Un hombre fue condenado a la pena de 18 años de prisión, luego de ser encontrado culpable de varios hechos de abuso sexual en contra de sus dos hijas, menores de edad, donde una de ellas con retraso madurativo resultó embarazada y se le practicó la interrupción legal del embarazo.
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Un hombre fue condenado a la pena de 18 años de prisión, luego de ser encontrado culpable de varios hechos de abuso sexual en contra de sus dos hijas, menores de edad, donde una de ellas con retraso madurativo resultó embarazada y se le practicó la interrupción legal del embarazo.
El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 2 durante la jornada de ayer, quien encontró al condenado autor material y responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia (dos hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia (dos hechos) en concurso real", hechos que tuvieron lugar en una localidad cercana a San Salvador de Jujuy.
Además, ordenó la obtención del perfil genético del condenado.
Integraron el tribunal los jueces María Alejandra Tolaba, presidenta de trámite, Luis Kamada y Luciano Yapura; mientras que la secretaría del Tribunal estuvo a cargo de Andrea Meriles Lello.
De acuerdo al requerimiento del Ministerio Público de la Acusación, el acusado fue condenado por cuatro hechos de abuso sexual cometidos contra sus dos hijas menores de edad, unas de las cuales padece un retraso madurativo, mientras se quedaban a dormir en su domicilio. Como consecuencia del ilícito, la niña con retraso madurativo, de 11 años de edad al momento del hecho, resultó embarazada y se le practicó la interrupción legal del embarazo.
Los delitos fueron cometidos durante el período de tiempo comprendido entre los años 2016 y 2018, y luego en el mes de abril de 2019 hasta el mes de noviembre del 2020.
El fiscal Diego Cussel solicitó la pena de 25 años de prisión para el acusado, mientras que la abogada querellante, Julieta Landriel, adhirió a lo requerido por el representante del MPA.
Por su parte, la Defensora Pública Penal pidió la morigeración de la pena para su defendido.