Salud mental: el desafío de mejorar la respuesta

Hoy, como nunca, está claro que los problemas de salud mental son preponderantes en todas las regiones del mundo, situación que se ha visto agravada y visibilizada por el Covid -19.

Los padecimientos mentales, los neurológicos y los debidos al consumo de sustancias junto a los suicidios constituyen un conjunto de enfermedades y afecciones que son una de las principales causas de discapacidad, enfermedad y muertes prematuras en la Región de las Américas. Por ejemplo, la depresión y el abuso de sustancias están asociados con más del 90% de casos de suicidio.

Si bien los datos son contundentes, en general las personas con problemas de salud mental enfrentan dificultades para acceder a tratamientos adecuados o al apoyo que necesitan para mejorar su situación. En América Latina y el Caribe, de cada 100 personas adultas con algún trastorno afectivo, de ansiedad y por consumo de sustancias casi 80 de ellas, en promedio, no recibe el tratamiento adecuado.

El gasto público medio en salud mental en toda la Región es apenas un 2% del presupuesto de salud, situación que da cuenta de que las inversiones actuales en salud mental siguen siendo insuficientes para abordar la creciente carga de salud en nuestra región.

Como vemos, se requiere mejorar la respuesta del sistema de salud en la atención de las personas con problemas de salud mental.

La evidencia y estándares internacionales indican que medidas como la restricción de la libertad no son el camino de la recuperación, sino que hay que propender a otras formas de abordaje que garanticen la protección de derechos y la inclusión con un abordaje basado en la comunidad.

La Ley Nacional de Salud Mental de Argentina, aprobada en 2010 y reglamentada tres años después, cumple con estándares internacionales y está alineada con el Plan de Acción en Salud Mental de la OPS/OMS.

Dicho plan promueve un modelo comunitario que tiene entre sus ejes fundamentales la desinstitucionalización, la inserción del componente de salud mental en la atención primaria de la salud y en los hospitales generales, la existencia de una red de servicios, la participación social, la coordinación intersectorial y el abordaje desde los derechos humanos.

En línea con ello, la ley de Argentina busca promover una mejor inserción de las personas con padecimiento mental y un cambio del modelo de atención desde los hospitales monovalentes hacia su reemplazo por sistemas de atención comunitaria, garantizando los derechos a las personas y la inclusión social.

También regula los procesos de internación contra la voluntad de los pacientes con el fin de evitar los abusos registrados en el pasado, pero de ningún modo los prohíbe. La internación es una entre muchas herramientas terapéuticas. La internación involuntaria es determinada por el equipo de salud y la justicia interviene posteriormente para verificar el correcto cumplimiento de los procedimientos y garantizar los derechos de las personas internadas por salud mental.

La norma vigente a nivel nacional no solo cumple con los estándares más destacados, sino que fue la primera que en la Región siguió principios clave en materia de derechos humanos como, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008.

En este punto, es importante marcar que son numerosos los desafíos pendientes para achicar la brecha entre los aspectos contenidos en la ley y su implementación efectiva. Desde su aprobación hasta la fecha se han dado pasos, pero es necesario acelerar los procesos de reforma en los servicios de salud mental que la ley establece para que haya una mejor correlación entre las necesidades de salud mental de las personas y las respuestas ofrecidas por los servicios de salud.

Mejorar la atención de salud mental es una prioridad para la OPS/OMS y estamos apoyando a los Estados Miembros para fortalecer los sistemas de salud y ampliar los servicios en todos los rincones de la región. Argentina también tiene que mejorar la calidad y accesibilidad de los programas y servicios de salud mental, especialmente en un contexto de recuperación y reconstrucción ante la pandemia.

La salud mental tiene que ser una prioridad que debe reflejarse en más y mejores inversiones en servicios de salud mental para garantizar que todas las personas puedan vivir una vida con bienestar. Reitero, el desafío es enorme pero la ley vigente sin duda es un marco fundamental -y no un obstáculo- para orientar en este sentido.

 

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