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Llegó la hora de tomar decisiones en el oficialismo

Domingo, 20 de junio de 2021 01:01

Un sinfín de interrogantes inundan los principales despachos de la Casa Rosada a sólo tres meses de las elecciones primarias, que por ahora se presentan con un resultado incierto en la estratégica provincia de Buenos Aires y también en el resto del país. En el Gobierno ven una luz de esperanza más allá del avance del programa de vacunación, que hasta ahora venía siendo su gran caballito de campaña, y es la feroz interna que se desató en Juntos por el Cambio, que podría dividir el espacio por primera vez desde la vuelta del kirchnerismo al poder. 
¿Hay que cambiar la estrategia de vacunación para aplicar más segundas dosis ante la aparición de la cepa Delta? ¿Tiene sentido instalar, a seis meses del fin de las clases, que otra vez habrá promoción automática en muchas provincias? ¿Qué plan económico le presentará el Gobierno a los Estados Unidos para obtener su apoyo ante el FMI? ¿Presentará alguno? ¿Debe haber un giro en la política exterior de la Argentina que la acerque a posturas más moderadas? ¿De qué forma piensa, el Presidente, incentivar el empleo privado y la producción? ¿Hay algún programa específico para ir bajando la inflación de forma sostenida? 
El Gobierno nacional llegó a un momento crucial en el que debe empezar a tomar decisiones de fondo en todas las áreas de su gestión, para no comprometer su triunfo en las elecciones de medio término, que no serán otra cosa que la antesala de las presidenciales de 2023.
La estrategia de expandir la primera dosis de las vacunas sin una certeza sobre la aplicación de la segunda entró en revisión en las últimas horas dentro del Ministerio de Salud, aunque todavía eso no se haya hecho público. La enorme transmisibilidad que tiene la variante originada en la India, que ya llegó a la Argentina, dejó en evidencia que avanzar con un esquema general de una sola dosis sería actualmente insuficiente para detener la propagación de la enfermedad. Está probado que la efectividad de las vacunas sin esquema completo se reduce a porcentajes muy bajos, como por ejemplo la de AstraZeneca, que sólo aportaría un 33 por ciento de protección ante la cepa Delta. Ese número, con la segunda dosis, se eleva al 70 por ciento. El dato no deja espacio para mucho más debate en torno al tema. 
Son cada vez más los infectólogos que le están advirtiendo al Gobierno que seguir posponiendo las segundas dosis podría poner en riesgo todo el plan de inmunización del país y también tener un efecto negativo entre los más de cuatro millones de votantes que aún no recibieron su esquema completo de vacunación. 
Altas fuentes de la cartera sanitaria revelaron ayer a El Tribuno que “por ahora seguimos priorizando la aplicación de primeras dosis para llegar a más gente pero no habrá nadie que no reciba la segunda. La preocupación principal con este tema es que Rusia regularice la producción del segundo componente de la vacuna y que se empiecen a utilizar las vacunas fabricadas en Argentina”. El debate no es para nada menor: a más de medio año de haber comenzado con la inoculación en el país, sólo el ocho por ciento de la población tiene colocada las dos dosis pese a que existen más de tres millones de vacunas guardadas en distintos depósitos de las provincias.
Otro de los interrogantes que deberá afrontar el Gobierno es de qué forma podrá encaminar las negociaciones con los acreedores externos sin bajar jubilaciones ni reducir el gasto público o la emisión monetaria. Según el ministro Martín Guzmán, la Argentina “tiene un plan económico” para mostrarle al FMi, aunque esos lineamientos son absolutamente desconocidos en el país. Si el plan del que habla el deteriorado ministro es repetir las falsedades que dicen en el Presupuesto 2021, en donde la inflación estimada es del 29 por ciento y los subsidios a la energía se reducirían un treinta por ciento, en Washington con seguridad no colaborarán mucho con el país. Hace casi dos años que se le reclama una hoja de ruta económica al Gobierno y nunca se logró que ésta se haga pública para aportar previsibilidad a los consumidores y a los mercados. Por lo que trascendió, Cristina ya decidió que los salarios rondarán un piso del cuarenta por ciento, que los subsidios se profundizarán para las zonas frías y cálidas del país y que se incrementará la emisión monetaria para atender las necesidades sociales de la gente que se vio afectada por la pandemia. Es obvio que ese plan tampoco sería bien visto por la Casa Blanca, ya que no explicita de dónde saldrían los recursos para pagar la deuda.
En el Palacio de Hacienda, repetían anteanoche que la inflación de mayo había sido la más baja del año y que eso se repetiría también este mes. El cálculo tiene bastante lógica teniendo en cuenta que el Gobierno ya informó que no habrá nuevos aumentos de los combustibles, de la energía y del gas. Aún así, la suba de precios para este año difícilmente pueda ubicarse por debajo del 40 por ciento. 
Otro de los temas que preocupan al Presidente y sus armadores políticos es cuál será el impacto de la larga suspensión de las clases presenciales entre los votantes. No es ninguna novedad que la educación ocupa un lugar central en la vida cotidiana de las familias, no sólo por los aprendizajes de los niños sino también por la necesidad de los padres a salir a trabajar. El Gobierno salió a instalar que su propuesta es que otra vez no haya repitencia este año lectivo, condenando a los alumnos a pasar de año sin acreditar haber incorporado los contenidos pedagógicos indispensables para hacerlo. La educación, está claro, no es el área en el que el oficialismo basará sus expectativas electorales. 

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Un sinfín de interrogantes inundan los principales despachos de la Casa Rosada a sólo tres meses de las elecciones primarias, que por ahora se presentan con un resultado incierto en la estratégica provincia de Buenos Aires y también en el resto del país. En el Gobierno ven una luz de esperanza más allá del avance del programa de vacunación, que hasta ahora venía siendo su gran caballito de campaña, y es la feroz interna que se desató en Juntos por el Cambio, que podría dividir el espacio por primera vez desde la vuelta del kirchnerismo al poder. 
¿Hay que cambiar la estrategia de vacunación para aplicar más segundas dosis ante la aparición de la cepa Delta? ¿Tiene sentido instalar, a seis meses del fin de las clases, que otra vez habrá promoción automática en muchas provincias? ¿Qué plan económico le presentará el Gobierno a los Estados Unidos para obtener su apoyo ante el FMI? ¿Presentará alguno? ¿Debe haber un giro en la política exterior de la Argentina que la acerque a posturas más moderadas? ¿De qué forma piensa, el Presidente, incentivar el empleo privado y la producción? ¿Hay algún programa específico para ir bajando la inflación de forma sostenida? 
El Gobierno nacional llegó a un momento crucial en el que debe empezar a tomar decisiones de fondo en todas las áreas de su gestión, para no comprometer su triunfo en las elecciones de medio término, que no serán otra cosa que la antesala de las presidenciales de 2023.
La estrategia de expandir la primera dosis de las vacunas sin una certeza sobre la aplicación de la segunda entró en revisión en las últimas horas dentro del Ministerio de Salud, aunque todavía eso no se haya hecho público. La enorme transmisibilidad que tiene la variante originada en la India, que ya llegó a la Argentina, dejó en evidencia que avanzar con un esquema general de una sola dosis sería actualmente insuficiente para detener la propagación de la enfermedad. Está probado que la efectividad de las vacunas sin esquema completo se reduce a porcentajes muy bajos, como por ejemplo la de AstraZeneca, que sólo aportaría un 33 por ciento de protección ante la cepa Delta. Ese número, con la segunda dosis, se eleva al 70 por ciento. El dato no deja espacio para mucho más debate en torno al tema. 
Son cada vez más los infectólogos que le están advirtiendo al Gobierno que seguir posponiendo las segundas dosis podría poner en riesgo todo el plan de inmunización del país y también tener un efecto negativo entre los más de cuatro millones de votantes que aún no recibieron su esquema completo de vacunación. 
Altas fuentes de la cartera sanitaria revelaron ayer a El Tribuno que “por ahora seguimos priorizando la aplicación de primeras dosis para llegar a más gente pero no habrá nadie que no reciba la segunda. La preocupación principal con este tema es que Rusia regularice la producción del segundo componente de la vacuna y que se empiecen a utilizar las vacunas fabricadas en Argentina”. El debate no es para nada menor: a más de medio año de haber comenzado con la inoculación en el país, sólo el ocho por ciento de la población tiene colocada las dos dosis pese a que existen más de tres millones de vacunas guardadas en distintos depósitos de las provincias.
Otro de los interrogantes que deberá afrontar el Gobierno es de qué forma podrá encaminar las negociaciones con los acreedores externos sin bajar jubilaciones ni reducir el gasto público o la emisión monetaria. Según el ministro Martín Guzmán, la Argentina “tiene un plan económico” para mostrarle al FMi, aunque esos lineamientos son absolutamente desconocidos en el país. Si el plan del que habla el deteriorado ministro es repetir las falsedades que dicen en el Presupuesto 2021, en donde la inflación estimada es del 29 por ciento y los subsidios a la energía se reducirían un treinta por ciento, en Washington con seguridad no colaborarán mucho con el país. Hace casi dos años que se le reclama una hoja de ruta económica al Gobierno y nunca se logró que ésta se haga pública para aportar previsibilidad a los consumidores y a los mercados. Por lo que trascendió, Cristina ya decidió que los salarios rondarán un piso del cuarenta por ciento, que los subsidios se profundizarán para las zonas frías y cálidas del país y que se incrementará la emisión monetaria para atender las necesidades sociales de la gente que se vio afectada por la pandemia. Es obvio que ese plan tampoco sería bien visto por la Casa Blanca, ya que no explicita de dónde saldrían los recursos para pagar la deuda.
En el Palacio de Hacienda, repetían anteanoche que la inflación de mayo había sido la más baja del año y que eso se repetiría también este mes. El cálculo tiene bastante lógica teniendo en cuenta que el Gobierno ya informó que no habrá nuevos aumentos de los combustibles, de la energía y del gas. Aún así, la suba de precios para este año difícilmente pueda ubicarse por debajo del 40 por ciento. 
Otro de los temas que preocupan al Presidente y sus armadores políticos es cuál será el impacto de la larga suspensión de las clases presenciales entre los votantes. No es ninguna novedad que la educación ocupa un lugar central en la vida cotidiana de las familias, no sólo por los aprendizajes de los niños sino también por la necesidad de los padres a salir a trabajar. El Gobierno salió a instalar que su propuesta es que otra vez no haya repitencia este año lectivo, condenando a los alumnos a pasar de año sin acreditar haber incorporado los contenidos pedagógicos indispensables para hacerlo. La educación, está claro, no es el área en el que el oficialismo basará sus expectativas electorales. 

La oposición

La profundización de las diferencias en el interior de Juntos por el Cambio puede tener consecuencias impredecibles. La falta de conducción en el Pro y el avance del radicalismo para poner un candidato propio en la provincia de Buenos Aires le quita potencial electoral al espacio, ya que ninguna fuerza parece reconocer la conducción de la otra, como sí ocurrió durante los cuatro años de Mauricio Macri en la presidencia. Fuentes cercanas a Horacio Rodríguez Larreta señalaron ayer a El Tribuno que las diferencias “se resolverán sin que la sangre llegue al río” y que “cuantos más candidatos haya, mejor será para Juntos por el Cambio”. Esa visión positivista no es compartida por las otras líneas internas del frente electoral, quienes no quieren que las ambiciones presidenciales del jefe de Gobierno porteño terminen interfiriendo en la unidad del espacio.