Caso Cesia: volverán a prisión los acusados del femicidio

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia revocó el cese de detención de dos hombres, acusados del “encubrimiento agravado” del femicidio de la joven abrapampeña Cesia Reinaga (19), hecho ocurrido en agosto del 2020 y los implicados que son mayores de edad, deberán volver a prisión.

En septiembre del año pasado, la Cámara de Apelaciones había otorgado el cese de detención para el padre y el abuelo del joven acusado de ser el presunto autor del crimen de Cesia, quien ya se encontraba al cuidado de su madre, en su vivienda de la ciudad puneña de Abra Pampa.

Al respecto nuestro diario dialogó con el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, quien manifestó que “se ha deducido recurso de inconstitucionalidad contra la resolución que ordenó el cese de la prisión preventiva de Benito Cándido Agüero y Humberto Carmen Mendoza (padre y abuelastro del adolescente implicado en el crimen). Recientemente fui notificado de la resolución de la Sala Penal del STJ que admitió nuestro recurso, revocando el pronunciamiento que ordenaba la libertad de los hombres mayores de edad”.

“La importancia de esta decisión radica en la resolución de la mayoría de los jueces, de la acertada conceptualización de la materia que involucra nada más ni nada menos, la violencia ejercida en un contexto de género. La particularidad de este caso es que se encuentran imputados por supuesto encubrimiento el padre y el abuelo del menor, y los jueces otorgaron la libertad, valorando solo la calificación legal y otras circunstancias como las que se refieren a la no existencia de lo que se denomina peligrosidad procesal. Prescindieron de conceptualizar a todos los involucrados en el contexto de género”, dijo Lello Sánchez.

Al ser consultado sobre si existe otra instancia recursiva por parte de la defensa de los imputados, el fiscal general dijo que “seguramente los defensores interpondrán recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puedo anticipar que no será admitido por el Superior Tribunal, tal como es doctrina constante del alto cuerpo y como lo tiene reiteradamente señalado la Corte.

El incidente volverá a la jueza de Violencia de Género, quien en el inicio de la Investigación ordenó la detención de los supuestos encubridores, con sólidos fundamentos. A esa magistrada corresponderá cumplir la superior resolución que revoca la decisión de la Cámara de Apelaciones y Control y en consecuencia, restituye la medida de coerción personal dictada. En definitiva, los supuestos encubridores deberán continuar detenidos, hasta tanto se inicie el debate oral y público”.

Los implicados en el femicidio de Cesia Reinaga estuvieron más de seis meses en libertad y esto podría haber generado un entorpecimiento en la causa, los padres de Cesia habían denunciado oportunamente que algunos testigos habían sido amenazados por estas personas que están implicadas en el crimen. “La importancia de este pronunciamiento admite el verdadero alcance de la cuestión de género, en total coincidencia con nuestros fundamentos. La cuestión no puede sino ser abordada en todo el contexto fáctico y con todos y cada uno de los partícipes en cualquier grado y responsabilidad que los involucre, en este hecho de una gravedad extrema”.

“Así como no puede fraccionarse el hecho, tampoco pueden ser excluidos los supuestos encubridores en el tratamiento de sus conductas, en relación a las del autor del homicidio. Todo el hecho configura el contexto de género. En una misma base fáctica, no pueden estar comprendidos algunos y excluidos otros. No solo el autor del crimen responde cuando el hecho configura la violencia contra la mujer. También todos los que de una manera u otra han participado de cualquier forma. Aun cuando se encuentren favorecidos por la excusa absolutoria por el vínculo con el supuesto autor.

Me refiero a que en este caso, si se comprobara el hecho, se lo declara autor responsable, pero se lo exime de condena. La decisión de la Sala Penal fija su postura frente a un caso de violencia de género y la necesidad de que todos los responsables sean considerados en ese contexto, al momento de decidir sobre la cautelar en cuestión”, le dijo a nuestro diario el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez.

La cuestión de género debe ser abordada

A lo largo de todo este tiempo, el Ministerio Público de la Acusación ha instruido a funcionarios, empleados y al equipo interdisciplinario para el cumplimiento estricto de los principios de la Ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en la cuestión de género y violencia contra las mujeres. Las capacitaciones sobre esta materia son permanentes y muy especializadas.

El organismo entiende que la cuestión de género, por su entidad y consecuencias, debe ser abordada por los operadores con abstracción de dogmas y teorías perimidas o análisis parcializados que no concurren a cumplir los objetivos y principios proclamados por los tratados internacionales. “Como todos los femicidios que han acontecido en nuestra jurisdicción, este hecho ha conmovido a la sociedad jujeña, a la ciudad de Abra Pampa, donde era oriunda la joven Cesia Reinaga y a todo el país que se ha hecho eco de este grave atentado contra una joven mujer, supuestamente cometido por un menor de tan solo catorce años”, dijo el fiscal general Sergio Lello Sánchez.

Sobre los hechos

El 29 de agosto de 2020, Cesia Nicole Reinaga salió de su casa para encontrarse con un amigo y nunca regresó. El martes 8 de septiembre un llamado anónimo alertó a los efectivos sobre un cuerpo que se encontraba en el fondo del estanque en el exmatadero municipal. El informe de la necropsia realizada al cadáver reveló que murió a causa de “asfixia mecánica por estrangulamiento” y que luego de su muerte, el cuerpo fue descartado en el estanque atado a un pedazo de cemento.

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