Ante la media sanción del proyecto de ley integral de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual en la Cámara de Diputados de la Nación, es clave conocer los alcances de la iniciativa. El proyecto plantea una mayor cobertura, prohibir el test de VIH en el estudio preocupacional y una jubilación especial a quienes tengan aportes. En Jujuy llegaría a cerca de 1.200 personas que se estima que viven con VIH.
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Ante la media sanción del proyecto de ley integral de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual en la Cámara de Diputados de la Nación, es clave conocer los alcances de la iniciativa. El proyecto plantea una mayor cobertura, prohibir el test de VIH en el estudio preocupacional y una jubilación especial a quienes tengan aportes. En Jujuy llegaría a cerca de 1.200 personas que se estima que viven con VIH.
Este proyecto busca actualizar la Ley Nacional del Sida 23.798 vigente desde 1990, tendiente a cambiar la mirada biomédica sobre el VIH, mejorar el acceso a la atención, evitar la discriminación y mejorar la calidad de vida. Carlos Márquez, de la Asociación Civil de Promoción de la Salud, explicó que la ley "plantea un nuevo perfil de mirar las cosas que se estaba necesitando hace bastante tiempo como para adaptarse a las recomendaciones, las estrategias que ya se trataron por ONU Sida, a partir de cumplirse 40 años de que el VIH fue detectado en los 80".
Dijo que desde entonces se realizó la reunión internacional para plantear objetivos para 2026 y 2030 y se invita a todos los países a hacer una revisión sobre políticas públicas en prevención, detección temprana y oportuna, acceso a tratamientos, e incluye cuestiones vinculadas con la vida de las personas.
Planteó que si bien Argentina tuvo la primera ley de América Latina y el Caribe, la Ley 23.798 de los años 90 que sirvió como ejemplo para que otros tomaran decisiones, la mirada era biomédica respecto a detección y tratamiento, y consideró que deben incluir investigaciones y documentos elaborados en los últimos años.
Recordó que Argentina tenía una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación a partir de la cual se prohíbe que se realice el test de VIH en exámenes preocupacionales, pero muchas instituciones en lo laboral y estudiantil siguen poniendo el test como requisito para ingresar, omitiendo la norma. "Es estrictamente necesario que esté enmarcada en la ley para evitar que se siga solicitándola, esto se aprobó", destacó.
Otro punto es la prevención combinada, que no se reduce al acceso a material informativo y preservativos, sino comienza a centrarse en lo que la ONU Sida conoce como poblaciones clave, la comunidad de la diversidad Lgtbiq+, trabajadoras sexuales, y pensando en la mujer. "Si bien hay dos leyes donde a toda mujer embarazada deberían ofrecerle el test, no imponerlo, sin embargo todavía muchas no saben que se lo hicieron porque no les piden su consentimiento y tampoco les comentaron los resultados", dijo asumiendo que estaba siendo mal manejada.
Márquez planteó, además, que la prevención combinada suma otros elementos que ya se usan en otros países y en Argentina todavía se prueba el autotest de VIH que requiere una gota de sangre y tiene resultado en 15 minutos. Recordó que en 2012 se aprobó la autorización de los test rápidos con saliva, y se entiende que Argentina debe incorporar el autotest ya que se puede adquirir y la farmacia contacta para saber el resultado.
Otro punto fundamental es la profilaxis preexposición para quienes están en situación de vulnerabilidad, para que puedan tomar medicamentos para evitar el ingreso del virus, científicamente comprobado, pensado para trabajadoras sexuales, consumidores de sustancias, adicción a drogas y otros casos.
Esta ley plantearía también un observatorio nacional, uno en cada provincia donde organizaciones de la sociedad civil, grupos, redes y sociedades tengan participación y se llegue efectivamente a la sociedad.
Otro aspecto de la ley es otorgar una jubilación especial, debido a que los efectos inmunológicos y de medicamentos generan envejecimiento prematuro equivalente a cinco años más, y sumado a otras patologías se necesita una respuesta previsional al no poder trabajar. Sería a partir de los 50 años si al menos tiene 10 años de aportes. Hubo planteos en contra, pero aclaran que no es "de privilegio" .
En Jujuy faltan especialistas en el tema en el sistema público
Una propuesta jujeña planteaba que se descentralice el acceso a la medicación, pero Márquez expli‑ có que no se puede porque ya está planteado en muchas estrategias nacionales en otros medicamen‑ tos, vacunas y atención. Y no se puede imponer que la persona acceda a la medicación en su lu‑ gar de residencia como se preten‑ de, porque ante el estigma y dis‑ criminación que aún existe en torno al VIH algunos no quieren ir a los centros de salud de su ba‑ rrio o pueblo porque atienden allí vecinos, y debido a que la ley marca que no debe develarse obligatoriamente su situación, es clave que tenga libertad de elegir quién lo atiende y donde acceder a la medicación.
En ese sentido, explicó que en Jujuy si bien se amplió la posibili‑ dad de acceso al testeo, para lo cual se crearon 37 Centros de Prevención, asesoramiento y tes‑ teo (Cepat) que en pandemia ba‑ jó la atención y está retomando, dijo que la atención a personas con VIH se reduce a 10 lugares en toda la provincia, los hospitales Soria, San Roque, Materno Infan‑ til, Centros de Especialidades Norte y Sur, Palpalá, Perico, Monterrico, San Pedro y Liberta‑ dor.
“El problema está en que sola‑ mente un médico infectólogo tie‑ ne que hacer el recorrido por dos o tres hospitales”, explicó al dar cuenta de la falta de especialistas en el sistema público (ya que solo son siete en la provincia); la falta de capacitación para evitar la de‑ rivación; y que en hepatitis virales hay una sola hepatóloga. Planteó que por ello la ley debe analizar por qué no hacen la residencia para infectología y hepatología, que se repite en otras provincias.
En cuanto a la medicación dijo que la pandemia generó dificulta‑ des para acceder al sistema públi‑ co y quienes lo reciben mediante su obra social. Pese a que ONU Sida y la OMS había recomenda‑ do que las personas que tienen enfermedades crónicas como VIH pudieran acceder a los medi‑ camentos por tres meses, ocurrió en pocos lugares. En Jujuy no hu‑ bo muchos problemas ni demo‑ ras significativas, sí las hubo en obras sociales. En testeo ponderó que ahora, al tiempo que se teste‑ aba Covid también se hacía VIH, y estimó que hay que tratar de en‑ tender qué sucedió con esos re‑ sultados, si hay una vigilancia en tratamiento y control.
Dijo que sí hubo problemas en el análisis de carga viral, para sa‑ ber la cantidad de virus; y de CD 4 para determinar las defensas, y explicó que se suspendió por me‑ ses y solo podían acceder las em‑ barazadas, que impedía a otras personas saber su estado. Entien‑ de que hubo otras enfermedades desatendidas por la pandemia, inclusive vacunación contra he‑ patitis, por ejemplo.
En torno a la población de per‑ sonas con VIH en la que podría impactar la inminente ley, expli‑ có que hay en Jujuy más de 1.200 que viven con VIH, 600 que se atienden en el sistema pú‑ blico y se desconoce cuántos se atienden con obra social. Márquez convocó al webinar de la Asociación de Promoción de la Salud, “Conozcamos y difunda‑ mos el nuevo paradigma” maña‑ na a las 20, en https://www.face‑ book.com/PromSaludJujuy