POR WALDO CHAYLE, Geólogo jujeño.
Hasta aproximadamente la década de los '90 existía sin dudas discriminación hacia los pobladores del norte de la provincia de Jujuy y en general a los jujeños nos identificaban como coyas, en esa época decir coya, era como decir persona de poco nivel sociocultural y en reuniones, por ejemplo asambleas, jornadas y otras, cuando preguntaban ¿quién es coya?, levantaban la mano una o dos personas, nadie quería ser coya. Aunque el término coya no tiene que ver con la condición sociocultural, sino con el lugar geográfico determinado por los incas dentro de su organización, y nuestra región corresponde a lo que ellos denominaron Collasuyo. Aquí surge el apodo.
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POR WALDO CHAYLE, Geólogo jujeño.
Hasta aproximadamente la década de los '90 existía sin dudas discriminación hacia los pobladores del norte de la provincia de Jujuy y en general a los jujeños nos identificaban como coyas, en esa época decir coya, era como decir persona de poco nivel sociocultural y en reuniones, por ejemplo asambleas, jornadas y otras, cuando preguntaban ¿quién es coya?, levantaban la mano una o dos personas, nadie quería ser coya. Aunque el término coya no tiene que ver con la condición sociocultural, sino con el lugar geográfico determinado por los incas dentro de su organización, y nuestra región corresponde a lo que ellos denominaron Collasuyo. Aquí surge el apodo.
Después de la década del '90, la situación fue cambiando, particularmente con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Derechos de los Indígenas, reafirmado por nuestro país. Hoy podríamos decir con sinceridad, que no existe discriminación de ningún tipo. Actualmente, si efectuaran en un evento la pregunta ¿quién es coya?, seguramente levantarían la mano la gran mayoría, porque de pronto surgen o se sienten coyas desde todos los sectores y con seguridad manifestarían que son aborígenes o indígenas, porque es como decir, que pertenecen a niveles más elevados.
Si analizamos algunas situaciones cotidianas, no hay discriminación: los estudiantes de las comunidades aborígenes pueden estudiar en cualquier colegio de la provincia. También pueden ingresar a la universidad y no le preguntan si son aborígenes. Ingresan a la administración pública o empresas privadas como cualquier ciudadano. Pueden concursar libremente en cargos para los que están capacitados. Existen aborígenes profesionales, técnicos, profesores, maestros, cumpliendo funciones en diferentes instituciones. Si existe discriminación en esos ámbitos no es porque son aborígenes, la discriminación está presente en todos los espacios donde trabajan personas aborígenes y no aborígenes.
Existen cuestiones, que a la población no aborigen, le permite percibir como discriminatorios, porque las comunidades aborígenes gozan de algunos beneficios que no tienen los otros ciudadanos de la sociedad. Por ejemplo, en la Dirección de Inmuebles están registradas las tierras como fiscales o con el nombre del propietario, si un terreno está registrado como fiscal a la comunidad no le interesa y lo utiliza como dueño. Este beneficio, no puede tener un ciudadano no aborigen. Las comunidades aborígenes también gozan de exenciones tributarias según el Código Fiscal de la Provincia (Ley 5.791). El dueño de los recursos mineros, según la Constitución Nacional, es el Estado provincial, pero no puede explotar sin el consentimiento de la comunidad, sin embargo, si la tierra es de un no aborigen y el mineral es de primera categoría, el propietario está obligado a ceder las tierras. El gobierno puede expropiar un terreno si considera necesario para un bien común, sin embargo, no puede expropiar un terreno de la comunidad aborigen.
Los cortes de rutas por parte de las comunidades aborígenes es una demostración de autoridad y discriminación. De autoridad porque deciden bloquear rutas nacionales y provinciales sin importar que es un delito impedir el libre tránsito y discriminación porque consideran que ellos están en niveles superiores que les permite decidir la modalidad de tránsito de los ciudadanos por rutas nacionales o provinciales, por lo tanto los someten a su voluntad. El "Malón de la Paz" se desplazó sin problemas por los cortes de rutas.
Las comunidades podrían argumentar discriminación por falta de servicios básicos, falencias en educación, salud o seguridad. Las falencias no son privativas de un sector, existen en todo el país, en algunas regiones, más que en otras.