Luego de los momentos de máxima tensión que se vivieron la tarde del martes pasado en la vereda de un predio del barrio San Pedrito, cuando una mujer amenazó con prenderse fuego luego de denunciar que había sido estafada por una empresa, la justicia promovió acción penal y ordenó que el daño sea inmediatamente reparado.
inicia sesión o regístrate.
Luego de los momentos de máxima tensión que se vivieron la tarde del martes pasado en la vereda de un predio del barrio San Pedrito, cuando una mujer amenazó con prenderse fuego luego de denunciar que había sido estafada por una empresa, la justicia promovió acción penal y ordenó que el daño sea inmediatamente reparado.
Al respecto el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que luego de iniciadas las investigaciones, producto del incumplimiento de una empresa constructora de casas prefabricadas, el fiscal de la causa imputó al propietario, un hombre de 35 años con domicilio en la capital salteña. Además se supo que se prestó asistencia a la víctima y se iniciará la reparación inmediata del perjuicio.
La Investigación Penal Preparatoria está a cargo del fiscal Walter Rondón, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública.
Las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario permitieron saber que la damnificada, había denunciado el hecho, en contra de la empresa por no haber realizado la entrega de la casa prefabricada, la cual la denunciante había culminado de pagar, un monto que ronda los 700 mil pesos.
El fiscal ordenó una serie de medidas y recepcionó un cúmulo de evidencias que fueron analizadas y derivaron en la imputación del titular de la firma.
La mujer de 33 años que intentó obtener respuestas con la empresa y al no haberlas conseguido, alrededor de las 15.30 del martes, tomó la determinación presentarse en las oficinas y amenazar con atentar contra su vida.
De inmediato, el fiscal Rondón junto al ayudante fiscal Marcelo Mendivil, se presentaron en el lugar, donde también se hizo presente la Directora del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del MPA, María Eugenia Zamar Herrera, acompañada de un equipo interdisciplinario encabezado por un psicólogo, asistente social y una abogada.
Asimismo, se hizo presente el Secretario de Seguridad Hugo Sosa, junto al personal policial, de Bomberos y Same.
Mientras los agentes del CAV mantenían constante diálogo con la damnificada, tratando de calmarla.
Tras varios minutos de tensión, se evitó que la joven se dañará, y pudo ser contenida y atendida por personal del Same, juntamente con el psicólogo del CAV.
Denuncia Penal
Luego de estos hechos, ayer en la tarde se presentó espontáneamente en el MPA, junto a su abogada, el propietario de la empresa, quien estaba residiendo en la provincia de Salta.
El Agente Fiscal le hizo conocer que está imputado como presunto autor del delito de "estafa".
Asimismo, el expediente será remitido a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, que es un sistema que permite que las víctimas de un delito obtenga rápidamente satisfacción y resuelva su conflicto a través de la mediación, conciliación y la reparación, en este caso se había convenido que la empresa entregará la vivienda.
Asistencia permanente
El equipo del CAV asistió a la denunciante y a su expareja, quienes fueron acompañados durante el desarrollo de los hechos en la empresa, mantienen constante y fluido contacto con ambos, asistiéndolos psicológica, social y legalmente.