El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a C.C.A. a la pena de 8 años de prisión por ser autor material y penalmente responsable del delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años”.
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El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a C.C.A. a la pena de 8 años de prisión por ser autor material y penalmente responsable del delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años”.
Además, lo absolvió por el beneficio de la duda del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años”, por el que también había llegado acusado al juicio.
Asimismo, se ordenó la obtención de los perfiles genéticos del condenado para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, una vez firme y consentida la sentencia.
El Tribunal estuvo integrado por las juezas Ana Carolina Pérez Rojas – presidenta de trámite-, María Margarita Nallar y el juez Mario Ramón Puig; secretaría a cargo de la Dra. Pamela De Las Cruces.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los hechos por los que C.C.A. fue condenado sucedieron en el transcurso del año 2020, sin poder precisar fecha exacta, en una vivienda ubicada en un barrio de la localidad de Pampa Blanca, donde convivía el imputado con su nieta menor de edad.
Este accionar del condenado se repitió en numerosas ocasiones hasta el día 9 de marzo de 2021, cuando la menor se encontraba en el dormitorio de su hermano e ingreso C.C.A. con intención de agredirla sexualmente, pero no logró su cometido ya que ingresó a la habitación una mujer que retiró a la niña del lugar.
Alegatos
Como representante del Ministerio Público de la Acusación se desempeñó el Dr. Darío Osinaga Gallacher, quién pidió para el imputado la pena de 10 años de prisión por ambos delitos de los que estaba acusado.
La defensa técnica del condenado fue ejercida por el Defensor Público Penal, Dr. Pablo Lozano, perteneciente al Ministerio Público de la Defensa Penal, quién solicitó para su defendido la absolución de ambos delitos.