Ayer se suspendió la reunión plenaria de comisiones del Congreso que preveía a tratar el proyecto de Ley de Humedales, para que se escuche a los gobernadores de algunas provincias que expresaron su rechazo para evitar que afecte a la minería y la producción agrícola. En Jujuy impactaría gravemente, porque frenaría todo proyecto de exploración, estudios de impacto ambiental y posibles inversiones, sobre todo el sector litiero, según se informó.
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Ayer se suspendió la reunión plenaria de comisiones del Congreso que preveía a tratar el proyecto de Ley de Humedales, para que se escuche a los gobernadores de algunas provincias que expresaron su rechazo para evitar que afecte a la minería y la producción agrícola. En Jujuy impactaría gravemente, porque frenaría todo proyecto de exploración, estudios de impacto ambiental y posibles inversiones, sobre todo el sector litiero, según se informó.
La postergación del polémico proyecto brinda un respiro al sector minero, que había comenzado a pronunciarse fuertemente en rechazo al proyecto de humedales y buscando que se escuche a todos los sectores, por lo que se esperan reuniones. Se trata de un proyecto de régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales, debido a que durante 2020, con una ola de incendios en el país, surgió el debate por reacción ciudadana buscando que esto se apruebe. Del modo en que está planteado generó rechazo de varias cámaras del sector productivo y minero, que expresaron su preocupación porque paralizaría empleos, inversiones y proyectos futuros.
"La minería se sigue desarrollando con normativa ambiental, que es un ejemplo de cómo se cuida el ambiente, así que ya estamos gestionando recursos naturales y cuidando los recursos hídricos que hay en la provincia", aclaró el secretario de Minería de Jujuy, Miguel Soler, al respecto, y consideró que se puede seguir opinando de acuerdo a la evaluación que se haga de los proyectos.
Hasta ahora el proyecto en cuestión, que tenía más voluntad política de una facción del Gobierno nacional de que avanzara, era perjudicial porque interfería en competencias provinciales. "No nos iba afectar a los proyectos actualmente en operaciones, dado que ya tenían informe de impacto ambiental aprobado, evaluado y para seguir avanzando, pero sí bloqueaba cualquier inicio de nuevas intenciones de proyectos de exploración y de producción", dijo Soler, y agregó que también afectaría ampliaciones de proyectos en curso.
El proyecto planteaba que se debía suspender toda actividad productiva hasta tanto se haga un inventario y un ordenamiento territorial que podría tardar varios años y habría paralizado la minería. "Como bien lo mencionó nuestro gobernador, no solamente impactaba la actividad minera sino a las actividades productivas que se desarrollan en zonas de humedales que en Jujuy abarca toda la zona agrícola, además de la parte minera del Oeste", precisó.
Por otro lado, explicó que el Consejo Federal de Medio Ambiente redactó este año un anteproyecto de ley que no fue elevado al Congreso, en el que coincidían que era mucho más factible, no violaba la soberanía y permitía tener un inventario, estimando que este se podría contemplar. Además hay otras iniciativas en el Congreso, por lo que se pedía un debate serio sobre qué se quiere solucionar, de modo que el cuidado ambiental sea compatible con el desarrollo productivo.
"Hay una confusión de algunos legisladores que pretenden apagar incendios solamente legislando con un inventario de humedales, hecho que no va ocurrir, hay que entender bien qué queremos solucionar para que las legislaciones nos ayuden", afirmó. Estimó que el inventario de humedales es bueno pero no iba a solucionar los problemas que plantean, por lo que confió en que ahora se escuche a los sectores y se reescriba la ley. "Hay que seguir debatiendo y dialogando, pero en el entendimiento que hay que preservar el ambiente pero al mismo tiempo necesitamos generar empleo, que no podemos tener leyes que sean muy ambiguas y que hagan retroceder el desarrollo que queremos crear en la provincia y en el país", afirmó.
El gobernador Gerardo Morales ya había expresado su preocupación en un ciclo Democracia y Desarrollo en Buenos Aires y con otros gobernadores del Norte, donde planteó que el proyecto "va mucho más allá de presupuestos mínimos, y avanza sobre una cuestión que es la soberanía y la independencia de las provincias en un país que es federal, que son las que tienen que aplicar políticas públicas". "Cuidado con dictar una Ley de Humedales con una mirada que no tiene nada que ver con las realidades de la explotación de un mineral que es estratégico para cambiar la matriz de la energía en el mundo", dijo.
Manejo de recursos naturales
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) planteó que el actual abordaje de los proyectos de Ley sobre los Humedales perjudicarían a la actividad minera del país, que impactaría en el cese de nuevas inversiones además de afectar a los proyectos actuales. Consideró que la regulación se aborda desde el desconocimiento y de aprobarse, dejaría al país sin industria minera. Sostuvo que perjudicaría a Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, con lo cual impactaría en cientos de comunidades y pondría en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento.
“Rechazamos los proyectos porque atentan contra los miles de puestos de trabajo formal y bien pagados, en donde el desarrollo minero es un faro para el verdadero crecimiento social. El sector genera empleo para más de 85.000 familias y moviliza las economías regionales, dado que realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor, compuesta por pymes nacionales”, expresó. Detalló que la minería es el quinto complejo exportador nacional y aporta al Estado más de $107.000.000.000 al año. Estimó que Argentina puede consolidarse como uno de los principales productores mineros a nivel mundial y si se toma los proyectos mineros más avanzados hay potencial para llegar a exportaciones anuales por U$D 12.000.000.000, más del triple de las actuales y para lograr inversiones por U$D 20.000.000.000. Afirmó que esto se arriesgaría en éstas normativas que perjudican la llegada de inversiones de gran volumen.
También planteó que el proyecto afectaría la autonomía de las provincias en la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, y que hay deficiencias jurídicas en la superposición y conflictos con la legislación vigente. Consideró que este impulso de proyectos de ley surge a falta del consenso requerido en el tratamiento de leyes ambientales y para solucionar problemas generados por falta de control de incendios, sin considerar legislación específica ya existente, Ley N° 26.815, convención Ramsar, y otras. Expresó que se hace un tratamiento superficial sobre legislación ambiental. Aclaró que valoran y respetan la legislación concerniente y gestiona el cuidado del ambiente.
El rechazo de las cámaras
Por otra parte, también expresaron preocupación desde las Cámaras Mineras de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz; Cámaras de Proveedores y Servicios Mineros de las provincias de Jujuy y de Salta; Capresmi, Caprimsa, Gemera, Sociedad Rural Salteña, Sociedad Rural de Jujuy, Asociación de Productores de Granos del Norte, Unión Industrial de San Juan, Unión Industrial de Jujuy; Camarco San Juan, Caperfo, Cessal, Aehgas San Juan, Federación Económica de San Juan y Ceca San Juan.
Lo hicieron público en solicitadas alertando sobre la “necesidad de respetar el federalismo en el debate legislativo sobre los distintos proyectos de Ley de protección de humedales, tal como está siendo llevado adelante en el Congreso de la Nación y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados”. Plantearon la defensa de la autonomía constitucional de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, y señalaron que hay deficiencias jurídicas en la superposición y/o conflictos con la legislación vigente.
Expresaron que si se aprueban los proyectos de ley, tendrían un fuerte impacto en lo social y productivo e incidirán negativamente en las fuentes de trabajo de miles de habitantes de las provincias, impactarán en el empleo directo de comunidades aledañas a los proyectos productivos, en particular de pueblos originarios que encontraron posibilidades de empleo, capacitación y desarrollo. Perjudicaría a los sectores industriales, agropecuario, ganadero y al desarrollo inmobiliario, y en el sector minero, paralizaría las actividades productivas, inversiones en proceso e impediría la continuidad de nuevos proyectos.