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23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
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Aprobaron la disolución del Banco de Desarrollo

Además se creó que instituto provincial que regula los juegos de azar y la ley para recuperación de inmuebles estatales.
Viernes, 27 de agosto de 2021 01:00

La Legislatura de Jujuy aprobó ayer la disolución y liquidación del Banco de Desarrollo, bajo la ley Nº 6.233, la creación del Instituto provincial que regula los juegos de azar y la Ley que establece un nuevo mecanismos para la recuperación de los inmuebles del Estado.

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La Legislatura de Jujuy aprobó ayer la disolución y liquidación del Banco de Desarrollo, bajo la ley Nº 6.233, la creación del Instituto provincial que regula los juegos de azar y la Ley que establece un nuevo mecanismos para la recuperación de los inmuebles del Estado.

 

En las cuestiones previas los legisladores repudiaron las agresiones hacia los trabajadores de prensa.

 

Desde el mediodía los diputados debatieron las implicancias de la Disolución y Liquidación del Banco de Desarrollo de Jujuy Sociedad del Estado. Finalmente cerca de las 15 sancionaron la Ley 6.233 que la autoriza. Luego se sancionó la Ley de Nº 6.234 de creación del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (Inprojuy).

Durante el debate de la Ley de disolución del exBAS, algunos diputados del FIT y otros del Bloque Justicialista expresaron su preocupación por el futuro de los trabajadores de la entidad.

El diputado Rubén Rivarola lamentó la disolución del Banco y aseguró que no es momento de echar culpas a nadie, sino que "es una pena que ya no tengamos un banco provincial. Hemos fracasado con la disolución, estamos poniendo la marcha atrás. Los diputados podríamos haber hecho algo. Tenemos que empezar a querer a nuestra provincia y que los bancos los maneje la Provincia. Basta de que vengan otros de afuera y se lleven los recursos. Hoy es un día de fracaso para la Provincia y los trabajadores", dijo.

Abud Robles, del bloque oficialista, indicó que la disolución es un pedido del Gobierno nacional y aclaró que fue la "primera decisión que tomó luego de los resultados de las elecciones de junio, en donde el pueblo jujeño ratificó y revalidó la gestión del Gobierno provincial".

Agregó que hoy Jujuy está presente a nivel nacional, y que "es curioso que luego de que nuestro gobernador haya tomado visibilidad nacional, haya sido el presidente quien firmó el pedido del cese de la operación del Banco".

La diputada Mara Ferreyra indicó que no es cierto que el Banco Central de la República Argentina ordenó la disolución del banco sino que solo solicitó cambiar el nombre de "banco" a "agencia", lo cual no implica que la institución debía disolverse.

Luis Cabana, del bloque justicialista, aclaró que la disolución no es una decisión del Gobierno Nacional sino una decisión a nivel provincial y que "los que pagan los platos rotos siempre son los trabajadores", aseveró al indicar que serán 140 familias que hoy no tienen un destino cierto.

Alejandro Vilca dijo que "desde el FIT no vamos a ser cómplices de una maniobra de gente que solo usó el dinero para darse privilegios".

Liliana Fellner, por su parte, señaló: "alguien debería actuar de oficio" sobre las decisiones que tomó el directorio, que no son claras, como el manejo de tarjetas de crédito, el bingo y otros proyectos.

Mientras el debate transcurría en el recinto, en las veredas de la "casa de piedra" los trabajadores bancarios marchaban para pedir garantías de que su situación laboral no tendrá cambios y que se respetarán los derechos adquiridos.

Luego se sancionó la Ley de creación del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (Inprojuy) que tiene por objeto la regulación, autorización, organización, dirección, administración, control, fiscalización y explotación de los juegos de azar y de apuestas mutuas y actividades conexas, en sus distintas modalidades, vigentes o futuras que se desarrollen en jurisdicción de la Provincia de Jujuy, con el fin de

garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas.

Finalmente se sancionó la Ley que establece un nuevo procedimiento

para obtener la restitución de inmuebles estatales cuyos ocupantes no acreditaren, a requerimiento del Estado provincial, poseer una autorización de uso, habilitando a "los jueces, sin más trámite" a efectuar los desalojos mediante el uso de la fuerza publica.

 

Otro tema que estuvo presente previo al orden del día fue la expresión en contra de la violencia hacia las mujeres.