La Cámara de Apelaciones y Control rechazó los planteos formulados por la defensa de la diputada provincial Débora Ruth Juárez Orieta y el pedido de desafuero y el juicio oral y público, solicitado por el Ministerio Público de la Acusación, está cada vez más cerca.
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La Cámara de Apelaciones y Control rechazó los planteos formulados por la defensa de la diputada provincial Débora Ruth Juárez Orieta y el pedido de desafuero y el juicio oral y público, solicitado por el Ministerio Público de la Acusación, está cada vez más cerca.
La funcionaria provincial es investigada por la supuesta venta irregular de lotes en la localidad de Fraile Pintado, además se la acusa de la supuesta autoría del delito de "abuso de autoridad y negociaciones incompatibles por la función pública en concurso real y amenazas coactivas".
Recientemente la Cámara de Apelaciones resolvió rechazar el recurso de apelación deducido por el abogado Juan Enrique Giusti y confirmó la resolución del 7 de marzo de 2022, dictada por la jueza de Control Nº 6, Liliana Francisca Pellegrini, que solicitaba la elevación a juicio del expediente judicial que involucra a la funcionaria provincial.
El hecho que se le imputa a la legisladora data de 2012 en el marco de un acuerdo de cesión de lotes en el marco del plan provincial de emergencia habitacional, conocido como "Un lote para cada familia que lo necesite".
Según la investigación, los lotes que habrían sido "cedidos" figuran como propiedad de su esposo, Fernando Bracamonte.
Todo surge a partir de denuncias de beneficiarios que señalaron ante a justicia que eran obligados a pagar cuotas por esos lotes y que además los habrían obligado a trabajar en la campaña política de Juárez Orieta a cambio de mantener la propiedad de dichos terrenos.
En diciembre del 2018 se realizaron allanamientos en la vivienda de la diputada, que ella misma denunció en las cuestiones previas de una sesión en la Legislatura, donde acusó de persecución al Gobierno provincial y el titular del Ministerio Público de la Acusación.
Ahora, con los planteos formulados por la defensa de la funcionario y tras la resolución de los jueces que integraron el Tribunal de la Cámara de Apelaciones, la causa se encamino para que se fije de juicio y su desafuero fuera planteado en Legislatura.