La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a cinco personas sospechadas de formar parte de una organización criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por delitos de lesa humanidad y expedientes ligados a reclamos por leyes reparatorias.
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La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó a cinco personas sospechadas de formar parte de una organización criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por delitos de lesa humanidad y expedientes ligados a reclamos por leyes reparatorias.
Adrián Martínez Moreira fue sindicado como el presunto organizador de esta banda y procesado por asociación ilícita, falso testimonio, fraude a la administración pública en 62 hechos y estafa.
Este hombre se presentaba bajo una falsa identidad como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos, y se hacía pasar como gestor de trámites administrativos ligados a las políticas estatales de reparación.
Además, el juzgado federal 5 porteño ordenó el procesamiento del abogado Omar Enrique Ramón García, de Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman. Todos sospechados de participar como supuestos integrantes de la organización criminal dedicada a defraudar al Estado.
De acuerdo a la denuncia que motorizó la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la Secretaría de Derechos Humanos, esta organización se presentaban en diferentes causas por crímenes de lesa humanidad a través de denuncias y presentando pruebas falsas.
En un comunicado emitido este jueves por la cartera a cargo de Horacio Pietragalla Corti explicaron que “se presentó -en el expediente- en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación del Estado”.
“De esta manera, se busca impulsar activamente este proceso para obtener una resolución judicial que permita dar claridad y transparencia ante estos hechos, que han tenido impacto en las víctimas y en la normal administración de justicia”, agregaron.