La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y en Contra de la Administración Pública del Ministerio Público de la Acusación, imputó al juez de Control Gastón Mercau por la supuesta autoría de prevaricato, luego de que el magistrado, le habría negado la protección a una mujer que denunció una amenaza.
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La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y en Contra de la Administración Pública del Ministerio Público de la Acusación, imputó al juez de Control Gastón Mercau por la supuesta autoría de prevaricato, luego de que el magistrado, le habría negado la protección a una mujer que denunció una amenaza.
Los jueces están obligados por la ley 26.485 a tener amplitud probatoria para la protección de mujeres (perspectiva de género).
Un documento exclusivo al que accedió nuestro diario, permitió saber que el fiscal Walter Rondón inició acción penal en contra del magistrado de Control y Garantías, por un caso que tendría que ser investigado como violencia laboral, donde una mujer de 37 años denunció el pasado mes de enero que fue intimidada y amenazada por dos personas, a quienes identificó como empleados de la Legislatura de la Provincia y solicitó las medidas de resguardo pertinentes para su persona y la de sus familiares.
En la ampliación de denuncia en sede de Fiscalía, la víctima presentó como elementos probatorios un video grabado de un teléfono celular y un audio de la conversación en donde la mujer se sintió agraviada y el juez Gastón Mercau, habilitado en la feria judicial, se negó a dar lugar a la medida cautelar de protección de "abstención de todo acto de violencia , perturbación , intimidación y acercamiento de los denunciados en contra de la víctima de 37 años".
El fiscal Walter Rondón fundamentó la imputación en contra del magistrado, porque cree que "obvió toda consideración a la circunstancia de alta vulnerabilidad de la víctima, quien vive sola con sus hijos, que además perdió su trabajo a consecuencia de circunstancias a la que resultó totalmente ajena, quien manifestó temer por su integridad física".
En otro tramo de su fundamento, la acusación apunta a que "la narración de los hechos sugería la necesidad de adoptar medidas urgentes y era su obligación dictarlas aunque fuera incompetente y girar las actuaciones al juez que así lo considere (competente), pero no cumplió con ello violando la Ley Provincial 6186 conocida como "Ley Iara", que tiene que ver con la declaración de emergencia pública en materia de violencia de género, además como juez de control debe conocer las cuestiones derivadas de las presentaciones de las víctimas".
Al tratarse de una investigación iniciada en contra de un magistrado, que por su investidura tiene fueros, la causa pasó para el juez de Control Jorge Zurueta, quien rechazó de plano los elementos de pruebas solicitados por la Fiscalía, obviando los fundamentos que tienen que ver con "violencia de género" y "violencia laboral", es por ello y ante la sospecha de una supuesta connivencia entre los magistrados de Control y Garantías, el expediente fue remitido a la Cámara de Apelaciones, donde ese Tribunal debe resolver la grave acusación.
Nuestro diario supo que el juez Gastón Mercau en los últimos días ya conoció causa de imputación y designó abogado defensor y se abstuvo de prestar declaración.
Los jueces y fiscales están obligados a capacitarse en prevención de violencia de género, Mercau no se capacitó.
Los magistrados tienen fueros y el juez Jorge Zurueta desestimó la acusación sin fundamentos, por lo que fue recusado por el MPA.