El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta dio a conocer un lapidario comunicado por el polémico proceso de designación de fiscales penales en la provincia. En el documento se carga muy duro contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por entrometerse en el proceso y contra el Procurador Pablo López Viñals por intervenir en la selección. Sobre este último señala que tendría que renunciar a su cargo.

En un contundente pronunciamiento institucional, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta cuestionó al procurador general Pablo López Viñals por intervenir en la designación de fiscales promoviendo para esos cargos a profesionales de su “estricta confianza” y, con ello, “vulnerar gravemente los principios republicanos”.

“El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta advierte que innecesariamente se puso en duda la transparencia e imparcialidad del procedimiento de selección de los ternados, dado que concursaron y luego fueron elegidos los dependientes directos y funcionarios de la estricta confianza del Procurador General, quien debió excusarse como lo hacen los representantes de la matrícula ante el Consejo de la Magistratura en situaciones similares, conforme lo previsto en la ley 7016 que sanciona con la remoción en el cargo a quienes incurran en esta inconducta”, reza el párrafo más crítico del texto que se conoció ayer a través de la web del Colegio.


El documento del Consejo Directivo, que preside Eduardo Romani, no hace alusión directa a la postulación como fiscal del exministro de Seguridad, Maximiliano Troyano, aunque este hecho fue el que generó la polémica. Troyano tuvo que renunciar en Seguridad en marzo, sólo tres meses después de asumir, luego de que minimizara la violación de turistas a las que criticó por “exceso de confianza” e “imprudencia”. Ahora, Troyano fue propuesto por el gobernador Juan Manuel Urtubey ante el Senado, para ser designado como fiscal a pesar de figurar entre los que peores puntajes recibieron tras ser examinado por el Consejo de la Magistratura.
“Nuestra Institución debe reclamar sin concesiones, la plena vigencia de la autonomía funcional de los fiscales como una de las garantías más importantes de un régimen punitivo que proteja al débil y haga temer al poderoso ante el peso de la ley”, dice el pronunciamiento.


Para el Colegio, “que puedan establecerse criterios generales de persecución penal (en alusión a la polémica reforma del Código Procesal Penal que impulsó López Viñals ) en modo alguno pone a estos funcionarios (los fiscales) bajo el mando de nadie, sino al servicio del pueblo”.
 

 El impulsor de una polémica reforma

Desde la Procuración General, Pablo López Viñals fue el impulsor de la cuestionada reforma del Código Procesal Penal, un hecho que rearmó el mapa de relaciones en el Poder Judicial, facilitando la intervención política -o más directo, del Gobierno-, en el desempeño de los jueces y los fiscales que integran el Poder Judicial.
A través del nuevo Código que impuso el Ejecutivo provincial, los fiscales -que dependen del Procurador General- ganaron poder al crearse más cargos y acumular facultades.
Así, se restringieron la capacidad de investigación de la Policía (por ejemplo, la Brigada de Investigaciones perdió espacio al crearse el Cuerpo de Investigadores Fiscales). Las tareas de instrucción de las causas se trasladaron de las manos de un juez a las de un fiscal. Se otorgó al fiscal la facultad de indagar a un detenido estando solo y de realizar tareas de inteligencia durante más de un mes sin que la persona involucrada lo sepa. Y hasta pueden elegir al abogado defensor de una víctima.

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