El juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública Rodolfo Fernández resolvió otorgar el cese de detención para las trece personas, que la semana pasada habían sido detenidos involucrados en un hecho de fraude a la administración pública.
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El juez de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública Rodolfo Fernández resolvió otorgar el cese de detención para las trece personas, que la semana pasada habían sido detenidos involucrados en un hecho de fraude a la administración pública.
Se trata de exfuncionarios provinciales y empresarios, quienes habían sido acusados formalmente de defraudación al estado e incumplimiento a los deberes por el fiscal Walter Rondón, luego de un dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas.
Nuestro diario dialogó con el fiscal Diego Funes, que ahora está a cargo de la investigación y manifestó que tomó conocimiento de la resolución del magistrado y que además en la jornada de ayer, notificó a los trece imputados para que comparezcan el lunes próximo en la sede fiscal.
"Los inculpados están citados junto a sus abogados, donde se les va a poner en conocimiento sobre la precisión de las conductas de cada uno, dentro del esquema delictivo que la justicia investiga. Desde esta Fiscalía hemos expresado la oposición de la resolución del magistrado", dijo el fiscal.
Según las investigación penal preparatoria los hechos ocurrieron entre febrero de 2014 y octubre de 2015, donde los involucrados habrían direccionado la licitación de distintas obras públicas a cuatro empresas exclusivas, que no habrían realizado el cumplimiento de ellas.
Es así que Rodrigo Insausti, Néstor Berardi, Héctor Merlo, José Luis Huespe, Felipe Huespe, Andrea Huespe, Carlos Bizzi y Guillermo Fiad, están imputados por asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración, varios hechos en concurso real. Mientras que Luis Cosentini, Jorge Luis Vergara, Nicolás Herrera Liprandi, José Ignacio Mónaco, Fortunato Abdala y otras personas a establecer, son investigados por fraude a la administración pública, asociación ilícita e incumplimiento a los deberes de funcionario público.
La investigación se dio en base al dictamen del Tribunal de Cuentas y en los expedientes no se puede llegar a determinar la ubicación de la obra y cuántos metros cuadrados tenían que construir. Además del expediente se desprendió que se hacían 4 o 5 licitaciones aplicadas en un mismo día, siempre a estas cuatro empresas.
La investigación detectó que se les había otorgado y pagado a cuatro empresas, millonarias licitaciones del estado que llamativamente excedían su capacidad de obra.