El oficialismo unifica el discurso y apuesta a la vacunación

El incierto escenario para las elecciones de medio término obligó al Frente de Todos a bajar un cambio en la cruda interna que se venía dando entre el kirchnerismo, albertismo y massismo, las tres patas fundacionales de la coalición gobernante. Si bien en ningún momento se corrió riesgo de una ruptura definitiva, el oficialismo había llegado a niveles de tensión tan altos que empezaban a poner en peligro toda la estrategia electoral y económica del Gobierno, ante la atónita mirada de la opinión pública. Está “pipa de la paz”, que durará un período determinado de tiempo, contrasta con las diferencias crecientes en Juntos por el Cambio, donde la interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se encuentra en pleno apogeo por las candidaturas legislativas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. 
En las filas del poder nadie se anima a hablar de un acercamiento definitivo entre las partes, pero sí de un impasse que le aporte más competitividad a la fuerza para sumar legisladores al Congreso. Eso, desde ya, le conviene a todos los sectores por igual. Al kirchnerismo para avanzar con la reforma judicial y la designación de un procurador que le sea afín, al Frente Renovador para sumar más influencia en el Congreso de cara a la eventual candidatura presidencial de Sergio Massa y al jefe de Estado para no poner en peligro la gobernabilidad a más de dos años de terminar su mandato. 
La resolución de esas diferencias, que por ahora quedarán debajo de la alfombra, se produjo de la forma en la que todos esperaban: con Cristina Kirchner imponiendo sus criterios en materia de tarifas, negociación de la deuda pública, alineamiento internacional, aumento del déficit y centralidad de las obras en la estratégica provincia de Buenos Aires. La reunión entre el ministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador bonaerense Axel Kicillof -quien venía cuestionando las políticas del funcionario- fue la muestra más cabal de que las necesidades electorales están por sobre todas las cosas. 
Hablar de un acuerdo de pacificación temporal quizás podría ser un poco exagerado, ya que no todos los sectores quedaron del todo conformes con la política económica y diplomática que se adoptará como mínimo hasta fin de año. Eso incluye radicalizar el alineamiento con Rusia y China en materia sanitaria y geopolítica, aumentar fuertemente el gasto público, planchar los precios de los servicios públicos y no abonar vencimientos a los organismos internacionales de crédito para usar ese dinero en asistencia social. Todas esas decisiones no son del todo bien vistas ni por el presidente Alberto Fernández ni mucho menos por Guzmán, a quien acusan de ser un “ajustador serial” de la economía. Ese calificativo surgido por los economistas más cercanos a la vicepresidenta suena demasiado violento, pero en este caso no estaría tan lejano a la realidad. Pese a haber comprometido un déficit fiscal del 4,5 por ciento, actualmente ese número se encuentra cerca de la mitad, lo que implica un liso y llano ajuste en las cuentas públicas en medio de la segunda ola de la pandemia. ¿Parte de ese déficit podría ser usado para reponer el IFE? En el Gobierno no lo descartan, aunque son muy prudentes a la hora de no generar falsas expectativas. 
Lo que se busca en el oficialismo es, básicamente, una unidad discursiva de la que venía careciendo casi desde el inicio de la gestión, en donde los laderos de la vicepresidenta le marcaron permanentemente la cancha al jefe de Estado en política judicial, habitacional, sanitaria, económica y de relacionamiento con la oposición. 
“Tenemos que mostrar que nuestra coalición está unida y que los principios que nos llevaron al poder siguen vigentes. Si damos mensajes contradictorios entre nosotros, tal como hace la oposición con los halcones y las palomas, no quedará claro cuál es nuestra verdadera identidad política”, aseguró ayer a El Tribuno un influyente colaborador de Cristina Kirchner que pidió reserva de su identidad.
Alberto y Guzmán habían trazado un presupuesto para este año con una importante reducción de subsidios, una inflación mucho menor de la real y fondos destinados al pago de la deuda. En pocos meses, los tres pilares fundamentales del programa presidencial quedaron totalmente desvirtuados. Por primera vez un alto funcionario oficial reconoció públicamente que la suba de precios de 2021 superará el 29 por ciento previsto, pero lo llamativo del caso es que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero ubicó ese número en un 33 por ciento. ¿Tiene sentido volver a jugarse con una pauta que parece de muy difícil cumplimiento a un ritmo de inflación mensual de entre 3,5 y 4 por ciento? Ningún economista se anima a pronosticar una suba de precios inferior al cuarenta por ciento para este año. 

La vacunación

No hay dudas que para el Gobierno, la campaña de inmunización contra el coronavirus es, por lejos, la principal plataforma electoral. Por eso, luego de varios meses de problemas logísticos y de abastecimiento, actualmente Argentina logró alcanzar su récord de vacunación. Es realmente destacable que el ritmo se haya incrementado los últimos días a más de 300 mil dosis cada 24 horas, aunque ahora el desafío es acelerar ese porcentaje, al menos, hasta las 500 mil. La velocidad o lentitud de la inoculación es también la velocidad o lentitud del colapso de los sistemas sanitarios. Ya son muchas las provincias que se encuentra al borde de no poder dar respuesta a sus habitantes con asistencia respiratoria. Córdoba y Neuquén son dos ejemplos bien gráficos de eso. 
El anuncio de que se producirían medio millón de dosis de Sputnik V en Argentina, de cumplirse, le dará una constancia al proceso de vacunación de la que carecía hasta ahora. Sólo de esas vacunas, el país sumaría casi ocho millones de vacunas en septiembre, mes de las primarias. Ese dato, sin dudas, reemplazaría cualquier discurso típico y previsible de la campaña.

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