más escabrosa: si se testearían 300 mil personas al día -con una tasa de positividad del 35% como la actual-, Argentina podría llegar a reportar alrededor de 105 mil contagios diarios.
En su cadena nacional, Alberto no le dedicó ni un párrafo al tema, como si no hiciesen falta medidas adicionales además del aislamiento para contener al virus. ¿Se trata de un problema económico? ¿Hay dificultades para la compra de los test? ¿Existe desconfianza en los falsos negativos? Ninguna de esas preguntas fue respondida por los funcionarios del Ministerio de Salud para argumentar las causas de la escasez de testeos en la Argentina. “Nosotros testeamos de forma inteligente, no creemos en los testeos masivos. A nadie que tenga síntomas se le niega una prueba”, explicó a El Tribuno un estrecho colaborador de la ministra Carla Vizzotti. Es evidente que el Gobierno no prevé mayores cambios en este rubro. En relación al proceso de vacunación, donde sólo el cinco por ciento de la población tiene el esquema completo, también surgen varios interrogantes que no terminan de entenderse. ¿Por qué motivo hay casi dos millones de dosis sin aplicar en el país que están guardadas en freezers? ¿Faltan enfermeros? ¿Los problemas tienen que ver con el transporte? ¿No hay suficientes centros de vacunación? ¿A qué se atribuye que los fines de semana se vacune poco y nada en Argentina? Preguntas, preguntas y más preguntas.
Lo cierto es que el Gobierno habla permanentemente del abastecimiento de dosis pero no explicita un plan para agilizar la campaña de vacunación. Justo en estos días llegarán cuatro millones de dosis de AstraZeneca y también se esperan más vacunas desde Rusia, con lo cual el número de vacunas sin aplicar podría incrementarse dramáticamente si no se cambia la estrategia actual.
La economía
La duda, ahora, es de qué forma se podrá salir decorosamente de esta situación sin llevar a la quiebra nuevamente a pequeños empresarios, comerciantes, dueños de gimnasios, trabajadores gastronómicos y operadores turísticos, que ya vienen muy golpeados desde el año pasado.
Hay que recordar que, después de Perú, Argentina fue en 2020 el país sudamericano con mayor retracción en su economía, dejando al PBI en los mismos niveles de la década del setenta, pero a diferencia del año anterior, en 2021 la inflación se proyecta cercana al cincuenta por ciento anual, unos catorce puntos más que en ese momento.
En ese contexto, el cierre de las exportaciones de carne para reducir los precios en el mercado local parece más una medida destinada a la tribuna que a un combate efectivo contra la inflación, que es la explicación de fondo para este debate. El Presidente dijo durante la campaña y también una vez asumido que la Argentina crecerá exportando, por lo que no se termina de entender cuál es el pensamiento real de Alberto en relación a la política agroganadera. Desde las entidades del campo dejan trascender que no les sorprendería que la próxima medida del Gobierno sea un aumento en las retenciones. En la Comisión de Enlace ya hay algunas voces que reclaman presionar al Gobierno con cortes de ruta, una iniciativa que por el momento no cuenta con el visto bueno de las cúpulas de las entidades.
¿Cuál será el impacto político de este conflicto si continúa escalando? A esta altura es difícil de medir, pero sin dudas en el interior del país tendrá una consecuencia mucho mayor que en los grandes centros urbanos.