Los comunistas. Entre los acusados de comunistas por el general Landa figuraban el fiscal de Estado, Farat Sire Salim, el Dr. Víctor Martorell y Santiago Torrego.

A riesgo de parecer reiterativo, hoy volvemos sobre la intervención federal que terminó con el gobierno de don Bernardino Biella, allá por 1961. Y es porque creemos que, sobre ese tramo de la historia política de Salta, aún hay mucha tela por cortar.

Por aquellos años, tanto la oposición como una parte de la prensa escrita nacional y provincial, instalaron la idea de que el gobierno de Biella estaba en manos de “ineptos e irresponsables”, cuanto menos. Y también, que era harto tolerante con el comunismo, a punto tal que el general Edgar Landa, al hacerse cargo de la guarnición Salta, le pidió a Biella que echara a los veinticinco comunistas que tenía en su gabinete. Por supuesto, Biella, en una actitud que lo enaltece, no solo rechazó la pretensión del militar, sino que además defendió públicamente el honor de sus funcionarios.

Y en cuanto a su relación “espuria con el peronismo”, se lo acusó de tener predilección por continuar las obras inconclusas del “tirano prófugo”, como el hospital San Bernardo, la terminal de ómnibus, el hospital zonal de Cachi, el centro sanitario del norte (Ministerio de Bienestar Social), entre otras del interior.

Pero hubo otra exigencia que Biella rechazó en octubre de 1961. El Gobierno nacional, por intermedio del ministro del Interior, Alfredo Vítolo, le solicitó la aplicación del decreto nacional 9515. Esta norma disponía “la adopción de medidas necesarias (administrativas y judiciales) para evitar y prohibir las actividades de los partidos Comunista y Justicialista, ordenando la disolución de ambas organizaciones políticas...”.

Don Bernardino Biella hizo caso omiso de la orden. De esta forma selló la suerte de su gobernación. Para algunos analistas, el decreto 9515 era resultado de las fuertes presiones que los militares ejercían sobre Frondizi. Para otros, solo respondía a las necesidades electorales de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI).

La intervención

La negativa de Biella de excluir de su gabinete a los “comunistas” y de aplicar a rajatabla el decreto 9515, concluyó con la intervención federal decretada el 20 de noviembre de 1961. Dos días después, el comisionado nacional especial en Salta, Víctor Hugo Fleitas, lo primero que hizo fue poner en vigencia la norma rechazada por Biella dictando el decreto 14/61. Este en su primer artículo decía: “La Policía tomará las providencias del caso a fin de asegurar la prohibición dispuesta por el Gobierno nacional respecto a todas las actividades de los partidos Comunista y Justicialista...”.

En el artículo segundo se le encomendaba al fiscal de Estado (Farat Sire Salim) acciones necesarias para “obtener la disolución de los partidos Comunista y Justicialista. A poco que el delegado Fleitas sacó a relucir el decreto 14/61, la Junta Promotora del Partido Justicialista hizo conocer, a través de El Tribuno, una declaración firmada por José Armando Caro y Ricardo Falú. Decía: “... la intervención federal inaugura su gestión con un nuevo e incalificable atropello, ya que el mencionado decreto es otra expresión de la torpeza y arbitrariedad de los actuales detentadores del poder público, quienes, invocando las garantías constitucionales, proscriben a partidos políticos avasallando la ley y excediendo los límites de toda tolerancia y respeto”.

Y advertían: “el peronismo salteño se ajusta a derecho, tiene Personería Política concedida por los tribunales electorales nacional y provincial, habiéndose rechazado oportunamente la demanda promovida por el Gobierno Nacional por ante el Juez Federal de Salta, por la que se pedía su disolución. La sentencia del Juez Federal de Salta, Dr. Carlos López Sanabria que rechazó esa demanda, ha pasado en autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, nuestro partido puede actuar libremente, realizar actos públicos, oficializar candidatos y concurrir a comicios como cualquier otro, a menos que el gobierno se alce contra la ley y la autoridad de los jueces y apele a la fuerza...”.

Finalmente, el 27 de noviembre de 1961, el fiscal de Estado dio su dictamen declarando inconstitucional el decreto 14/61 que Fleitas había elevado para su consideración. Horas después, el interventor Escobar Cello, desestimó el recurso de revocación del Dr. Salim y este presentó su renuncia en forma indeclinable.

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