El 16 de julio del año pasado dos internos murieron asesinados a tiros en uno de los motines más sangrientos de la historia judicial de nuestra provincia y por el hecho hay siete efectivos del Servicio Penitenciario imputados con una grave calificación legal.
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El 16 de julio del año pasado dos internos murieron asesinados a tiros en uno de los motines más sangrientos de la historia judicial de nuestra provincia y por el hecho hay siete efectivos del Servicio Penitenciario imputados con una grave calificación legal.
Los violentos hechos iniciaron alrededor de las 14, cuando se activó el alerta roja en Pabellón Nº 3 del Servicio Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti de nuestra provincia, donde una importante cantidad de internos ganaron el patio interno, los pasillos y los techos de ese sector, donde además se registraron incendios en distintas sectores y tuvo como resultado más de 50 personas heridas y cuantiosos daños materiales registrados.
Las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario, dieron cuenta que el expediente judicial está en la etapa final de la investigación y luego de dar por acabada la recepción de elementos de pruebas, está lista para solicitar el requerimiento de elevación a juicio.
Uno de los interrogantes que tiene la sociedad jujeña, es conocer el motivo que terminó en el sangriento episodio y nuestro diario tuvo acceso exclusivo a estos datos que se van a ventilar en el debate oral.
En primer lugar hay que decir que las normas de disciplina que mantiene el Servicio Penitenciario, tienen un "pacto de honor", entre los internos y los celadores para no alterar "la armonía" de la convivencia.
"Lo único que no se negocia es el contacto de los internos con sus familiares" y ese habría sido uno de los principales puntos de quiebre de la relación.
El contexto de la pandemia y las nuevas medidas ante la emergencia sanitaria, fueron determinantes para que se genere el malestar y se empiece a tejer la idea del motín.
Pero el malestar venía de mucho antes y otro de los puntos determinantes fueron "los puntajes" que califican a los internos para poder solicitar ante el Juzgado de la Ejecución de la Pena, ciertos beneficios.
Es que los internos históricamente acusaron a los efectivos encargados de calificarlos, ciertas arbitrariedades y es por eso que reclaman que sean personas idóneas las que estén a cargo del "scoring".
"Pararon el tacho"
Días previos al 16 de julio, los internos decidieron dejar de recibir el almuerzo, acto que se conoce en los paballones como "parar el tacho", que es el literal recipiente donde se deja el alimento y luego se reparten entre cada interno de cada pabellón.
"Lo que queremos es ver a nuestros familiares", habrían sido las últimas palabras de uno de los voceros de internos, antes que todo estalle.
A la hora de la siesta un grupo tomó el patio y otros que estaban en el pabellón Nº 3 hicieron lo mismo y treparon hasta llegar al techo. Las pericias comprobaron que no hubo peligro de fuga pero en ese momento fue muy difícil controlarlos.
De a poco llegaban los familiares y los efectivos del Cuerpo de Infantería rodearon el Penal, mientras que el Ceop y otras Divisiones policiales ingresaban a la Unidad.
Quedó comprobado que los internos Dardo Yapura y Marcelo Montenegro fueron asesinados con heridas de armas de fuego, cuando estaban en el techo y los disparos provinieron desde el sector de la cocina.
Los fiscales de Investigación Penal Preparatoria Diego Funes y Ariel Gil Urquiola del Ministerio Público de la Investigación realizaron un minucioso trabajo para determinar que 7 de 15 efectivos sean imputados por la supuesta coautoría de homicidio agravado, calificación legal que puede caberles la pena de prisión perpetua si llegaran a ser considerados responsables de los hechos.
Además nuestro diario supo que hay una investigación abierta por un supuesto encubrimiento agravado en tentativa, porque hubo efectivos que habrían contaminado el lugar de donde se realizaron los disparos con armas de fuego y levantaron las vainas servidas del piso, sin la autorización del fiscal que estuvo presente en el lugar.
"Todo sigue igual y es preocupante”
El motín del año pasado se llevó puesto a la cúpula del Servicio Penitenciario, que tuvieron que denunciar luego de las imputaciones a los efectivos.
Pero a pesar que hubo un compromiso público por parte del juez de la Ejecución de la Pena Carlos Cattan y del entonces jefe de la Policía Guillermo Corro, en tratar de solucionar estos problemas internos del Servicio Penitenciario, un interno le confió a nuestro diario “que todo sigue igual y es preocupante.
En las últimas semanas una nueva medida de los efectivos del Servicio Penitenciario dejó sin visita a los internos y los ánimos empezaron a caldearse”, dijo el hombre.
Se estima que para los próximos meses, se requiera ante el Juzgado de Control la elevación a juicio de esta causa, donde los imputados deberán responder ante la justicia graves acusaciones que tiene pena prevista y penada de hasta prisión perpetua, si el Tribunal enjuiciador los llegara a encontrar coautores de los hechos.