La grave convulsión económica que atraviesa el país parece haber entrado increíblemente en un cono de silencio para la clase dirigente de la Argentina. La inflación de agosto se ubicaría por encima del seis por ciento, las reservas no se recomponen al ritmo deseado por Sergio Massa y el aumento de las tarifas pone en jaque una buena parte de la actividad económica de las empresas. Sin embargo, ninguno de estos temas estuvo en el debate público de esta semana, en donde el pedido de doce años de prisión para Cristina Kirchner acaparó absolutamente toda la atención de la política nacional.
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La grave convulsión económica que atraviesa el país parece haber entrado increíblemente en un cono de silencio para la clase dirigente de la Argentina. La inflación de agosto se ubicaría por encima del seis por ciento, las reservas no se recomponen al ritmo deseado por Sergio Massa y el aumento de las tarifas pone en jaque una buena parte de la actividad económica de las empresas. Sin embargo, ninguno de estos temas estuvo en el debate público de esta semana, en donde el pedido de doce años de prisión para Cristina Kirchner acaparó absolutamente toda la atención de la política nacional.
Esto no ocurrió sólo en las filas del oficialismo, donde las discusiones están centradas únicamente en respaldar a la vicepresidenta y en cuestionar al "Partido Judicial", sino también en la oposición, que está empeñada infructuosamente en sacar rédito electoral de un fallo que ni siquiera tiene condena en primera instancia. Por este tipo de cosas, entre otras, no es ninguna casualidad que todas las encuestas reflejen la poca confianza de la población en sus dirigentes políticos, sean del espacio que sean.
La intromisión en el Poder Judicial que se está realizando tanto desde el peronismo como desde Juntos por el Cambio esmerila enormemente el concepto de división de poderes que establece la Constitución, uno de los pilares fundamentales de la seguridad jurídica del país y también clave para generar un propicio clima de inversiones.
Por un lado se presiona al Tribunal para que "no toque a Cristina" y por el otro se intenta influir en el juez al afirmar que el alegato del fiscal Diego Luciani fue poco más que una epopeya democrática. Ni una cosa ni la otra, los extremos siempre alejan a las sociedades de la mesura y la racionalidad, y la grieta que padece la Argentina da muestras permanentes de esta teoría.
En ese contexto, el presidente Alberto Fernández volvió a dar muestras de su incontinencia verbal y también de su falta de ubicación política al salir a afirmar que espera que Luciani no se suicide como hizo Nisman. La frase no sólo hierve la sangre por la desafortunada comparación que para muchos fue una amenaza, sino también porque volvió a instalar un caso muy urticante para el kirchnerismo que muchas ya daban por superado. Desde el entorno de Alberto trataron de poner paños fríos al asunto, pero reconocen que se trató de un grave error. "Él sabe muy bien que se equivocó, pero ya dejó en claro que bajo ningún concepto quiso amedrentar a Luciani. El Frente de Todos tiene que valorar un poco más a Alberto, que pone el cuerpo por Cristina mientras Hebe de Bonafini le pide que se calle la boca", expresó ayer por lo bajo a El Tribuno de Jujuy un alto funcionario con despacho en la Casa Rosada.
El mandatario ve como el poder se le escabulle día a día de las manos y se ve obligado a dar algún golpe de efecto para no desaparecer de los medios, el problema que tiene es que hasta ahora siempre fueron negativos para él. Sólo quince minutos después de dar la entrevista a TN, la oposición salió a pedirle el juicio político por sus declaraciones.
La movida de Juntos por el Cambio no tiene ninguna posibilidad de prosperar en el Congreso y representa un manotazo de ahogado ante las diferencias crecientes que emergen en ese espacio. Si bien la mayoría de los dirigentes avaló esa iniciativa, el radical Facundo Manes salió a defenestrarla y hablar de "utilización política". Ayer hubo otro acto de torpeza inexplicable por parte de Horacio Rodríguez Larreta, quien mandó a vallar la casa de Cristina para desconcentrar a los manifestantes que hacen vigilia hace cuatro días en el lugar. ¿Cuál fue el resultado? Aumentar la victimización del kirchnerismo y dejar la sensación de que en realidad no se busca calma para los vecinos sino una señal política hacia adentro de la oposición.
Cristina logró aglutinar detrás suyo a todas las variantes del peronismo e incluso a los partidos de extrema izquierda, que también salieron a hablar de un supuesto "lawfare". Esta unidad de acción no se había podido conseguir en la campaña electoral, en las negociaciones con el Fondo Monetario ni tampoco durante el final de la pandemia. ¿Cuál fue el gran detonante para juntar a albertistas, massistas y kirchneristas detrás de la defensa irrestricta de la vicepresidenta? Allí hay dos factores que confluyen en uno solo. En primer lugar, Cristina es la gran electora del Frente de Todos a la hora de armar las listas de candidatos, por lo que ningún dirigente quiere enfrentarse con ella a pocos meses de la conformación de las boletas. En segundo orden, muchos de los políticos peronistas fueron gobernadores o intendentes entre 2003 y 2015 y aceptaron las reglas de juego impuestas por la Casa Rosada en materia de obras públicas, lo que les quitaría margen para un distanciamiento genuino.
La estrategia del Instituto Patria con la constancia en las manifestaciones callejeras es clara: instalar en la opinión pública que quienes creen que Cristina es una perseguida política son mayoría en la sociedad. Es evidente que el poder de movilización del peronismo, que además cuenta con los resortes del Estado, es muy fuerte y aceitado, por lo que la cadena de protestas podría extenderse en el tiempo más de lo que muchos esperan.
"Es ahora o nunca, todos nos apoyan y reconocen públicamente el liderazgo de Cristina. La línea de acción es mantener este tema como prioritario al menos hasta fin de año, que es cuando se daría la sentencia en la causa Vialidad", expresó ayer a El Tribuno de Jujuy un estrecho colaborador de la expresidenta que pidió reserva de su identidad. La duda que aparece en estos casos es cómo lograr que en tanto tiempo no se desvíe la atención de la gente mientras se padece una crisis económica de una envergadura como la que atraviesa el ciudadano que no llega a mitad de mes.
La economía
En medio de toda la tensión política que se disparó alrededor del juicio contra Cristina, el ministro Sergio Massa avanza firme con su ajuste en las cuentas públicas. Ya no se trata solamente de reducir subsidios aumentando las tarifas y de paralizar algunas obras viales, sino que el recorte está llegando a áreas de extrema sensibilidad como Salud y Educación, dos banderas históricas del kirchnerismo en materia de fondos públicos.
El endurecimiento del cepo cambiario, que prohibirá comprar dólar ahorro a quienes tengan subsidiadas las tarifas, puede servir en el corto plazo para liquidar menos reservas del Banco Central, pero una medida de ese tipo probablemente repercuta en una mayor presión sobre el dólar paralelo, que el viernes llegó a su nivel más bajo de agosto. Parches, parches y más parches.