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29 de Marzo,  Jujuy, Argentina
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Avances en ética pública

La OA Jujuy apuntará a fortalecer acciones en territorio para la lucha contra la corrupción y la trata de personas.

Martes, 17 de mayo de 2022 01:03

La Oficina Anticorrupción de Jujuy mantuvo diversos encuentros con organismos nacionales a los fines de avanzar en el cumplimiento del Régimen de Ética Pública -Ley 5.153 y Modificatorias- que alcanza a todo funcionario y empleado estatal, provincial y municipal.

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La Oficina Anticorrupción de Jujuy mantuvo diversos encuentros con organismos nacionales a los fines de avanzar en el cumplimiento del Régimen de Ética Pública -Ley 5.153 y Modificatorias- que alcanza a todo funcionario y empleado estatal, provincial y municipal.

Las gestiones fueron encabezadas por la fiscal anticorrupción, doctora Josefa Herrera, quien ponderó la importancia transversal de la Ética Pública, entendida por el conjunto de normas que rigen el desempeño de la función pública con honestidad, idoneidad, diligencia, lealtad, imparcialidad, probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad, buena fe, austeridad, respeto a los derechos humanos, compromiso con el estado de derecho y el orden jurídico institucional. Por Ley 5.153, tales lineamientos alcanzan de manera irrestricta a todo funcionario y empleado estatal, sea provincial o municipal.

REUNIÓN CON AUDITOR GENERAL.

En este marco, la fiscal destacó en primer lugar los ejes de trabajo encarados junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el marco del documento "Corrupción y Trata de Personas".

A partir del compromiso de avanzar en la materia también durante el ejercicio 2022, la OA Jujuy apuntará a fortalecer acciones en territorio para la lucha contra este flagelo, con foco en la responsabilidad de los funcionarios públicos y el rol del Estado en su conjunto.

A tales fines, se concretaron reuniones virtuales entre el fiscal adjunto, Javier De Bedia Quintana, la jefa del Departamento de Prevención y Asuntos Institucionales, Analía Martínez, y la fiscal de Investigaciones Administrativas nacional, Andrea Garmendia Orueta (con la colaboración de Gisela Arce por la OA Jujuy y Rocío Rodríguez Fortes por PIA).

Por otra parte, la Oficina jujeña inició acciones de articulación con la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza, a los efectos de avanzar en la implementación del Registro de Sanciones Administrativas y Judiciales de Jujuy (Resaj) aplicadas por violaciones a la Ley 5.885 y al Régimen de Ética Pública de la provincia.

Así lo informó la fiscal Herrera luego del encuentro virtual mantenido con el auditor general de Ética Pública, doctor Gabriel Balsells Miró, y miembros de la entidad mendocina, quienes aplican también este sistema.

En consecuencia, la OA Jujuy pretende establecer parámetros comunes que contribuyan a optimizar este registro, a partir de los datos suministrados por organismos provinciales, municipalidades y comisiones municipales.

"Se promueve así una mayor transparencia en la función pública, donde todos los que toman decisiones, en los diferentes niveles y sectores del Estado, asuman responsabilidad por sus acciones y guíen su accionar conforme a buenas prácticas", concluyó la referente oficial.